La base del modelo fue la oralidad, la publicidad, la contradicción y la presunción de inocencia. Sin embargo, a diez años de distancia, la evaluación advierte que existe un severo rezago administrativo provocado porque la demanda de casos supera la capacidad de los agentes del MP, policías, investigadores y peritos..
A 10 años de su inicio, la mejora del del modelo no depende de reformas a su modo de operación sino de la calidad técnica de sus resoluciones y la coordinación entre fiscalías y el poder judicial.
En el trabajo cotidiano, el documento puntualiza que existen prácticas del sistema anterior que obstaculizan el óptimo desempeño del modelo vigente.
Defectos en fiscalías
La investigación encontró que en los agentes del MP persisten el rezago, falta de preparación y presentación de casos ante el juez que carecen de sustento
El informe documenta una débil coordinación del Ministerio Público con la policía, peritos y analistas de inteligencia, provocando pérdida de datos relevantes, duplicidad de esfuerzos, que desemboca en presentaciones deficientes de pruebas. Adicionalmente, la falta de coordinación interinstitucional con el Poder Judicial para calendarizar audiencias causa diferimientos constantes y retrasos en los procesos.
El análisis transversal señala la rotación frecuente de operadores (policías, fiscales, defensores e incluso personal jurisdiccional) como un problema estructural severo. Esta inestabilidad interrumpe la secuencia de los casos, debilita la especialización técnica y fragmenta la memoria institucional necesaria para sostener acusaciones sólidas ante los tribunales.
Las cargas de trabajo son excesivas y la ausencia de métodos para priorizar provocan retrasos críticos en la determinación de expedientes y derivan en investigaciones sin líneas lógicas definidas.
En las audiencias se detectaron inasistencias de personal, falta de lectura de las actuaciones procesales previas y desconocimiento del contenido de la carpeta de investigación durante las audiencias penales.
Ruta de mejora
El estudio propone laborar impartir talleres prácticos iniciales sobre teoría del caso y litigación, realizar un diagnóstico del estado del rezago e instalar mesas de trabajo interinstitucionales.
A mediano plazo, entre 6 y 18 meses, consolidar el modelo de gestión estratégica, implementar herramientas tecnológicas de seguimiento de carpetas, y consolidar los programas de capacitación certificada, mientras a largo plazo (18 a 36 meses) certificar de manera obligatoria a los operadores y establecer la especialización por tipo de delito.
