El Poder Judicial asestó otro golpe a la Asamblea Nacional de Venezuela. La noche de este viernes, la Sala Constitucional del Supremo designó a los nuevos árbitros electorales, dejando fuera al Parlamento y cortando la posibilidad de un acuerdo político que conduzca a una salida a la dilatada crisis política y social que atraviesa el país sudamericano. El máximo tribunal sacó las nuevas fichas de sus propia plantilla y los juramentó. “Estos hombres y mujeres conducirán de manera transparente el tan anhelado proceso electoral como única vía para dirimir nuestras diferencias”, dijo el presidente del Supremo, Maickel Moreno, durante el acto protocolar.
El nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) será presidido por Indira Alfonzo Izaguirre, quien estaba a cargo de la Sala Electoral del máximo tribunal. A ella se suman como rectores principales Rafael Simón Jiménez, quien fungirá como vicepresidente del CNE, exdiputado del Movimiento Al Socialismo que acompañó los primeros años del chavismo y se distanció; Tania D’Amelio, la única que ha sido ratificada en el cargo y militó en el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela; la magistrada Gladys Gutiérrez, quien presidió el Supremo en tiempos de Hugo Chávez y como integrante de la Sala Constitucional —según la sentencia difundida— votó por su propio nombramiento, y José Luis Gutiérrez Parra, cercano al partido Acción Democrática.
Las tres mujeres del equipo rectoral tienen sanciones de Estados Unidos. Como magistrada, la nueva presidenta del CNE bloqueó el referéndum revocatorio contra Nicolás Maduro en 2016 y produjo el fallo que restó los tres diputados indígenas del Estado de Amazonas —ganados por la oposición en 2015 y con los que logró la mayoría de dos tercios por una impugnación que cinco años después sigue sin resolverse—. Esta situación es la que soporta el argumento del desacato con el que el Supremo acusa constantemente al Parlamento, porque dichos diputados fueron incorporados luego. Ha sido también el obstáculo judicial con el que se ha bloqueado sistemáticamente el funcionamiento del legislativo desde que ganó la oposición. Este supuesto desacato justifica ahora la omisión legislativa por la cual el tribunal se atribuye la competencia de nombrar los rectores, que de acuerdo con la Constitución corresponde al Parlamento y que en dos décadas de chavismo solo en una oportunidad ha podido cumplir.
Los nombramientos son cosméticos frente a la exigencia que ha hecho la oposición y la comunidad internacional de generar condiciones para unas elecciones confiables para los venezolanos, que van más allá de la renovación de los árbitros. El principal cambio ha sido la salida de Tibisay Lucena, con 15 años en el cargo y que encarnaba la falta de transparencia que despertaba el ente a los venezolanos. Lucena llevó adelante los cuestionados y fraudulentos comicios realizados desde 2017 como la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, las últimas de gobernadores y alcaldes y la reelección de Nicolás Maduro en mayo de 2018.
Todos los procesos fueron viciados en sus convocatorias y realizados sin la participación de la oposición por la inhabilitación de los principales partidos y candidatos. El control de la institución electoral sigue estando en manos del círculo de Maduro y del segundo del chavismo: Diosdado Cabello, con algunas concesiones dadas al minoritario grupo de opositores reunido en torno a la mesa de diálogo nacional, que pactó un acercamiento con el régimen el año pasado, mientras la representación de Juan Guaidó participaba en las negociaciones auspiciadas por Oslo. A esto se suma la sentencia 68 dictada la semana pasada por la Sala Constitucional en la se habilitó al órgano electoral para redactar la normativa electoral, otra competencia que despojaron al legislativo.
La designación agudiza la crisis política en el país justo cuando el Comité de Postulaciones de la Asamblea Nacional avanzaba en el proceso de renovación de las autoridades como establece la ley. Además, potencia la desconfianza ante la ventana electoral de las legislativas, a la vuelta de seis meses y unas eventuales presidenciales exigidas por la comunidad internacional y la oposición para destrabar el conflicto venezolano. A la nueva estocada, el líder de la oposición y jefe del Parlamento, Juan Guaidó, respondió desafiante en sus redes sociales. “Tienen el juego trancado. Obstaculizan la posibilidad de soluciones, arremeten contra una de las condiciones para salir de la crisis”, dijo.
La decisión también generó reacciones de los principales partidos políticos —el llamado G4— que asoman la abstención ante unos posibles comicios convocados por las nuevas autoridades. Henry Ramos Allup, secretario general de Acción Democrática, dijo que su partido “no concurrirá a procesos electorales ilegítimos» convocados por el CNE que no serán reconocidos nacional e internacionalmente, aunque Acción Democrática sí participó en las elecciones de gobernadores en las que la mayor parte de la oposición se abstuvo. Manuel Rosales, cabeza de Un Nuevo Tiempo, condenó lo ocurrido. “La decisión del Tribunal Supremo de Justicia es un duro golpe a la Constitución, al desconocer y obstruir la ruta electoral y democrática trazada por el Comité de Postulaciones”. El primer vicepresidente de la Asamblea, Juan Pablo Guanipa, de Primero Justicia, calificó el nuevo CNE de “parapeto electoral de la dictadura”. “Los que allí estén, y quienes los propusieron, que asuman las consecuencias de sus actos. ¡Los venezolanos exigimos votar en libertad!”.
Información de: El País
