Las protestas continuadas en esos sectores suponen un nuevo revés para un régimen que siempre ha presumido del apoyo incondicional de los más pobres. Cuando el sábado pasado la oposición caminó hasta la Conferencia Episcopal Venezolana, ubicada en una zona chavista, fue recibida con aplausos y vítores por los vecinos asomados a los balcones de los edificios. La multitud gritaba «sí se pudo». Es un gesto significativo, porque constata lo que venían señalando las encuestas sobre el masivo rechazo a la gestión del presidente Nicolás Maduro. Es la expresión de un descontento derivado del control de la actividad económica durante 14 años, en medio del desplome de los precios del petróleo y una pésima gestión.

Con la apuesta económica del régimen, los barrios pobres han sentido con particular saña el deterioro de su calidad de vida. Es en ese sector de Caracas donde se siente con más fuerza el impacto de la crisis y se observan las filas más largas a las puertas de los supermercados. Sin alimentos, sumidos en el caos diario que representa una vida con precarios servicios públicos y sufriendo los efectos de una inflación de tres dígitos, el oeste de la capital ha decidido darle la espalda al Gobierno y sumarse a las protestas. En un mes ha habido desórdenes en El Valle, el sector donde creció Maduro; el barrio de El Guarataro, cerca del palacio presidencial de Miraflores; y en Catia, donde este miércoles la policía arrojó gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes.

En esos sectores, sin embargo, es muy delgada la línea que separa a quienes reclaman un cambio político de quienes se aprovechan de la crispación para delinquir. Hace una semana en El Valle, varias personas intentaron saquear una panadería. La policía aseguró entonces que habían fallecido ocho personas electrocutadas. Según el recuento del Ministerio Público, desde el 3 de abril se han registrado 27 fallecidos (23 adultos y 4 adolescentes), 437 lesionados y 1.289 detenidos. Este último dato debe ser actualizado cada día porque las protestas se suceden a diario en casi todo el país.

Arraigo popular

La coincidencia entre zonas antes enfrentadas de la capital en un mismo reclamo representa un impulso inédito a la causa opositora. Cuando el dirigente encarcelado Leopoldo López promovió la salida de Maduro en el primer semestre de 2014 se criticó que su apuesta representaba a élites y clases medias y carecía de arraigo popular. Con las decisiones del Gobierno de Maduro, que ha deslegitimado al Parlamento y gobierna al margen de la Constitución, según sus detractores y casi toda la comunidad internacional, la oposición ya es vista como una alternativa de Gobierno dentro del país. La Revolución Bolivariana ha dejado de ser la esperanza que alguna vez encarnó para los pobres.

La ONG Amnistía Internacional (AI) publicó este miércoles un informe, titulado Silencio a la fuerza, que resume los hallazgos de la organización en su reciente visita a Venezuela en febrero: «AI ha constatado la existencia de medidas arbitrarias por parte de los cuerpos de seguridad del Estado y del sistema de justicia que entorpecen el ejercicio de la libertad de expresión, asociación y de participación política».

Para la organización «es sumamente preocupante que existan evidencias que apuntan a la motivación política detrás de las arbitrariedades y que estas suelan estar asociadas con la crítica, la disidencia y la oposición a las políticas gubernamentales».

Amnistía considera que las detenciones arbitrarias se usan de forma constante «para acallar a la disidencia política, y que la existencia de prácticas de detenciones arbitrarias propicia la comisión de otras violaciones graves a los derechos humanos, como lo son la tortura y los malos tratos e incluso, las desapariciones forzadas de personas».