El exlíder del PAS acusó transferencias de constructoras estatales a las firmas de los familiares del mandatario con licencia sinaloense, según El Universal.
El expresidente asesinado del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuén Ojeda, denunció ante instancias federales y locales una presunta red de corrupción y desvío de recursos que supuestamente involucra a los hijos del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, pocos meses antes de su asesinato.
De acuerdo con una investigación publicada por El Universal, el político sinaloense aseguró contar con un expediente documental que presuntamente vincula a empresas contratistas del gobierno del estado con transferencias financieras hacia las cuentas de las compañías de la familia del mandatario.
El presunto esquema carrusel de obra pública en Sinaloa
La relación entre Cuén Ojeda y Rocha Moya transitó de una alianza electoral a una confrontación directa en un lapso cercano a los dos años, alcanzando un punto álgido cuando la fiscalía local, presuntamente bajo la influencia del gobernador y del entonces secretario General de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez, abrió un proceso por supuestas negociaciones ilícitas en contra de la familia del dirigente del Partido Sinaloense.
Como respuesta a dichas acciones ministeriales, el exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa comenzó a hacer públicos los hallazgos de una indagatoria documental que su equipo había desarrollado, la cual presuntamente ponía al descubierto un mecanismo de triangulación de recursos presupuestales denominado como esquema carrusel, operado desde el inicio de la actual administración local.
“En el 2021, Rubén Rocha Moya implementó una estrategia para extraer los recursos de las arcas del erario estatal a través de la Secretaría de Obras Públicas; esto se descubrió en torno a un estudio muy profundo, fueron meses de estudio donde se tiene toda la documentación. Estos sí son delincuencia organizada: yo respeto más a ‘los otros’ que a ustedes, porque ustedes traen charola, traen fuero y no se arriesgan. Son cobardes”, explicó en el programa 47 de su programa Cuentas Claras.
Según los señalamientos expuestos por el político, el esquema financiero se diseñó con el propósito de utilizar exclusivamente fondos pertenecientes al erario de la entidad, una estrategia que supuestamente buscaba evitar la intervención de los órganos de fiscalización de la Federación, aprovechando un presunto control sobre las dependencias encargadas de la infraestructura y la auditoría local.
El volumen de las adjudicaciones y las empresas particulares involucradas
Los documentos recopilados y presentados por el equipo del dirigente partidista indicaban la existencia de más de 200procedimientos de contratación que habrían sido simulados o entregados mediante adjudicaciones directas, acumulando un monto total estimado en 2 mil 889 millones de pesos.
Según la información, las pruebas ofrecidas a las autoridades ministeriales sugerían que los recursos obtenidos de forma lícita por las constructoras estatales ganadoras eran posteriormente transferidos de manera sistemática a las cuentas bancarias de las empresas particulares propiedad de los hermanos Rubén RochaRuiz y Ricardo Rocha Ruiz.
“Nosotros nos atrevimos y denunciamos al Gobierno del Estado de Sinaloa, así hay que decirlo porque aquí lo tuvimos que hacer en la fiscalía, pero es fiscal carnal; lo hicimos en la Auditoría Superior del Estado, que es de ellos también… nos fuimos a la Auditoría Superior del Estado, a la Auditoría Superior de la Federación, a la Mesa Directiva del Congreso de la Unión”, citó El Universal.
Las denuncias formales, interpuestas desde el mes de noviembre de 2023, detallaban que en este esquema de presunta triangulación no solo participaban los negocios de los hermanos Rocha Ruiz, sino que también se incluía a corporaciones inmobiliarias ligadas a otros integrantes del gabinete sinaloense, como el entonces secretario de Finanzas, Enrique Díaz Vega, quien en días recientes se entregó a las autoridades de Estados Unidos.
Las últimas advertencias de Cuén
Durante sus últimas participaciones en su podcast, acontecidas en el mes de julio de 2024 y apenas cinco días antes de ser privado de la vida en la ciudad de Culiacán, el presidente del Partido Sinaloense manifestó su rechazo a las investigaciones que la autoridad local mantenía en contra de su familia, calificando las acciones como una estrategia de persecución política.
En esas transmisiones, el político sinaloense afirmó que el control de las estructuras del Poder Judicial en el estado era utilizado como un mecanismo de presión hacia la oposición, al tiempo que advirtió que los expedientes sobre los desvíos financieros de la administración estatal ya habían salido de la jurisdicción local para ser analizados en la capital del país.
“Porque ya a esto le está dando seguimiento la justicia federal, y más allá de la justicia federal también le están dando seguimiento”, expresó.
El dirigente partidista concluyó sus declaraciones públicas anticipando que su equipo jurídico continuaría con la presentación de nuevas denuncias basadas en evidencias documentales ante las fiscalías federales, descartando que los señalamientos fueran fabricados y sosteniendo la validez de los reportes financieros recabados sobre el entorno familiar del gobernador sinaloense.
Información de: políticoMx
