La confianza de la ciudadanía referente a la imparcialidad del Instituto electoral de Coahuila continua deteriorándose, las evidencias de que actúan bajo mandato y no conforme a legalidad son evidentes.

Mientras en unos asuntos muestran una rigurosa exigencia respecto al cumplimiento de la ley en otros casos se dóciles y permisivos, tal es el caso referente al candidato por la vía independiente para la Alcaldía de Saltillo, según los propios dictámenes del Instituto Electoral Armando Prado presento un 80% de sus firmas falsas, apócrifas e incluso de personas fallecidas, Si bien, acorde los preceptos legales el Instituto debió cancelar el registro del candidato Independiente,  de forma insólita y violando sus propias leyes acordaron que todo quedara en una amonestación pública.

El primer requisito para obtener una candidatura independiente es justamente que se cuente con un respaldo ciudadano demostrado mediante un porcentaje cierto de apoyo, dicho apoyo es externado mediante la firma de personas que cuenten con credencial de elector, misma que debe ser vigente y estar registrada en el instituto federal electoral, además quienes apoyen deben ser personas que residan en el municipio o distrito por el cual se pretende participar.

En un acto insólito de Corrupción y complacencia los consejeros del Instituto Electoral de Coahuila pasaron por alto sus propios ordenamientos legales, en lugar de acatar la ley y cancelar el registro del candidato Independiente en apego a los ordenamientos acordaron solo externarle una amonestación publica.

Auto proclamándose como legisladores y sobrepasando su función el Instituto Electoral de Coahuila realiza actos contradictorios a los establecidos en la propia legislación, violentan los principios de legalidad e imparcialidad que les debe regir y muestran un favoritismo inédito para proteger la participación de candidatos que legalmente no resultan elegibles.

Lo pero de todo es que los partidos políticos mostraron una plena complacencia con la ilegalidad, algunos por incompetencia o desinterés y otros por el beneficio que la división del voto opositor les genera.

La actuación del Instituto Electoral de Coahuila es vergonzosa, su parcialidad es temeraria y su actuar de ningún modo ofrece seguridad de equidad o legalidad.

Es previsible que su actuar durante el presente proceso continúe plagándose de actos violatorias de legalidad, su actuar prácticamente se ciñe a favorecer los intereses de unos cuantos, su proceder pareciere más el de subordinados o burócratas que el personajes que garantizan la legalidad.