Por primera vez en la historia de Coahuila la oposición conformará una mayoría en el Congreso. Entre el PAN, UDC, Morena y PRD lograron sumar 15 de los 25 escaños, dejando las 10 curules restantes al PRI. Aun así, sería de una simpleza analítica asegurar que las cosas en Coahuila van a ser distintas a partir del 1 de enero cuando entre en funciones la nueva legislatura. Por principio de cuentas, si los cuatro partidos de oposición no logran ponerse de acuerdo para representar las aspiraciones de cambio de la mayoría de los electores, y dejan para después de “ahogado el niño” la posibilidad de hacer un frente para fiscalizar al gobierno, como sucedió con el autodenominado “Frente por la Dignidad” que sólo después de haber perdido las elecciones decidieron unirse, entonces ¿por qué llamarla oposición?
Una cosa es conformar un frente electoral, organizar marchas, lanzar consignas o conceder entrevistas, y otra es asumir un autentico papel opositor para establecer coaliciones o pactos entre las fuerzas antagonistas al régimen actual, para defender los intereses y aspiraciones de cambio de quienes les otorgaron el voto. Porque creo que una gran mayoría de los votos recibidos por los partidos opositores, emanaron de votantes anti PRI, más que de electores identificados con la ideología, candidatos o agenda programática de los partidos opositores. De tal manera que más del 60 por ciento de los ciudadanos que acudieron a las urnas o los que asistieron a aquella marcha del 6 de junio de este año en Saltillo, lo hicieron con la expectativa de un cambio de rumbo en la administración estatal, refrendaron lo manifestado en las urnas días atrás. Consientes, tal vez, de que el combustible para llegar a la anulación era escaso. Impulsados, dicen algunos, por un constructo, un mito, una quimera: la “impugnación más documentada de la historia”.
La anulación no procedió. Tal vez algunos de los que encabezaban el Frente por la Dignidad lo sabían desde la noche del 4 de junio; siguieron adelante, alimentando el mito. Pero lo sucedido esa noche estaba escrito, sellado, firmado por los más de 1.2 millones de electores que acudieron a las urnas: el PRI al gobierno; PAN, Morena, UDC y PRD a la oposición. El PRI recibió el aval ciudadano para implementar su propuesta de gobierno, sin que ello signifique un cheque en blanco, como en el pasado cuando el PRI se llevaba el carro completo. Ahora ese mandato se presenta acotado por la mayoría opositora en el Congreso.
Por lo tanto, “El gobierno del PRI a gobernar y la oposición del PAN, UDC, Morena y PRD a oponerse”. Supongo que Miguel Riquelme tendrá una correcta lectura de lo sucedido en las urnas, sobre todo por la reducida ventaja que obtuvo sobre su más cercano competidor, pero tengo dudas respecto al papel que jugará la oposición. Porque al observar la cadena de acontecimientos postelectorales, donde una vez emitido el fallo de los tribunales electorales a favor del PRI, la oposición, representada en su mayoría por el Frente, desapareció, se esfumó; como si fuera un fantasma, sospechamos que allí está, pero no logramos verle.
Créame, la obligación frente a los coahuilenses, cuya mayoría votó por el cambio, no es del PRI, es de la oposición. Durante la próxima legislatura tendrán que fundar una nueva forma de hacer política desde la oposición, para garantizar que quienes creyeron legítimamente en esa fantasía llamada anulación, tendrán representantes que garanticen una autentica fiscalización de los recursos públicos. Por una parte, y por la otra, la oposición de Coahuila no debe olvidar que muchos de los votos recibidos por cada partido o coalición fueron otorgados por ciudadanos sin partido que apostaban al cambio, y que lo último que quisieran ver en el Congreso es una oposición en donde cada partido defienda sus particulares intereses, desairando la voz ciudadana que pide a gritos una autentica oposición social.
La tétrica voz de los “intereses de partidos”, que ha conducido durante años el trabajo legislativo, amenaza con asustar en el Congreso de Coahuila.
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