Antonio Cruces Mada, quien fungió como secretario de Salud durante la pasada administración del gobierno de Jalisco, fue vinculado a proceso y sometido a prisión preventiva, informó el gobernador Enrique Alfaro este miércoles a través de sus redes sociales.
La audiencia se registró en el complejo carcelario de Puente Grande, en la que el exfuncionario del gobierno de Jorge Aristóteles Sandoval fue procesado por acusaciones de la Fiscalía Especializada en el Combate de la Corrupción, “el desfalco que se hizo en el sector salud del gobierno anterior no sería una historia más de impunidad. Hace unos momentos Antonio Cruces Mada, el ex Secretario de Salud de Jalisco ha sido enviado a la cárcel a pagar por sus fechorías”, posteó el mandatario.
El Juez Octavo de Control y Oralidad, Javier García Muñoz, lo vinculó a proceso y le dictó prisión preventiva por el delito de ejercicio indebido y abandono del servicio público, y por el de usurpación de funciones.
El juzgador le dictó prisión preventiva por un plazo de seis meses. Además, se fijó un periodo de dos meses para concluir la investigación inicial. Apenas el 25 de marzo pasado se le ejecutó una orden de comparecencia, pero salió libre a las pocas horas, tras exhibir las medidas cautelares de un amparo.
En noviembre pasado, el exfuncionario fue privado de su libertad, y abandonado, herido, por sujetos que lo despojaron de su vehículo, y del dinero que cobró tras una cirugía. Fue localizado por policías de Zapopan, estaba sujeto de sus pies, y en las manos tenía esposas policiales; presentaba lesiones diversas.
La fiscalía estatal abrió una carpeta de investigación por ese hecho, sin embargo la indagatoria no tuvo avances debido a la poca colaboración de Cruces Mada, quien mantuvo hermético y se resistió a aportar más datos.
Más de cien amparos mantuvieron libre a Cruces Mada al interponerlos en juicios de garantías para evitar ser detenido y contra acciones judiciales, y ha depositado cauciones de entre diez y 40 mil pesos en cada amparo.
El exsecretario de Salud enfrenta procesos judicial por distintas causas penales, imputado por desfalcos al erario estatal por más de 605 millones de pesos, además, se le imputan otras causas presentadas por la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción desde 2019.
Los delitos que se describen en las denuncias son peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades. Entre las irregularidades se destaca el pago a dos proveedores sin documentación por 682.9 millones de pesos; además de otro pago por servicios sin contrato por 353 millones de pesos; también se hicieron erogaciones por 59.8 millones de pesos para pagos de sueldos y prestaciones a personal eventual sin evidencia de contratos; y 48.7 millones de pesos por servicios subrogados sin comprobantes.
