Las recientes revelaciones respecto a la realidad respecto al monto de los millones invertidos en FICREA ponen en evidencia el grado de descaro y corrupción que se maneja en el Gobierno del Estado; En principio haber desviado recursos públicos para ser invertidos en una institución poco confiable podrían ser consideradas como una falta administrativa o en el peor de los casos como acto de estupidez , hablando del tribunal superior de justicia del Estado es claro que el desconocimiento o la inocencia no excluyen de la ley.
Hoy ante el conocimiento de que la cantidad es de 125 millones y no de 90 como en un inicio se informó nos llevan a la clara evidencia de actos de corrupción, el conducirse con falsedad y sin una actitud de probidad es enjuiciable y si se trata del órgano máximo encargado de otorgar justicia la actitud resulta imperdonable.
Es importante mencionar que el dinero público se invirtió en FICREA aun cuando la comisión nacional bancaria y de valores había emitido una advertencia; ¿ahora bien en donde y quien se benefició de los intereses que alcanzaron a cobrar o en su caso como fueron invertidos y agregados a las cuentas públicas?
Si bien el poder judicial debiera ser autónomo resulta convertida en una agencia de colocación de amistades, quien preside el tribunal resulta ser un amigo y compañero del gobernador Rubén Moreira, otro alto representante de impartir justicia lo es el hermano de David Aguillon quien a su vez resulta ser la mano perversa y financiera del Gobernador.
Hablamos de 125 millones de pesos que deben y tienen que ser recuperados pero la pregunta obligada es ¿quién los va a pagar? Si el Gobierno del Estado sale a solventar el monto igual que paso con los 3000 mil millones contratados para deuda con documentos falsos al final de cuentas irán con cargo a la ciudadanía.

El Gobernador como suele suceder finge demencia, ignora el tema y no aclara el punto, las cosas malas se esconden y la pésimas se eliminan, es evidente que no existirá ni pena ni castigo; Mientras los jueces, secretarios y actuarios son los más mal pagados del país los altos funcionarios encargados de la justicia gozan de impunidad.

En Coahuila a un ciudadano que debe una ilegal e injusta tenencia vehicular se le persigue y trata como delincuente, se vulneran sus derechos aplicando la ley a modo aun cuando no sea justa, si se trata de un amigo o cómplice del Gobernador la justicia se vuelve dócil y condescendiente.