Si bien los partidos políticos y en especifico los perdedores han generado una campaña de desprestigio en contra del instituto electoral cierto resulta que dicho organismo solo es un arbitro, los absurdos legales así como los excesos en normas y reglas no son dispuestos por ellos.

Los propios partidos políticos han sido los encargados de exagerar los lineamientos e imponer prohibiciones excesivas que en última instancia son las que generan confusión y una difícil aplicación, resulta absurdo que quienes establecen o el consenso de reglas sean quienes de primer mano buscan recovecos legales para violarlas.

Hoy lo sucedido en Coahuila ha sido utilizado principalmente por el Partido Acción Nacional para emprender una campaña donde se ponderan mártires fingiendo una búsqueda de legalidad que en verdad no profesan, claro ejemplo la actividad de Moreno Valle o de la propia Margarita Zabala quienes en una clara búsqueda de violar la ley electoral han aprovechado lagunas legales para realizar una campaña política adelantada a los tiempos que ellos mismos acordaron establecer.

El Partido Acción nacional es el amo de la hipocresía, se quejan de la actividad de Andrés Manuel López Obrador pero la emulan y la practican, si en verdad pretenden legalidad ellos mismos deberían exigir la no elegibilidad de quienes seguramente serán sus candidatos en 2018 incluyendo al propio Ricardo Anaya pues a todas luces han violentado los tiempos de promoción electoral exigidos en la ley que ellos sustentaron.

Los Partidos políticos son los primeros en saber que las reglas del juego que ellos mismos imponen no serán acatadas, por citar otro caso concreto podemos ejemplificar con lo referente a las precampañas, un acto burdo de simulación donde se busca aprovechar  tiempo y recursos adicionales a los establecidos para las campañas formales.

Hoy por desgracia la manipulación de la información así como la presión social generada por quienes no resultaron ganadores ha estigmatizado al árbitro electoral quien a la vista de todos es considerado como el villano del juego,   ello a la vez ha provocado que en busca de la aceptación social intente accionar fuera de sus facultades imponiendo cargas o gastos no previstos por la ley.

En toda contienda cuando el empate no es considerado como resultado legal siempre habrá disgustos y quejas pero ello no debe influir en las decisiones que el árbitro implemente, hoy resulta absurdo que un partido político exija anulación de las elecciones cuando reconoce que también incurrió en las faltas que bajo su óptica son el fundamento para dicha pena.

El instituto electoral no es culpable de la ilegalidad, los partidos políticos realizan un consenso para aplicar las reglas y ellos mismos son quienes buscan la manera de violentarlas, además resulta claro que dicho instituto no se encuentra facultado para juzgar o emitir resoluciones declaratorias de ilegalidad pues esa facultad le fue retirada a solicitud de los propios partidos políticos quienes turnaron esa potestad solo al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Es de vital importancia que la ciudadanía comprenda que el error no está en el arbitro sino en los jugadores, en igual sentido es preponderante que las autoridades se apeguen a derecho y no permitan que la presión opere como factor de decisión pues de tomar ese camino ahora seriamos gobernados por quienes más se quejen y no por quienes obtengan más votos.