Con la propuesta presentada por la diputada María Eugenia Cázares Martínez :
«En los hechos, el ejercicio del periodismo debe estar garantizado por el estado en todo momento, y no sólo bajo las llamadas situaciones de peligro o riesgo, ya que su ejercicio se ve afectado también por otras expresiones y acciones como: la censura informativa, la persecución política, la creación de leyes o reformas tipo mordaza, los bloqueos a las redes sociales, el espionaje a periodistas en lo individual y a los medios de comunicación, los vetos comerciales silenciosos para evitar que sus espacios sean contratados por los anunciantes, el otorgamiento de concesiones de radio bajo fines políticos y comerciales preferentes, los ciberataques y el acoso a las mujeres periodistas, entre otras formas de inhibir y coartar el ejercicio del periodismo”, explicó la legisladora.
El Congreso del Estado valora la modificación del Artículo 8 de la Constitución local, en el que se plantea la obligación al Gobierno del Estado de proteger y garantizar el ejercicio del periodismo en todas sus formas tomando las medidas de prevención necesarias para reducir factores de riesgo a quienes ejercen el periodismo y se ven involucrados en situaciones de peligro por el ejercicio de su actividad, resguardando de manera inmediata, la vida, la integridad y la libertad del beneficiario.
