Claves del Pacto Coahuila 2020
Bajo la tesis que la productividad y la paz laboral son factores que apuntalan la competitividad de un estado, haciéndolo más atractivo para las inversiones, el gobernador Miguel Riquelme Solís logró, por segundo año consecutivo, sentar en una misma mesa a los trabajadores y a los empresarios de la entidad para que, junto al gobierno estatal, firmaran el pasado miércoles un acuerdo en materia de inclusión, igualdad y justicia laboral, conocido como Pacto Coahuila 2020.
Los pactos, como sabemos, son más políticos que prácticos. Antes que promover acciones concretas de coordinación, la cultura del pacto entre los factores de la producción se ha utilizado en momentos de fluctuaciones económicas para mandar una poderosa señal de unidad en torno a una política que asegure dos de los vectores de la competitividad que más preocupa a los inversionistas: la productividad y la estabilidad laboral.
Si bien este segundo pacto se ha enmarcado en un escenario internacional despejado, producto de la ratificación del T-MEC, también es cierto que se firma en un momento en el que la incertidumbre de la economía nacional crece, a consecuencia del anuncio hecho por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en donde la economía oficialmente se contrae, a razón de la caída del PIB en 0.1% en 2019.
Al mismo tiempo, en lo local, Coahuila inicia el 2020 con claroscuros. Situaciones que obligaron al Gobierno del Estado a adelantar la firma del Pacto, ya que en 2019 se signó hasta el mes de marzo.
Por ejemplo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que Coahuila perdió más de tres mil empleos formales en 2019, situación que no se había presentado en los últimos años. También, los brotes de inseguridad que han surgido al norte del estado, podrían tener un efecto negativo en las decisiones de los inversionistas. Del mismo modo, el colapso en la economía de la Región Carbonífera y la caída en las exportaciones del ramo automotriz, se suman a una serie de calamidades que invitan a cerrar filas en torno al empleo y la competitividad del estado.
Pero no todo es malo, si bien el desplome del PIB de Coahuila de 2018 ensombreció el Pacto firmado a principios de 2019, el gobernador Miguel Riquelme Solís logro hacer lucir el evento dando a conocer cifras importantes en la generación de empleo y en la reducción de la informalidad. En el Pacto de 2020, el mandatario coahuilense despertó el aplauso de empresarios y trabajadores, al anunciar que durante el tercer trimestre del año pasado el PIB del estado creció en un 3.0%, nada menos que la cifra más alta registrada por la presente administración.
El Pacto Coahuila 2020 se articula en torno a dos dimensiones fundamentales: la primera, el reconocimiento de que las condiciones laborales y de bienestar de los trabajadores es una parte fundamental para elevar la productividad y la competitividad del estado; la otra, que el mensaje de unidad y coordinación entre los factores de la producción y el gobierno se traduzca en un ambiente de paz laboral que garantice la seguridad y los mejores rendimientos para los capitales. Sobre esta plataforma, el acuerdo apuntala la estrategia económica que el gobernador de Coahuila ha mantenido desde el inicio de su administración: presentarse ante el mundo como un estado competitivo para la atracción de nuevas inversiones.
De tal manera que, con este acuerdo, el estado de Coahuila se coloca en una posición favorable frente a aquellos estados y regiones económicas del país en las que trabajadores y empresarios no han logrado coordinar esfuerzos, y cuya inestabilidad laboral podría reflejarse en un número excesivo de huelgas o incluso en afectaciones a la productividad. De hecho, no dudo que en un futuro este tipo de pactos sean incluidos como un factor para medir la competitividad de los estados.
Admitidas las ventajas del acuerdo laboral, dirigido a la reivindicación de los trabajadores como factor para elevar la productividad, debe quedar claro que aún faltan tres estaciones para arribar a la meta del crecimiento justo, equilibrado y sostenible: destinar mayores recursos a la inversión en infraestructura, mejorar la seguridad e impulsar una política pública que verdaderamente apoye e impulse a los pequeños empresarios del estado.
