Les juraron que no los iban a tocar. Les juraron que la reforma judicial era solo contra los ministros corruptos, contra los jueces de arriba. Les juraron que los derechos de la base trabajadora estaban intactos.

Mentira. Todo fue mentira.

El viernes 6 de noviembre, más de 30 mil trabajadores del Poder Judicial de la Federación se fueron a paro nacional. No porque no quieran trabajar. No porque no quieran ser evaluados. Pararon porque ya les cayó el veinte: Morena no quiere limpiar la justicia, quiere quedarse con ella por completo.

El 5 de noviembre, el Órgano de Administración Judicial publicó en el Diario Oficial el acuerdo AG-POAJ-025/2026. Un acuerdo tramposo, hecho a la medida para correr gente sin que parezca despido.

¿En qué consiste? En evaluar cada dos años a secretarios, actuarios y oficiales judiciales. Pero no es un examen de conocimientos. Solo el 40% es examen. El otro 60% es lo que opine tu jefe, lo que opinen tus compañeros, tu «comportamiento», tu «ética», tu «confianza». Pura subjetividad.

Si sacas menos de 59, te catalogan como insuficiente. Y en 2027, esa evaluación ya va a ser vinculante. Traducción: te van a correr.

¿Y quién te va a evaluar? Jueces que llegaron por tómbola y por elección, sin carrera judicial, sin haber pasado un solo concurso, sin saber ni cómo funciona un juzgado. Esa es la burla más grande: los que nunca hicieron carrera van a evaluar a los que tienen 15, 20, 25 años sacando el trabajo.

Por eso Patricia Aguayo Bernal, la vocera del paro en San Lázaro, lo dijo sin vueltas: «No nos negamos a que nos evalúen, pero que no sea con el propósito de corrernos».

Porque eso es. No es evaluación, es purga.

Primero se quedaron con los ministros. Luego se quedaron con los jueces y magistrados con una elección amañada. Ahora van por la base. Porque no les basta con controlar la cabeza, quieren controlar hasta al último empleado. Quieren que todo el Poder Judicial, desde el ministro presidente hasta el oficial que archiva, sea de Morena.

¿Y luego dicen que no es dictadura?

Díganme, ¿cómo se le llama cuando un solo partido controla el Ejecutivo, controla el Congreso, controla la Corte, controla el Órgano de Administración, controla las evaluaciones, y ahora quiere decidir quién se queda y quién se va de cada juzgado del país?

Eso no es transformación. Eso es apropiación. Eso es dictadura disfrazada de democracia.

Porque una dictadura no siempre llega con tanques. A veces llega con acuerdos publicados en el Diario Oficial, con discursos de «el pueblo manda», con promesas de que «no te va a pasar nada», y cuando te das cuenta ya te quitaron todo.

Ayer el ministro Hugo Aguilar salió a decir que la evaluación no debe ser punitiva, que debe haber diálogo. Puro cuento para calmar el paro. Si de verdad no fuera punitiva, ¿para qué publican un acuerdo que pone en riesgo la permanencia de 40 mil trabajadores? Si de verdad respetaran la base, ¿para qué necesitan evaluarlos con criterios subjetivos?

La respuesta es obvia: quieren tener la herramienta lista para sacar a los que no se alineen y meter a los suyos.

Hoy son los trabajadores del Poder Judicial. Mañana van a ser los del INE, los del INAI que ya desaparecieron, los de cualquier institución que les estorbe. Porque Morena no gobierna. Morena se apodera.

Y si los trabajadores del Poder Judicial no se plantan ahora, en dos años ya no va a haber Poder Judicial. Va a haber una oficina más de Morena, con empleados de Morena, obedeciendo órdenes de Morena.

Por eso pararon. Por eso están en la calle. Porque entendieron lo que muchos todavía no quieren ver: esto ya no es política, esto es supervivencia.