En el interminable drama electoral de Coahuila, la confianza ciudadana en los tribunales electorales prende de dos alfileres: urgencia y contundencia.
En primer lugar, entendiendo que los tribunales electorales (estatal y federal), deberán de desahogar con rigor y detalle cada uno de los agravios interpuestos por los integrantes del Frente por la Dignidad de Coahuila, entre ellos, el más importante, el que fuera dictaminado por el Instituto Nacional Electoral sobre el supuesto rebase de topes de campaña, al hacerlo también con celeridad y limpieza, independientemente del sentido de la resolución, deberá proporcionar cierto alivio a la alicaída confianza ciudadana en las instituciones electorales, sobre todo en el Instituto Electoral de Coahuila y en el propio INE.
De hecho, los integrantes del Frente opositor acudieron recientemente a las instalaciones del Tribunal local, con el propósito de instar a los magistrados electorales para que actuaran conforme a derecho, y de paso los invitaron a que imprimieran celeridad a sus deliberaciones y determinaciones. Visita infructuosa; días antes, en voz del Magistrado Presidente, Valeriano Valdés, el Tribunal local prácticamente se declaró incompetente para resolver el agravio relacionado con los topes de campaña, al precisar que esperarían la resolución del Tribunal federal, para emitir la propia.
Al retrasar la determinación final, como lo hizo el INE, que a más de dos meses de las elecciones, hasta estos días no contaba con un dictamen definitivo avalado por su Consejo General, y que incluso en lo más álgido del resolutivo, los Consejeros Electorales decidieron posponer el dictamen y tomarse sus vacaciones, el TRIFE estaría comprometiendo la credibilidad que ganó con los resolutivos para avalar los triunfos de Alfredo del Mazo en Edomex y de Antonio Echevarría en Nayarit.
Es tanta la expectativa y atención sobre la labor de los tribunales, que entre más se retrase la determinación, se pospongan las sesiones, se filtre información o se vacile, se abrirá paso a la mayor enemiga de las instituciones: la sospecha. La afectación la sufrirán ambos bandos. Una mala y lenta conducción por parte de los tribunales, podría manchar una eventual validación del triunfo de Miguel Riquelme o mancillaría una posible anulación.
Además, es urgente una definición de los tribunales, de tal manera que el estado pueda acelerar la entrega – recepción que a la fecha se encuentra prácticamente detenida. Dos aspectos de gobierno están en riesgo: por una parte, resulta determinante que el próximo gobernador, definitivo o interino, establezca desde ya, un nueva estrategia de desarrollo económico, sobre todo frente a una eventual anulación del TLCAN. Y, por la otra, en la estrategia de seguridad, esperar dos meses más, es demasiado tiempo. El vacío de poder que se palpa en el estado, ante la falta de un gobernador electo en firme, podría resultar atractivo para los grupos delincuenciales.
Sin embargo, no basta resolver con urgencia y celeridad. Nada evidencia mejor una mala conducción jurídica de un asunto electoral complejo que los titubeos y la falta de contundencia jurídica y procedimental, como sucedió en el INE al dictaminar los gastos de campaña. Las mejores resoluciones de un asunto escabroso como el caso de Coahuila, son aquellas que se hacen con rapidez, claridad y firmeza, como si fueran una cuestión sencilla, de rutina.
Por supuesto que el caso de Coahuila dista mucho de ser simple rutina. Pero en estricto sentido, no debería ser la dirección de su determinación, ya sea validación o anulación, lo que afecte el prestigio de los tribunales electorales. Aspectos como las suspensiones, filtraciones, indecisiones o dictámenes sin fundamento, la “forma” y no el “fondo”, es lo que verdaderamente comprometería la legitimidad y reputación, específicamente del Tribunal Federal Electoral, rumbo a la validación de la elección para la cual los magistrados actuales fueron electos: la presidencial de 2018.
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