Hoy cierro un capítulo importante en mi vida. El haber coordinado los esfuerzos federales para combatir la pobreza en uno de los estados más importantes del país me dejó profundas enseñanzas y grandes satisfacciones.

La marginación no se ataca en un solo frente, sino de manera transversal. No es responsabilidad de una sola dependencia, sino de todas, sin excepción. No de la federación exclusivamente, sino de los tres órdenes de gobierno. La Estrategia Nacional de Inclusión es una decisión inteligente para dirigir los esfuerzos dispersos hacia objetivos medibles.

La pobreza es más que un número, una estadística. Su medición es muy relativa y obedece a una infinidad de factores y variables que generan más incertidumbre que certeza. Por lo que la lucha se da en el campo, no en el escritorio.

Atrás quedaron los programas asistencialistas, de entregas indiscriminadas de despensas y dádivas, que no hacían más que arraigar el problema y agotar los recursos públicos. Ahora, se privilegia el facilitar las herramientas básicas para que cada familia salga adelante por sí misma y mejore su nivel de ingreso. Las aportaciones ofrecidas a los adultos mayores sin pensión, no son limosna, sino el justo pago a una vida de lucha y trabajo, asegurándoles una vejez digna.

La responsabilidad principal del gobierno es ofrecer las condiciones mínimas de bienestar y generar un ecosistema propicio para el desarrollo. En esto, los gobiernos municipales juegan un rol importantísimo en la ejecución de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.

Las carencias futuras se combaten hoy, invirtiendo en educación, salud y alimentación. El efecto no es inmediato. No existen fórmulas mágicas ni sortilegios fantásticos.

La pobreza se combate también con estabilidad económica y de precios, con paz social que atraiga inversiones y genere empleos.

La pobreza tiene muchos rostros, pero el peor de todos es el de la pobreza de actitud. El desgano y la resignación son los peores enemigos que tenemos.