El cese de 43 profesionales del Instituto Federal de Defensoría Pública ha provocado críticas de trabajadores, organizaciones y de la JUFED; acusan prácticas arbitrarias del Órgano de Administración Judicial y advierte afectaciones a la atención de personas en situación de vulnerabilidad.

El miércoles 30 de junio, 43 trabajadoras sociales del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) fueron despedidas sin explicación.

Trabajaban en las 31 delegaciones del instituto distribuidas en el país y daban asesoría jurídica en materia penal y laboral a personas de grupos vulnerables como mujeres víctimas de violencia, niñas, niños y adolescentes; adultos mayores y/o con discapacidad; y personas privadas de la libertad o en situación de pobreza.

La noticia causó incluso crisis nerviosas entre los trabajadores despedidos, divididos en 39 mujeres y 4 hombres. Una de las personas afectadas fue Edith García, en Morelos, que llevaba 22 años trabajando ahí, y fue cesada a sus 55 años, sin considerar que es madre soltera.

Un video compartido en redes mostró que requirió atención de médicos por baja de presión arterial al recibir la mala noticia.

Temen más ceses

Además de los despidos de los 43 trabajadores expertos en trabajo social, se teme que haya más y hay un rumor de que van por 300 puestos, dijo a La Silla Rota Mauricio Pérez, exasesor jurídico en el IFDP.

“Esto es muy fuerte, muy lamentable y triste”, calificó.

Muchas de las 43 personas despedidas llevaban más de 25 años de trabajo, aseguró. Además, no se trata del primer despido de trabajadores del instituto. Pérez informó que ha habido otros, incluso de personas peritas del área de ciencias forenses creada para equilibrar con la función que realiza la Fiscalía General de la República.

Cese se decidió el 26 de junio

La decisión de cesar a las 43 personas trabajadoras fue tomada el 26 de junio, de acuerdo con un documento al que tuvo acceso La Silla Rota. Ahí se le comunica al destinatario “la terminación de los efectos del nombramiento que le fue otorgado en el puesto de confianza de analista especializado del OAJ, adscrito a la Asesoría jurídica en la Ciudad de México, con fecha de conclusión del encargo el 30 de junio”.

El documento fue firmado electrónicamente por Laura Sandra Hasbach Melchor, directora general de Recursos Humanos del OAJ. Pero la noticia se la dieron a los afectados el 30 de junio. Por eso es por lo que Edith García se puso a llorar ese día.

Los trabajadores sociales despedidos recibían capacitación especial e incluso en años anteriores la Escuela Federal de Formación Judicial les impartió materias específicas para que estuvieran especializadas y actualizadas.

“Por su nivel técnico especializado, la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM les dio un premio”, dijo una fuente del Poder Judicial.

Los ceses gestados el 26 y concretados el 30 de junio en el IFDP no solo afectaron a 39 mujeres y 4 hombres en 31 delegaciones, sino que comprometen funciones técnicas especializadas esenciales para la asesoría jurídica de quienes acuden al instituto.0

Jueces critican cese

Las personas afectadas sostienen que la decisión fue ejecutada por el Órgano de Administración Judicial (OAJ) sin una justificación clara y mediante un procedimiento que consideran irregular. A la controversia se sumó la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), que emitió un pronunciamiento público para condenar el trato hacia el personal y exigir el cese de conductas que calificó como arbitrarias.

Trabajadoras sociales denuncian despido injustificado

En un pronunciamiento difundido tras los ceses, las trabajadoras calificaron la medida como un «despido injustificado y masivo».

Afirmaron que resulta contradictorio argumentar limitaciones presupuestales cuando el presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2026 ya fue aprobado y las plazas afectadas forman parte de la estructura institucional prevista en el Manual General de Puestos y en las bases de organización y funcionamiento del Instituto.

Las afectadas también destacaron que muchas cuentan con varios años de experiencia brindando atención especializada a personas en condiciones de vulnerabilidad.

Además, advirtieron que entre el personal despedido existen madres de familia y servidoras públicas que se encontraban próximas a cumplir los requisitos para obtener su jubilación, por lo que consideran que la decisión afecta gravemente su estabilidad laboral y económica.

La salida del personal especializado impactaría directamente la atención que el IFDP brinda a diversos grupos prioritarios, entre ellos:

• Mujeres víctimas de violencia de género.
• Niñas, niños y adolescentes sujetos a procesos judiciales.
• Personas integrantes de pueblos y comunidades indígenas.
• Personas migrantes.
• Personas con discapacidad.
• Víctimas de violaciones a derechos humanos.

Diversas organizaciones consideran que la ausencia de trabajadores sociales podría retrasar o dificultar la elaboración de estudios indispensables para la defensa pública.

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) emitió un posicionamiento en el que expresó su «enérgico rechazo» a los actos que, según señaló, han sido ejercidos contra personal operativo, trabajadoras sociales y empleados administrativos del Instituto Federal de Defensoría Pública y del propio Órgano de Administración Judicial.

En el documento, la organización afirmó haber conocido diversos testimonios que describen un ambiente laboral caracterizado por la hostilidad y el menosprecio hacia los derechos fundamentales del personal.

JUFED sostuvo que resulta inadmisible que oficinas públicas se conviertan en espacios donde prevalezcan la coacción, el miedo y prácticas que vulneren la dignidad de las personas trabajadoras.

Asimismo, recordó que, aunque las personas afectadas pertenecen principalmente a áreas de apoyo y administrativas, la defensa de la legalidad también implica proteger los derechos laborales de quienes sostienen el funcionamiento cotidiano del sistema judicial.

La asociación hizo un llamado al OAJ para cesar cualquier conducta contraria al marco legal, privilegiar el respeto a los procedimientos establecidos y garantizar un trato digno para todo el personal.

Trabajadores convocan a manifestaciones

Tras conocerse los despidos, trabajadores, familiares, abogados y organizaciones comenzaron a convocar movilizaciones y marchas pacíficas para solicitar la apertura de mesas de diálogo con las autoridades del Órgano de Administración Judicial.

Entre las principales demandas se encuentran:

• Transparencia sobre las razones de los despidos.
• Revisión de las terminaciones de nombramiento.
• Respeto a los derechos laborales del personal afectado.
• Protección de la antigüedad de quienes estaban próximos a jubilarse.
• Garantías para la continuidad de los servicios especializados del IFDP.

Crecen las dudas sobre el impacto en la Defensoría Pública

Especialistas y organizaciones laborales han advertido que la salida del personal de Trabajo Social podría debilitar una de las áreas técnicas más importantes del Instituto Federal de Defensoría Pública.

Los estudios socioeconómicos elaborados por estos profesionales permiten acreditar condiciones de vulnerabilidad y constituyen un elemento relevante para la prestación del servicio gratuito de defensa y asesoría jurídica que ofrece el Estado.

Hasta el momento, las autoridades del Órgano de Administración Judicial no han informado públicamente las razones específicas que motivaron el cese colectivo ni han respondido a las solicitudes de diálogo planteadas por las personas afectadas y las organizaciones que respaldan sus demandas.