El pasado 18 de mayo pasó a la historia como el día que entró en vigor la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial en México. Sin duda, es el paso más importante que se ha dado en términos legislativos, en primer lugar, para evitar las muertes viales.

Este logro no hubiera sido posible sin la experiencia, el trabajo y los aportes de las organizaciones de la sociedad civil, que por más de tres años estuvieron atentas a cada reunión, foro, seminario y discusiones del Congreso de la Unión. Siempre he pensado que construir leyes y políticas públicas tiene que hacerse de la mano con las organizaciones.

En el primer Decenio de Acción para la Seguridad Vial, que fue de 2011 a 2020, se pusieron sobre la mesa datos de diversas organizaciones y colectivos para poder hacer diagnósticos precisos. A partir de entonces, fue posible ligar los problemas con las soluciones y plantear metas específicas para lidiar con una multitud de factores.

A través del trabajo conjunto con la sociedad civil, se sistematizaron datos acerca de los desafíos de la movilidad y seguridad vial. Es por esto que les debemos buena parte de esta evidencia en los avances de la Ley. Pero quisiera destacar, en especial, el papel de los colectivos de víctimas de hechos viales. A través de su dolor, de sus relatos, de sus propuestas, hemos aprendido que 44 personas mueren cada día por estos hechos y que la mayor parte se pudieron prevenir. Han logrado que factores que durante muchos años se han atendido con negligencia, como la velocidad y el alcohol, sean hoy objeto de una regulación más estricta, pues están detrás de un sinnúmero de casos lamentables.

Así fue que llegamos al segundo Decenio, ya con un enfoque integral en tres ejes de trabajo: la seguridad en la infraestructura, la vulnerabilidad de las personas usuarias y la modificación de patrones de conductas con más capacidades y aplicación de las reglas. Pero la pregunta era, ¿cómo actuaremos en estos temas?

Por ejemplo, está comprobado que una solución punitiva no funciona por sí sola, porque exige una presencia permanente de la autoridad. Una respuesta educativa no puede mejorar las condiciones materiales de las vías y de los vehículos sin accionar estrategias. Una inversión agresiva en infraestructura vial no garantiza por sí misma la seguridad vial, si no contamos con un equilibrio entre las diversas formas de movilidad y promovemos medios sostenibles, como el transporte público.

Tras la socialización de las iniciativas de ley y de escuchar a distintos sectores de la sociedad como a municipios y alcaldías, transportistas, personas con discapacidad, víctimas y demás, el proyecto fue votado y enviado al Ejecutivo para su publicación. Procesos como éste fortalecen a los gobiernos y a la sociedad, pues ahora contamos con una norma general que ordena las acciones públicas y, al mismo tiempo, las organizaciones tienen una base para exigir la implementación de la Ley y para convencer a la ciudadanía de las muchas ventajas que implica este paradigma.

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo ubica a Chile, Colombia, Costa Rica, Panamá y República Dominicana como los países de la región con las políticas más consolidadas para desarrollar una movilidad sostenible. Con la Ley Movilidad Segura, como la llamaron las organizaciones, sin duda México se coloca en este grupo que encabeza los esfuerzos de la región para disminuir, por lo menos a la mitad, las muertes por hechos de tránsito. #NoMásMuertesViales

Patricia Mercado es feminista y Senadora por el partido Movimiento Ciudadano.