La tragedia de Ayotzinapa, en la que desaparecieron 43 estudiantes, ha cumplido un año. No obstante, a pesar de las investigaciones y el gran revuelo social que ha generado, el caso está lejos de esclarecerse, mientras que la versión oficial de lo ocurrido no deja de ser cuestionada a la luz de los nuevos datos.
El 26 de septiembre de 2014, estudiantes de la Escuela Normal Rural tomaron varios autobuses en Iguala para dirigirse a la ciudad de México para participar en una protesta, no obstante, un grupo de policías locales y de individuos armados desconocidos abrieron fuego contra ellos. Seis personas fallecieron, 17 resultaron heridas y 43 estudiantes permanecen desaparecidos.
Versión oficial
De acuerdo con la versión oficial del Gobierno, los jóvenes fueron asesinados e incinerados en un basurero en la comunidad de Cocula por los miembros del cártel Guerreros Unidos. En concreto, la Procuraduría General de la República de México (PGR) señaló que los estudiantes fueron detenidos por agentes de policía y luego entregados a sicaros del cartel. Los miembros de Guerreros Unidos los llevaron al basurero de Cocula donde los asesinaron y quemaron sus cuerpos.
Según la versión oficial, mantuvieron la hoguera durante varias horas hasta que los huesos se habrían convertido en ceniza, después de lo cual, los restos fueron metidos en bolsas de plástico y tirados al río.
No obstante, aunque la PGR anunció que había certeza legal de que los 43 estudiantes estaban muertos, hasta el momento sólo se han identificado dos personas: Alexander Mora Venancio y Jhosivani Guerrero de la Cruz, cuyos restos, según el gobierno, fueron encontrados en una bolsa en el basurero de Cocula.
Investigación en curso
El pasado 17 de septiembre, la Policía Federal detuvo al jefe del cártel Guerreros Unidos, Gildardo López Astudillo, también conocido como ‘El Gil’ o ‘El Cabo Gil’, que se había convertido en el objetivo principal en la investigación de la desaparición de los 43 normalistas después de que su antecesor, Casarrubias Salgado, revelara a la PGR detalles del incidente tras ser detenido en octubre de 2014.
Las autoridades de México están haciendo todos los esfuerzos humanamente posibles por esclarecer lo sucedido
En abril, la Policía Federal detuvo en la Ciudad de México a otro hombre supuestamente involucrado en el caso, Miguel Ángel Landa Bahena, que formaba parte del círculo cercano de Gildardo López Astudillo.
Como parte de la investigación, en enero de este año, la PGR emitió una orden de aprehensión contra el exalcalde de la ciudad de Iguala, José Luis Abarca «por el secuestro de los estudiantes normalistas» de Ayotzinapa. Anteriormente, tanto él como su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, habían recibido autos de formal prisión.
Por su parte, el embajador mexicano en Rusia, Rubén Beltrán Guerrero, aseguró en una entrevista con RT que hay al menos un centenar de personas detenidas. «Hay más de 100 personas arrestadas y se va a hacer justicia «, afirmó Beltrán.
«Las autoridades de México están haciendo todos los esfuerzos humanamente posibles por esclarecer [lo sucedido] y, sobre todo, para que los culpables sean castigados con todo el rigor de la ley «, añadió el embajador. Asimismo, Beltrán destacó que «México ha abierto una investigación internacional» y «solicitado la cooperación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos».
No habrá carpetazo, el caso sigue abierto. Busquemos juntos la verdad
Tras un reciente encuentro mantenido entre Enrique Peña Nieto y los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, el portavoz de la Presidencia, Eduardo Sánchez, ha anunciado en una rueda de prensa que el presidente ha dado instrucciones a la PGR para establecer una fiscalía especializada para buscar a las personas desaparecidas.
En esta misma reunión, Peña Nieto aseguró a las familias de los normalistas que la investigación seguirá en curso. «No habrá carpetazo, el caso sigue abierto. Busquemos juntos la verdad, estamos del mismo lado», les dijo, informa ‘El País’.
Sin embargo, la investigación del caso y la versión oficial han sido puestas en tela de juicio en más de una ocasión tanto por las familias de las víctimas como por expertos independientes.
