La FGR busca a Roberto Blanco Cantú, conocido como “El Señor de los Buques”, por su presunta relación con una red de almacenamiento y tráfico ilegal de hidrocarburos.
Roberto Blanco Cantú, conocido como “El Señor de los Buques”, es buscado por la justicia federal por su presunta participación en una red de posesión, almacenamiento y tráfico ilegal de hidrocarburos que operaba con empresas transportistas, pipas, tractocamiones, predios de almacenamiento y movimientos vinculados a buques utilizados para ingresar combustible al país con documentación irregular.
La investigación lo coloca como una de las piezas empresariales de un entramado de huachicol fiscal que no se limita al robo de ductos, sino al uso de infraestructura legal para mover millones de litros de diésel mediante compañías de transporte, permisos, operaciones aduaneras y maniobras portuarias. En esa misma línea aparecen marinos de alto rango, funcionarios de aduanas, operadores civiles, empresarios y empresas relacionadas con el mercado ilegal de hidrocarburos.
Orden de aprehensión contra Blanco Cantú
Roberto Blanco Cantú tiene una orden de aprehensión dentro del expediente CJ 79/2025, junto con Jesús Tadeo Amaya Olvera, José Isabel Murguía Santiago, José René Tijerina Mendoza y Anuar González Hemadi. La orden fue solicitada por la Fiscalía Federal por el delito de posesión y almacenamiento ilícito de hidrocarburospetrolíferos o petroquímicos, previsto con una pena de 12 a 17 años de prisión.
El caso se desprende del aseguramiento realizado el 27 de marzo de 2025 en un inmueble ubicado en la autopista Rosarito-Ensenada, kilómetro 100, colonia El Sauzal, donde fueron localizados 20 tractocamiones, 47 tanques cisterna, 120 frac tanks con 8 millones 892 mil 001 litros de diésel automotriz y un contenedor Rotoplas con 3 mil 500 litros de urea.
En ese predio se aseguraron unidades rotuladas con las leyendas Auto Líneas Roca, Mefra Fletes y Cristian Noé Amaya Olvera AMOL. La autoridad reportó 10 tractocamiones y 17 pipas de Auto Líneas Roca, ocho tractocamiones y 24 pipas de Mefra Fletes, además de unidades vinculadas con AMOL.
Mefra Fletes, la empresa central
Mefra Fletes es la empresa que aparece como eje de los señalamientos contra Roberto Blanco Cantú. La investigación sostiene que fue constituida por Brenda Gabriela Salas Ramírez y Gustavo de Jesús Guillén Chávez, pero ambos fueron ubicados por la autoridad como personas sin capacidad económica aparente para fundar una empresa de ese tipo.
Brenda Gabriela Salas Ramírez declaró que era ayudante en una carpintería, que estudió hasta secundaria, que solo había salido una vez de Jalisco, que no tenía recursos para fundar una empresa, que no conocía a Mefra Fletes ni a personas relacionadas con ella y que le robaron su credencial de elector. Sobre Gustavo de Jesús Guillén Chávez, su madre declaró que lo corrió de su casa en 2023 por alcohólico y agresivo, que solo estudió hasta secundaria y que no tenía dinero para ser socio de una empresa.
El 20 de marzo de 2019, las acciones de Mefra Fletes fueron transmitidas a José Isabel Murguía Santiago, José René Tijerina Mendoza y Roberto Blanco Cantú. El 7 de noviembre de 2023, Anuar González Hemadi fue nombrado apoderado legal de la empresa, con actos de administración y dominio, y el 25 de enero de 2025 fue designado administrador único con poder amplio sobre la compañía.
Los socios bajo investigación
José Isabel Murguía Santiago aparece como socio de Mefra Fletes y hermano de Juan Ascensión Murguía Santiago, exalcalde de Teuchitlán, Jalisco, preso por el caso del rancho Izaguirre. José René Tijerina Mendoza también aparece como socio de Mefra Fletes y relacionado con Autotransportes Montimex.
Tadeo Amaya Olvera aparece vinculado con AMOL, empresa señalada de participar con Mefra en tráfico ilegal de hidrocarburos junto con Cristian Noé Amaya Olvera. Anuar González Hemadi, exjuez federal, fue nombrado apoderado legal y después administrador único de Mefra Fletes. Dentro de este grupo, Anuar González Hemadi es el único reportado bajo custodia.
La fiscalía sostuvo que la empresa tenía una flota vehicular de 312 vehículos, de los cuales 29 fueron localizados en el predio cateado en Baja California. También señaló que Mefra Fletes había desocupado un edificio en San Pedro Garza García, Nuevo León, un mes antes de que se realizara la investigación de campo sobre la compañía.
Sin permisos suficientes y sin registro de importaciones
La orden de aprehensión sostiene que el lugar asegurado no tenía permiso de almacenamiento de hidrocarburos. Pemex Logísticainformó que el terreno donde fue localizado el combustible no contaba con autorización de vía de Pemex ni vínculo comercial con las empresas involucradas.
Aduanas de México informó que no tenía registros de operaciones de comercio exterior sobre el ingreso de combustible al país respecto de AMOL y Mefra Fletes. La Secretaría de Energía también indicó que no contaba con información sobre registros de importación y exportación de esas empresas.
La Comisión Nacional de Energía informó que AMOL no tenía permisos para realizar actividades en materia de hidrocarburos. En el caso de Mefra Fletes, localizó un permiso para transportar diésel o gasolina, pero precisó que la operación era responsabilidad de los permisionarios y que los productos transportados debían tener origen lícito.
El vínculo con el huachicol fiscal
Roberto Blanco Cantú no aparece como imputado directo en la orden de aprehensión contra los marinos Farías Laguna, pero Mefra Fletes, empresa ligada a él, sí aparece dentro del expediente de huachicol fiscal investigado en la causa penal 325/2025.
Esa causa penal fue iniciada por la Fiscalía General de la República contra 13 personas, entre ellas el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y el contraalmirante Fernando Farías Laguna, por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos. La acusación incluye a mandos navales, funcionarios aduaneros y operadores presuntamente relacionados con una estructura dedicada al ingreso y movimiento ilegal de hidrocarburos.
La orden señala que el caso involucra operaciones en Tamaulipas, Colima, Sonora y Ciudad de México. También advierte que los investigados contaban con conocimiento de rutas marítimas, acceso a información sensible, medios de transporte extranjeros, capacidad económica y contactos dentro de instalaciones estratégicas.
Los Farías Laguna y la estructura aduanera
En la causa penal 325/2025, Manuel Roberto Farías Laguna y Fernando Farías Laguna aparecen dentro del grupo señalado por delincuencia organizada. Para los primeros seis imputados, entre ellos los Farías Laguna, la pena prevista va de 20 a 40 años de prisión por funciones de administración, dirección o supervisión dentro de la organización. Para otros imputados, la pena prevista va de 10 a 20 años.
El expediente refiere una estructura con servidores públicos en activo o exfuncionarios, varios de ellos con vínculos en la Secretaría de Marina y la Agencia Nacional de Aduanas de México. La autoridad sostuvo que estas personas podían acceder a datos, sistemas, equipos, documentación y testigos relacionados con la investigación.
La investigación también ubica riesgos de obstaculización, destrucción u ocultamiento de pruebas, alteración de sistemas, retiro de documentación, influencia sobre testigos y uso de subordinados para afectar el avance del caso.
Buques, aduanas y documentación irregular
La red de huachicol fiscal investigada en la causa 325/2025 no operaba solo con almacenamiento terrestre. El expediente describe una estructura que utilizaba rutas marítimas, buques, pipas, empresas transportistas, documentación irregular y presunta protección de funcionarios para mover hidrocarburos.
El modelo señalado consistía en ingresar combustible al país mediante documentación que lo presentaba como un producto distinto. En algunos casos se declaraban aditivos para aceites lubricantes, residuos industriales o aceites para procesos, mientras los análisis químicos concluían que se trataba de diésel o gasóleo.
Una de las operaciones señaladas es la del buque Challenge Procyon. La carga fue presentada como aditivos para aceites lubricantes, pero los análisis de laboratorio concluyeron que las muestras correspondían a aceite diésel o gasóleo, con una fracción arancelaria distinta a la declarada.
El papel atribuido a Mefra Fletes
Mefra Fletes aparece dentro de las investigaciones como empresa relacionada con transporte y movimiento de hidrocarburos. En el caso de Baja California, sus unidades estaban en el predio donde se localizaron 8 millones 892 mil 001 litros de diésel automotriz. En la causa de huachicol fiscal, la empresa aparece relacionada con una red más amplia de servidores públicos, civiles, empresas y rutas marítimas.
El modelo operativo atribuido a la red
El esquema atribuido a la red no dependía únicamente del robo físico de combustible. La operación consistía en adquirir combustible, introducirlo al país con documentación irregular, descargarlo en puertos, trasladarlo mediante pipas y tractocamiones, almacenarlo en predios o patios, y después colocarlo en el mercado interno.
El uso de empresas formalmente constituidas permitía dar apariencia legal a movimientos de combustible. El uso de buques permitía mover grandes volúmenes. El uso de pipas y tractocamiones permitía sacar el producto de zonas portuarias y distribuirlo en distintos puntos del país. El uso de permisos parciales, documentación aduanera y facturación permitía simular operaciones regulares.
Roberto Blanco Cantú permanece prófugo. La orden de aprehensión en su contra lo ubica en el caso de posesión y almacenamiento ilícito de hidrocarburos por el aseguramiento de millones de litros de diésel en Baja California.
Su nombre queda ligado a Mefra Fletes, a sus socios, a unidades aseguradas, a un predio sin permiso de almacenamiento, a la ausencia de registros de importación de combustible y a una red mayor de huachicol fiscal que incluye buques, aduanas, empresas transportistas, funcionarios públicos y marinos de alto rango.
Información de: PolíticoMx
