Con grillete en mano derecha y decreto en la izquierda, el 18 de febrero durante su rueda de prensa “mañanera” Andrés Manuel López Obrador informó sobre el cierre del Complejo Penitenciario Islas Marías. “Es un homenaje a todos los presos del mundo y a dos presos distinguidos, ejemplares, extraordinarios: José Revueltas y Nelson Mandela, y es también un reconocimiento a los derechos humanos”, dijo el presidente.
La noticia se presentó como un gran paso hacia el cumplimiento del derecho a la reinserción social; una decisión importante en el combate a la tortura y a los tratos crueles inhumanos y degradantes que se realizan en contra de las personas privadas de libertad. El presidente relató una historia aterradora que abarcó de 1905, año de la fundación de las Islas Marías como Colonia Penal, hasta 2012, año en el que se desarrolló un motín en “Laguna del Toro”, uno de los Centros que componen ya no la Colonia Penal, sino el Complejo Penitenciario. En el relato olvidó mencionar qué fue lo que ocurrió en 2016 y 2017, años en los que Islas Marías fue el Centro Penitenciario Federal mejor evaluado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en atención a sus condiciones de internamiento[1].
Como puede observarse, Islas Marías obtuvo la calificación más alta durante 2017, de 8.2, frente a los demás Centros Penitenciarios Federales cuyas calificaciones fueron de entre 6.55 a 7.61. Más adelante se verá como esta comparación resulta ser más significativa cuando se aborda específicamente el tema de la reinserción social.
En esta otra gráfica podemos apreciar cómo, de acuerdo con la CNDH, fueron mejorando las condiciones de internamiento del Complejo Penitenciario de Islas Marías de 2012 a 2017.
Sin duda, el Complejo ha tenido una evolución importante durante los últimos años; pasar de una calificación de 4.9 a 8.2 es bastante significativo y permite inferir que hubo un progreso en las condiciones de internamiento de las personas privadas de libertad. Entonces, ¿por qué cerrarla?
Ahorrar dinero en detrimento de las personas privadas de libertad
Vuelvo al momento de la conferencia de prensa, casi al finalizar, López Obrador dijo:
“No se quiso decir porque no es un asunto muy trascendente, les puedo decir que van a haber ahorros, se calcula que podemos tener un ahorro de 700 millones de pesos por los costos que significa mantener este penal, pero eso lo tenemos en el análisis, pero no quisimos dar a conocer porque no es lo más importante.”
Poco después de la conferencia de prensa, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que Islas Marías es un penal de altos costos de operación por lo que con su cierre se espera “se logre un ahorro al año de 727 millones de pesos”[2]. La Secretaría añadió que el Complejo tiene una capacidad para albergar 5 mil 106 personas privadas de libertad, “aunque sólo 659 reos se encuentran ahí por quienes se pagan 86 mil 565 pesos mensuales”[3], es decir, el “costo individual diario es de 2 mil 885.52 pesos”[4]. Ante la información surgen las siguientes preguntas: ¿De verdad más de 2 mil pesos mensuales diarios por persona? ¿Acaso las 659 personas que viven en Islas Marías lo hacen con excesivos lujos, con habitaciones súper equipadas, ropa de marca y comida gourmet? Evidentemente, no, sabemos que esos privilegios no están dirigidos a personas comunes como las que se encuentran en Islas Marías. Entonces, ¿en dónde se iba ese dinero? ¿En qué se gastaba? ¿Quién o quiénes lo tienen? ¿Se hará una investigación en caso de que se identifiquen actos de corrupción?
Por otro lado, si la CNDH ha identificado que las condiciones de internamiento en la Isla son buenas, ¿por qué no se optó por un ajuste presupuestal acorde a las necesidades reales? O, en términos ecológicos, ¿por qué no se invirtió en una política de reinserción social que incluyera un plan de conservación ecológica en la que participaran las propias personas privadas de la libertad? Finalmente, el desgaste ecológico que ha sufrido la Isla difícilmente se revertirá si se transforma en un centro turístico, bajo el nombre de Centro Ecológico y Recreativo “Muros de Agua”. Hemos constatado que el turismo no es necesariamente la mejor forma de preservar la naturaleza de un lugar.
Sobre las liberaciones y los traslados. Del régimen de semilibertad hacia el encierro absoluto
¿Qué va a pasar con las personas y las familias que actualmente se encuentran en la Isla? De acuerdo con el presidente, 200 serán liberadas, esa es, sin duda, una gran noticia. Las demás, 459, serán trasladadas a Centros Penitenciarios Federales, y a las familias que viven actualmente con ellos se les ayudará a reintegrarse a sus comunidades. El presidente mencionó, con relación a los traslados, que éstos se harán para que también las personas privadas de libertad se encuentren cerca de sus comunidades. “No me gusta nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho” dijo en un momento de la conferencia. Otro punto importante abordado por el presidente y por la SSPC, a favor del cierre de Islas Marías, fue que con su existencia se vulneran los derechos humanos de los familiares de las personas privadas de libertad.
A continuación, algunas consideraciones relacionadas con los anteriores puntos:
El artículo 18 de la Constitución mexicana establece que los traslados deben realizarse con el consentimiento expreso de la persona privada de libertad y, por otro lado, que las personas deben compurgar sus penas en centros penitenciarios cercanos a su comunidad con el objetivo de “propiciar su reintegración a la comunidad como forma de reinserción social”. Se entiende, entonces, que los traslados deben hacerse para contribuir al derecho a la reinserción social y a la mejora del sistema penitenciario.
En el caso de quienes se encuentran en Islas Marías será difícil cumplir con el precepto constitucional debido a que solamente existen Centros federales -que, ya se dijo, serán el destino de los traslados- en las siguientes entidades: Estado de México, Jalisco, Nayarit, Veracruz, Tabasco, Durango, Sinaloa, Chihuahua, Sonora, Guanajuato, Oaxaca, Chiapas y Morelos (centro femenil y de atención psicosocial)[5]; es decir, en 13 de las 32 entidades de la República.
No sabemos de dónde provienen las personas que se encuentran en Islas Marías, pero, en el mejor de los casos, algunas de ellas llegarán a sus estados -casi será imposible que lleguen cerca de sus comunidades-, otras, las que provengan de las 19 entidades que no cuentan con Centros federales, no lo lograrán. Con base en esta información, será difícil también que la vinculación con la familia se convierta en una realidad como se dijo durante el anuncio del cierre de Islas Marías.
Pero bueno, seguramente los otros Centros Penitenciarios Federales tienen un mejor plan para lograr la reinserción social de las personas privadas de libertad, pues durante la conferencia sobre el cierre, Francisco Garduño, Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social (OADPRS), mencionó que todos ellos están certificados por la Asociación Americana de Correccionales (ACA, por sus siglas en inglés)[6]. Desafortunadamente, las condiciones de los demás Centros Federales no son favorables a la reinserción social. En actividades laborales, de capacitación; educativas, deportivas, en cuanto al derecho a la vinculación con la sociedad y a los servicios de salud; el promedio de los demás Centros Penitenciarios Federales frente al de Islas Marías es menor. El dato es interesante particularmente en el rubro de “vinculación con la sociedad”.
¿Por qué en los demás centros tienen tan pocas actividades y tan poca vinculación con el exterior? Porque se ha privilegiado la seguridad sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Bajo el falso argumento de la seguridad, más del 80% de las personas pasan entre 20 y 24 horas diarias dentro de sus celdas[7], encerradas. Veamos los datos que nos aporta la Encuesta Nacional de Población Privada de Libertad (ENPOL 2016) con relación a esta situación en siete de los Centros Penitenciarios Federales en los que se realizó la encuesta:
Resulta preocupante que el gobierno actual -que ha pregonado transparencia y honestidad- no haya mencionado toda la información anterior sobre el cierre de Islas Marías; López Obrador prefirió utilizar la persuasión, mediante el uso de símbolos como el grillete, el aislamiento en el que se presume se encuentran personas en una isla, nombres emblemáticos como Nelson Mandela y José Revueltas para dar a conocer una decisión de Estado que, sin duda, tendrá consecuencias graves en materia de derechos humanos de las personas privadas de la libertad.
* Adriana Aguilar Arias es coordinadora del Área de Investigación de AsiLegal (@Asilegal_df).
[1] Cada año, desde 2011, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos publica el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria en el que se evalúan cinco áreas o rubros:
- Aspectos que garantizan la integridad física psicológica y moral del interno.
- Aspectos que garantizan una estancia digna.
- Condiciones de gobernabilidad.
- Reinserción social del interno.
- Grupos de personas internas en situación de vulnerabilidad.
[2] Cierre de complejo penitenciario en Islas Marías permitiría ahorro de 727 mdp al año; 18 de febrero de 2019, SDP noticias. En línea.
[3] Ibíd.
[4] Dennis A. García; Modelo de Islas Marías vulnera DH de familiares: SSPC; 18 de febrero de 2019; La Jornada. En línea.
[5] Comisión Nacional de Seguridad (CNS); Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional; diciembre de 2018.
[6] Cfr. El cierre de Islas Marías, oportunidad para revisar nuestro sistema penitenciario (Comunicado); AsiLegal; 18 de febrero de 2018. En línea.
[7] Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); Encuesta Nacional de Población Privada de Libertad (ENPOL) 2016; Datos abiertos.
Información de: Animal Político
