Luego de casi 40 horas de audiencia por videoconferencia la jueza Alejandra Ramírez de la Vega, vinculó a proceso al ex gobernador de Baja California y a siete acusados más por su posible participación en los delitos de delincuencia organizada y contrabando.
El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, fue vinculado a proceso por su posible participación en los delitos de delincuencia organizada y contrabando.
Luego de casi 40 horas de audiencia por videoconferencia la jueza Alejandra Ramírez de la Vega, vinculó a proceso al ex gobernador de Baja California y a siete acusados más por su posible participación en los delitos de delincuencia organizada y contrabando.
Previamente, recibió un amparo mientras enfrenta un proceso penal por presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos, conocido como huachicol fiscal.
La resolución surgió de manera paralela a la audiencia inicial que se desarrolla ante una jueza federal, donde la Fiscalía General de la República (FGR) presentó las pruebas con las que busca sustentar las acusaciones en su contra y contra otros presuntos integrantes de una red dedicada al tráfico ilegal de combustibles.
El recurso judicial llamó la atención debido a que se otorgó durante el desarrollo del proceso penal y mientras la autoridad ministerial mantiene la acusación por delitos considerados graves.
La resolución del Juzgado Séptimo de Distrito en Baja California establece que el amparoprotege a Ruffo Appel contra posibles actos de incomunicación, tortura, malos tratos o cualquier afectación a su integridad física mientras permanece bajo custodia de las autoridades.
¿Qué motivó el amparo?
La defensa del exmandatario promovió el juicio de amparo después de su detención, realizada el pasado 16 de julio en Ensenada, Baja California.
En la demanda, los abogados señalaron posibles actos relacionados con privación ilegal de la libertad, incomunicación, tortura y tratos crueles o degradantes, por lo que solicitaron la intervención de un juez federal.
Con esos argumentos, el juzgado concedió una suspensión de plano para proteger los derechos reclamados por la defensa mientras continúa el procedimiento penal.
Hasta el momento, ninguna autoridad informó sobre la existencia de actos de tortura, incomunicación o malos tratos contra Ernesto Ruffo Appel, ni esos hechos forman parte de la investigación que lleva la Fiscalía General de la República.
La audiencia sigue sin resolución
Mientras se resolvía el amparo, la audiencia inicial contra el exgobernador continuó por videoconferencia desde las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).
La diligencia rebasó las 24 horas debido al volumen de pruebas presentadas por el Ministerio Público Federal y a diversos recesos decretados durante el procedimiento.
Entre la documentación presentada por la FGR figuran estados de cuenta, registros financieros, información contable y expedientes relacionados con empresas que forman parte de la investigación.
Al cierre de esta edición, la jueza todavía no definía la situación jurídica de Ruffo Appel ni resolvía si la detención cumplió con los requisitos legales o si existen elementos para vincularlo a proceso.
La investigación por huachicol fiscal
La Fiscalía identifica a Ruffo Appel como uno de los presuntos responsables de una red dedicada al contrabando de combustibles mediante operaciones de importación con documentación presuntamente irregular.
La carpeta de investigación relaciona el caso con la empresa Ingemar, S.A. de C.V., firma de la que el exgobernador es socio y que previamente apareció en una investigación federal por el aseguramiento de más de 15 millones de litros de hidrocarburos realizado en Coahuila durante 2025.
En declaraciones públicas realizadas después de ese aseguramiento, Ruffo Appel señaló que la empresa participaba en trámites de importación y no en actividades de transporte o comercialización de combustibles.
La FGR también investiga a otros empresarios, agentes aduanales y representantes de compañías que presuntamente participaron en la misma estructura dedicada alcontrabando de hidrocarburos.
Contexto: ¿qué es un amparo?
El juicio de amparo es un mecanismo previsto en la Constitución para que una persona solicite la protección de un juez frente a actos de autoridad que considera violatorios de sus derechos.
En materia penal, este recurso puede presentarse durante distintas etapas de una investigación o de un proceso judicial, según el acto que la defensa busque impugnar o prevenir.
La suspensión de plano, como la concedida en este caso, se utiliza en asuntos relacionados con posibles actos que puedan afectar derechos fundamentales de la persona bajo custodia.
El procedimiento penal contra Ernesto Ruffo Appel continúa por separado y la autoridad judicial deberá determinar los siguientes pasos dentro de la investigación por presuntohuachicol fiscal.
Información de: La Silla rota
