Más absurdo imposible. Después de siete meses en los que las autoridades electorales de Coahuila se prepararon para la elección, la tarde del domingo 4 de junio concluyeron las votaciones en Coahuila. Días después, en un hecho insólito y francamente kafkiano, los distintos candidatos continúan en campaña, en la calle y en los medios; rasgo inequívoco de que elección fue todo un desastre; no puede calificársele de otra forma.
El Instituto Electoral de Coahuila fue incapaz de llevar a cabo con conteo preliminar completo, como sucedió en el resto de las entidades que el pasado domingo también tuvieron elecciones, como ha sucedido en la inmensa mayoría de las elecciones recientes, incluyendo la elección para Presidente de la República.
¿Problemas técnicos? ¿De organización? Es posible. Pero al no aclarar las incidencias, la duda se esparció y, a estas alturas, la sospecha amenaza con transmigrar hacia el candidato que resulte ganador de la contienda. Si el episodio del conteo truncado, no se aclara pronto y de forma contundente, el próximo gobernador cargará hasta el final de su sexenio con el pesado lastre del “haya sido como haya sido”, nada bueno para la democracia ni para el funcionamiento de las instituciones de gobierno.
Hay algo peor que las fallas técnicas o la posible incapacidad del organismo electoral para el conteo preliminar de los votos: por diversas razones, el Instituto Electoral de Coahuila fue perdiendo credibilidad, hasta el grado que, desde algunos partidos y diversos ámbitos, se le señala como una extensión del gobierno.
¿Cómo fue posible que una institución ciudadana, que tras años de esfuerzo recuperó la confianza de los electores, se convirtiera en el centro de la discusión y de la sospecha? ¿En qué momento abrimos el viejo baúl de la historia política de México para desempolvar la aparentemente extinta palabra ‘fraude’?
Porque de hecho, la presidenta del organismo electoral, Gabriela de León, intentó dar explicaciones de lo sucedido, y de paso apaciguar los ánimos triunfalistas o el ‘sospechosismo’ de los distintos candidatos. Lamentablemente, el déficit de credibilidad que acumuló durante los últimos meses, le sumó desconfianza a sus argumentos.
Pero no fueron los consejeros electorales aparentemente vinculados con el PRI, ni el llamado de algunos candidatos durante la campaña para que el Instituto Nacional Electoral atrajera la elección de Coahuila, ni siquiera las fallas operativas u organizacionales, lo que desmoronó la confianza ciudadana y la de los partidos en el IEC. La cereza en el pastel de la suspicacia, que despersonalizó a las autoridades del organismo, sucedió a las 18:00 horas del domingo 4 de junio, cuando apenas iniciaba el cierre de las casillas. El candidato del PRI, Miguel Riquelme, sin esperar los tiempos establecidos por el propio instituto, convocó a una conferencia de prensa para anunciar un eventual triunfo de su partido, basándose en encuestas de salida realizadas por empresas privadas. En ese momento, el árbitro electoral se vio desplazado, empequeñecido, perdió autoridad para anunciar los resultados del conteo rápido y los resultados preliminares. ¿Por qué esperar y confiar en las cifras del instituto, si Miguel Riquelme ya había anunciado a un ‘ganador’?
