El juez encargado de manejar el caso de control consideró valida la imputación realizada en contra de Alejandro Gutiérrez por el desvío de recursos públicos a través de la simulación de actos, es de explicar que todo se origina por la celebración de cuatro contratos de prestación de servicios profesionales, dichos contratos fueron realizados entre la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte de Chihuahua y las empresas Servicios y Asesorías Samex, Servicios y Asesorías Sinax, Servicios y Asesorías Sisass y Despacho de Profesionistas Futura, presumiblemente sin que se pueda afirmar también se involucro la empresa “Jet Combustibles” mismas que recibieron pagos hasta por 246 millones de pesos por contratos que nunca cumplieron y que atendiendo a la actividad social de las empresas eran de imposible realización.
Según trascendió la defensa de Alejandro Gutiérrez solicitó al juez adelantar la audiencia de vinculación a proceso, ello para que se pueda definir a la brevedad las medidas cautelares aplicables al caso y de esa forma buscar la libertad bajo fianza en el caso de que proceda, de antemano sin conocer de fondo la integración de la averiguación pudieran encontrarse acumulados diversos delitos incluyendo algunos del índole federal por lo que será difícil que se libere aun bajo caución.
Si bien en un inicio existieron diversas versiones sobre el lugar de la captura ya quedo aclarado que la detención de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez se llevó a cabo en la ciudad de Saltillo, Coahuila, no en la Ciudad de México o Chihuahua como ayer se informó, el operativo discreto se contó con la colaboración de agentes estatales de Chihuahua y elementos de la Policía Federal, ante lo anterior se presupone que las autoridades de Coahuila debieron haber estado al tanto.
Hasta el momento se sabe que el político coahuilense fue detenido por su presunta participación en un sofisticado e ingenioso esquema confabulado para desviar recursos federales a través de un programa de apoyos financiero destinado al fortalecimiento educativo.
Si bien el proceso mediante el cual se desviaron los recursos parece contar con una ingeniería sofisticada cuando se analizan las empresas prestadoras de servicios y su objeto social resulta evidente que las mismas no tenían los giros adecuados para ser contratadas con fines de mejorar o fortalecen la educación.
Contrato signado bajo la numeral SHAD/078/ 2016 POR 55 millones con la empresa Samex contratándole “ talleres para padres nivel preescolar y primaria” cuando según el portal de la propia empresa destaca asesorías en cuestiones de cumplimiento ambiental, manejo de residuos peligrosos, asesoría para almacenamiento temporal también de materiales de riesgo, información referente a cambios de normatividad de legislaciones sobre manejo de materiales peligrosos; Nada relacionado con temas que puedan fortalecer o mejorar la educación de padres de familia de nivel preescolar o primaria.
Otro de los contratos identificado bajo la numeral SHAD/079/2016 de fecha 25 de febrero del 2016 por 55 millones de pesos para servicio de capacitación y actualización de docentes de nivel básico y evaluación de personalidades, motivaciones y áreas de oportunidad se realizo con la persona moral denominada a Servicios y Asesorías Sinax S.A de C.V. misma que según su portal está dedicada o especializada a la comercialización masiva de productos relacionados con el área de abarrotes y farmacéutica, una intermediaria o broker con un equipo especializado en ventas, mercadeo, almacenaje y distribución de productos relacionados con la alimentación y la medicina, un giro mercantil muy distante a lo referente con la capacitación o evaluaron de docentes de nivel básico. (Esperemos que dentro de las reformas educativas no sean este tipo de empresas las encargadas de las evaluaciones a los maestros).
Además se firmaron otros dos contratos básicamente bajo las mismas formas, uno con SISASS SA de CV bajo el numeral SHAD/080/2016 contratando un curso sobre ambiente por la cantidad de 46 millones de pesos y otro más por concepto de planeación, diseño y elaboración de Software, bajo la numeral de contrato SHAD/070/2016 por la cantidad de 90 millones de pesos a Despacho de Profesionistas Futura S.A de C.V. México.
Se puede destacar que la única empresa contratada por el Gobierno de ese entonces de Chihuahua que si tiene un objeto social acorde a lo contratado fue una cuya propiedad se atribuye al propio Alejandro Gutiérrez “ Jet Combustibles” desconociéndose al momento si también la partida de la que se le pagaron 4 millones de pesos pertenecía al mismo capítulo o se encontraban etiquetadas para el fortalecimiento educativo.
Es importante destacar que dicha empresa del ramo aeronáutico presuntamente también realizo tratos con el Gobierno de Coahuila o el aeropuerto plan de Guadalupe quedando pendiente de ser investigado.
En todos los casos se contravinieron las reglas para contratación, obviando la realización de los procesos referentes a licitación o simulando los mismos.
Según los primeros informes existen otras personas involucradas o con presunta participación de los hechos delictivos que se persiguen, funcionarios públicos o personas relacionadas al Partido Revolucionario Institucional así como otros externos que en igual forma podrían ser requeridos por las autoridades.
Los desvíos investigados se centran entre Diciembre del 2015 a Octubre del 2016, independientemente de que dicho dinero hubiere sido o no utilizado en campañas políticas o con fines electorales el delito se encuentra perfectamente tipificado y dado el caso podría encuadrar también en otros de índole electoral con lo que se agravarían aun más las penas o sanciones pues en ese caso el número de participantes o involucrados aumentaría exponencialmente.
El caso apenas inicia, contemplando que se vive ya un proceso electoral es evidente que continuara siendo tema así como objeto de escrutinio público.
