NACIONES UNIDAS.- La creciente participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y en proyectos del gobierno en México generan preocupación en materia de respeto a los derechos humanos y de transparencia, declaró el miércoles el representante de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU-DH) en este país.

Guillermo Fernández-Maldonado, quien asumió la representación en septiembre del año pasado, dijo que existen riesgos al asignar labores de seguridad pública a integrantes del Ejército, ya que éstos cuentan con un entrenamiento diferente al de una corporación policial de carácter civil.

A esto se suma el riesgo de se registren violaciones a los derechos humanos al conferir labores policiales a fuerzas castrenses. Un ejemplo, dijo, es el de la muerte en julio de 2020, presuntamente a manos de elementos militares, de Damián Genovés Tercero, de 18 años de edad, en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Aunque existe una videograbación en la que se observa cómo presuntos elementos militares disparan al joven, el representante de ONU-DH dijo que no se ha avanzado en la investigación.

Fernández-Maldonado dijo que, ante la decisión del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de conferirle a las fuerzas armadas el control de proyectos de infraestructura y otras áreas administrativas, el gobierno debe aplicar criterios para transparentar la utilización de recursos.

El gobierno de López Obrador ha encargado a las fuerzas armadas la construcción de un aeropuerto; la administración de aduanas y de puertos, y en diciembre anunció que el Ejército controlará las operaciones y ganancias generadas a través del proyecto conocido como Tren Maya, que está en construcción y recorrerá la península de Yucatán.