Fui honrada por el partido que preside Andrés Manuel López Obrador para encabezar en el número 1 la lista de Morena a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Acepté y agradecí la distinción prometiéndome no desmayar ante el evidente acoso al que me vería sujeta de parte del régimen autoritario y sus secuaces.  Lo vi como una oportunidad tanto para servir al pueblo mexicano como para poner en práctica tantos años de estudio y de trabajo académico acumulados en la UNAM, en Harvard, en la Sorbonne y en otras universidades de México y el mundo.

Lo que finalmente me convenció a aceptar el encargo fue el hecho de que una servidora no recibiría un solo peso, sino que mi servicio sería absolutamente gratuito y de total entrega a la ciudadanía. En momentos aciagos como los que hoy se viven en México, los académicos no podemos darnos el lujo de quedarnos en la banca, encerrados en una torre de marfil. Hay que participar.

Al incorporarme a los trabajos de la Asamblea Constituyente me encontré con la grata sorpresa de que mis colegas de bancada me honraron con la distinción de fungir como vicecoordinadora general del Grupo Parlamentario de Morena. Con aún más motivación entonces me entregué en cuerpo y alma a esta nueva etapa de mi vida profesional, dedicando largas horas de estudio, de documentación y de discusión a reuniones interminables.

El rotundo fracaso de los trabajos de la Asamblea Constituyente entonces no solamente implica una enorme oportunidad perdida para el país y los dignos habitantes de la capital, sino también es una dolorosa derrota personal y profesional. Tal y como mis amigos y colegas Mardonio Carballo y Fabrizio Mejía ya han relatado en sus cartas de renuncia respectivas, en la Asamblea Constituyente no se discuten grandes ideas ni propuestas de largo plazo sino que los diputados y las diputadas han sido reducidos al triste papel de ser un grupo de “levantadedos” cuya única función es avalar los acuerdos tomados por la llamada “Mesa de consulta” que delibera en total opacidad y responde a las órdenes de Miguel Ángel Mancera.

El mecanismo no difiere mucho del aplicado por el “Pacto por México” que tanta desgracia ha  traído a México en los últimos años.  De hecho, quienes mandan en la Asamblea Constituyente son muchos de los mismos personajes que han hundido al país con su complicidad y cercanía con Enrique Peña Nieto desde 2012. César Camacho Quiroz, Jesús Ortega, Ernesto Cordero, Armando Ríos Piter, Gabriel Quadri, Roberto Gil Zuarth, Dolores Padierna, Mariana Gómez del Campo y Fernando Lerdo de Tejada, entre otros, todos ocupan curules en la Asamblea Constituyente.

Algunos tenían una esperanza ingenua de que con Alejandro Encinas como presidente de la Asamblea Constituyente se abriría la posibilidad de una auténtica deliberación democrática.  Resultó todo lo contrario. Encinas ha actuado como un director de circo, negociando constantemente con los diputados del PRI y el PAN, partidos que juntos recibieron sólo 350 mil votos en las elecciones del pasado 5 de junio de 2016, en espera de que se le haga el milagro de ser candidato a la gubernatura del Estado de México. Por encima del debate republicano predomina siempre la prisa de entregar cuanto antes una nueva Constitución a como dé lugar, aun si ello implica graves afectaciones a los derechos y al bienestar de los mexicanos.

La opacidad y la discrecionalidad han sido la regla. Hasta la Dirección de Transparencia de la Constituyente se asignó en la más absoluta opacidad y ha sido totalmente disfuncional. Los ciudadanos no saben cómo están siendo votados cada uno de los artículos, propuestas, reservas e iniciativas. Y la burbuja de poder que ha sido esa entelequia antiparlamentaria llamada “Mesa de Consulta” no transmite sus trabajos o deliberaciones. Para colmo, abundan los conflictos de interés y ello quizás explica por qué a la fecha conspicuos diputados constituyentes no terminen de entregar su declaración de intereses

Hay que ser claros: la mera existencia de una Constitución no garantiza de por sí un avance. Una Constitución mal redactada por políticos mafiosos e ignorantes bajo la influencia de los poderes fácticos podría incluso generar un terrible retroceso para la ciudad. Sería mejor no tener Constitución alguna a una carta magna que restrinja el ejercicio de los derechos y abra los márgenes para el abuso de poder.

De los artículos ya aprobados se vislumbran desde ahora terribles amenazas para la ciudad. Por ejemplo, el artículo 12.C.5 permite el ejercicio del derecho a la protesta solamente en caso de que no “afecte derechos de terceros”. También se autoriza al Gobierno de la Ciudad de México a dispersar cualquier manifestación si “vulnera otros derechos”. Es decir, el gobierno podrá prohibir las marchas o cualquier ocupación de espacios públicos amparado en la misma Carta Magna de la ciudad. El objetivo es evidente: enviar a todos los manifestantes a un “marchódromo” donde nadie les vea ni les oiga, como alguna vez propuso el PAN capitalino. El artículo 28 numeral 2. VII. ha suprimido el término “interés público” y lo ha sustituido por el de “interés general” quedando como un deber de los ciudadanos “promover la defensa del interés general -y no el interés público- por sobre el interés particular”.

Otro ejemplo de un grave retroceso lo encontramos en el artículo 10.A.1. Ahí la Constituyente ha decidido limitar la obligación gubernamental para el cumplimiento de los derechos sociales “hasta el máximo de recursos públicos de que dispongan”. De un plumazo se elimina cualquier exigibilidad ciudadana hacia el gobierno. Con esta redacción, ningún juez o legislador jamás podrá ordenar al Jefe de Gobierno cumplir con su deber, ya que siempre podrá seguir el ejemplo del ex-presidente Ernesto Zedillo, quien durante una gira presidencial desdeñó las mercancías de una artesana indígena exclamando “¡No traigo cash!”.

El tema del agua es particularmente sensible por la importancia de este vital líquido tanto para la vida humana como para la naturaleza y la industria.  El pasado martes, 17 de enero, la “Mesa de Consulta” subió extemporáneamente una reserva al artículo 14.F.3 que sutilmente eliminó la palabra “exclusivamente” en referencia a la gestión pública y sin fines de lucro del agua.  Este mismo artículo define al agua como un “bien” en lugar de como un derecho humano fundamental y el artículo 21.B.4 deja fuera de la protección de la supuesta “no privatización” el servicio de saneamiento y tratamiento de las aguas residuales. Asimismo, se establece un nuevo ente gestor del agua de la ciudad con personalidad jurídica, autonomía técnica y de gestión y con patrimonio propio.  Todo ello, por más que se diga lo contrario, abre la puerta para la franca privatización del agua en nuestra ciudad.

Más allá de los claros retrocesos, también hay enormes oportunidades perdidas.  Al principio de la Asamblea Constituyente, Morena presentó un proyecto constitucional de avanzada, inspirado por las luchas de la sociedad civily el espíritu libertario de los habitantes de la Ciudad de México. Algunas de estas propuestas fueron retomadas incluso en la propuesta que entregó el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, a la Asamblea el pasado 15 de septiembre. Aquella propuesta contemplaba el derecho a la “vida digna”, a la “renta básica”, al “derecho de huelga” y a la “estabilidad laboral” del magisterio, por ejemplo.

Sin embargo, en el proceso de “deliberación” estas cuatro formulaciones han sido simplemente eliminadas. Tampoco ha quedado constitucionalizada la pensión de adultos mayores, ni la austeridad republicana, ni la prohibición de asociaciones público privadas, ni los mecanismos de consulta ciudadana o democracia directa, ni el tribunal social y de defensa constitucional, ni el cuarto poder ciudadano anticorrupción, todas propuestas e irreductibles de Morena.

Hay motivos de sobra para renunciar a una Asamblea Constituyente que ha traicionado el mandato popular expresado en las urnas y copia las formas anti-democráticas del “Pacto por México”. Sin embargo, no les daré el gusto a los sátrapas que hoy mantienen secuestrado este espacio de soberanía popular. Ellos quisieran que todos los diputados dignos nos fuéramos a la comodidad de nuestras casas para dejar la cancha libre para que roben y traicionen al pueblo a gusto.

Yo prefiero seguir el ejemplo de López Obrador.  A pesar del fraude de las instituciones actuales, no renunciaré a la lucha pacífica e institucional por un mejor México. Los políticos profesionales del PRIANRD que se han acostumbrado a “vivir bien”, que no al “buen vivir” y mucho menos al buen gobernar, no entienden esta terquedad.  La mafia de vividores quisiera ver a López Obrador y a todos los Morenos fuera del campo político.

No caeremos en la trampa.  Los ciudadanos de convicciones tenemos que mantener la frente en alto a pesar de las dificultades y las traiciones para seguir insistiendo día a día y cada vez con más fuerza en la necesidad de lograr la justicia y la democracia tan anhelada y necesitada por el pueblo mexicano. Jamás nos permitiremos el lujo de darnos por vencidos y mucho menos de aceptar la derrota máxime cuando tenemos un gran pueblo que no deja de luchar. Zapata vive, la lucha sigue

Información de : Aristegui Noticias.