La iniciativa de reforma que se presentó en la plenaria de diputados de Morena, para procesarse en el siguiente periodo ordinario, podría verse como un paliativo para la magnitud del problema que significa elegir por voto popular a las personas juzgadoras como son jueces, magistrados y ministros, pero no lo es, consideró la experta en el Poder Judicial, Azul Aguiar.
“De hecho, las reformas a las leyes secundarias en materia judicial buscan lo que podríamos denominar ‘la profesionalización’ de la captura del Poder Judicial”, advirtió Aguiar, al analizar la iniciativa, que es prioritaria para la presidencia de la república, y cuyos principales puntos planteó este 30 de agosto la consejera jurídica, Luisa María Alcalde, en la plenaria con el grupo de diputados morenistas.
Las leyes secundarias de los cambios a la reforma judicial
Alcalde explicó durante la plenaria que la iniciativa se enfoca en las leyes secundarias tras cambios hechos en junio a la Constitución en materia judicial.
Uno es sobre la Comisión Coordinadora de los comités evaluadores de los tres poderes. Dicha comisión se encargará de establecer y homologar criterios para las evaluaciones, que incluyen un examen de conocimiento, entre otros parámetros.
La consejera destacó que se reduce el número de candidatos para la elección judicial de 2028, con respecto a la de 2025, y también de las opciones a ser votadas. Serán un juez y un magistrado por materia.
Alcalde les mencionó que estaba planeado que esta reforma coincidiera con las elecciones en 2027 pero se recorrió un año después, a 2028 y eso permitirá tener más tiempo de planeación.
Los juzgadores seguirán debiéndole su cargo a un grupo o partido
Azul Aguiar analizó los temas de la iniciativa para las leyes secundarias de la reforma. En entrevista con La Silla Rota se refirió a la propuesta de que la Comisión unifique metodologías y criterios de los Comités de Evaluación de los tres Poderes, así como ‘reducir el número de candidaturas’ para facilitar la elección y simplificar la boleta electoral para que la ciudadanía pueda votar por un juez y magistrado por especialidad.
Aunque Aguiar previó que “sin duda” disminuirá la complejidad de la puesta en marcha de la elección judicial del 2028, pero no se resolverá el problema de fondo: que las personas juzgadoras no pueden deberle su puesto a un grupo, a un partido o incluso a la ciudadanía y eso es precisamente lo que hará la elección judicial de 2028 como lo hizo la de 2025.
“¿Cómo puede decidir con independencia una persona juzgadora que debe su elección a un grupo, cuando tiene que resolver un caso que afecta los intereses o derechos de ese mismo grupo?
La evidencia ya está a la vista en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero también en tribunales colegiados y juzgados de distrito”, cuestionó.
Reconoce gobierno costo de haber desmantelado la carrera judicial
Otro tema que planteó Luisa María Alcalde fue el de establecer la evaluación y capacitación permanente obligatoria de todas las personas juzgadoras a través de la Escuela Nacional Judicial.
Es un punto que Aguiar considera controvertido, aunque en tiempos de erosión democrática pueda leerse como un acierto del gobierno, porque ve que difícilmente alguien se opondría a la profesionalización de personas juzgadoras.
“Con ello, el gobierno reconoce uno de los principales problemas provocados por la reforma judicial, pero al mismo tiempo evidencia el costo de haber desmantelado la carrera judicial. El Estado invirtió durante tres décadas en la formación y capacitación de personas juzgadoras con 20 o 30 años de trayectoria para después prescindir de ellas y comenzar de nuevo”, señaló.
El problema se agrava porque quienes hoy ocupan esos cargos deberán volver a competir en las urnas, avizora la autora del libro “Cultura legal, orígenes sociopolíticos y carrera profesionales de los jueces en México”.
“Si dentro de nueve años no ganan nuevamente la elección, el Estado habrá invertido recursos en formar personas juzgadoras que serán sustituidas, para después comenzar otra vez el mismo proceso de formación”, pronosticó.
“No estamos viendo la corrección del modelo, estamos frente a la profundización del error original: elegir por voto popular a personas juzgadoras no es la vía”, remarcó.
Otro tema que planteó Alcalde en la plenaria fue fortalecer las herramientas de investigación y sanción del Tribunal de Disciplina Judicial.
Quieren que el TDJ sea para intimidar a jueces
Para el experto Javier Martín Reyes, la iniciativa es la repetición de cambios que ya vienen en la reforma constitucional y otros posibles cambios que en este momento son muy ambiguos, pero potencialmente peligrosos, como eso de “fortalecer las herramientas de investigación y asunción del Tribunal de Disciplina Judicial”.
“Es una reiteración de que quieren que el TDJ sea un órgano para intimidar a jueces y limitar a la independencia judicial. Así parece que ha estado operando y creo que ahora van por más herramientas”, consideró Reyes, doctor en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Contexto
Reformas secundarias en materia judicial
Derivado de la reforma constitucional al Poder Judicial del pasado 2 de junio, se propondrá armonizar diversas leyes secundarias para:
Fortalecer la selección de candidaturas y simplificar el proceso electoral, al crear una Comisión Coordinadora que unifique metodologías y criterios de los Comités de Evaluación de los tres Poderes, incluyendo examen de conocimientos.
Reducir el número de candidaturas por Poder para facilitar la elección y simplificar la boleta electoral para que la ciudadanía pueda votar por un juez y un magistrado por especialidad.
Permitir que la elección de 2028 (judicial y ordinaria) sea concurrente con el proceso de revocación de mandato.
Reforzar los mecanismos de investigación y evaluación de juzgadores.
Fortalecer las herramientas de investigación y sanción del Tribunal de Disciplina Judicial.
Regular el funcionamiento de las secciones de la Suprema Corte de Justicia.
Establecer la evaluación y capacitación permanente obligatoria de todas las personas juzgadoras a través de la Escuela Nacional Judicial.
Para ello, se propondrá reformar las siguientes leyes:
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Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación
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Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
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Ley Federal de Revocación de Mandato
Información de: La Silla Rota
