El afán de Rubén Moreira por imponer candidato y su necesidad de hacerlo ganar a toda costa genera un comportamiento delictivo que puede ser visto tanto en su actuar como en el de sus subalternos, el caso más reciente fue puesto a la luz publica mediante una grabación que se filtro en redes sociales donde el Secretario de desarrollo social de Coahuila ordena en una posada pagada con dinero publico a su personal apoyar a Miguel Riquelme aclarando que es la orden del Gobernador, que el ya definió quien será el candidato y que si quieren lograr trascender en sus cargos deben lograr sacar adelante el proyecto de Rubén Moreira.

Sin duda la comisión de estos delitos es propiciada por el propio Gobernador quien  marca las lineas, ordenando u obligando a miembros de su gabinete, dirigentes de partidos, diputados y magistrados que muevan todo lo que este a su alcance para ayudar a que Migue Riquelme llegue al poder otorgando a su grupo la continuidad.

Ante la comisión de estos delitos las elecciones se enrarecen, evidentemente cualquier proceso interna solo será una pantomima montada para simular, el discurso del presidente nacional del PRI Enrique Ochoa Reza se va por el caño, el pregón de legalidad, equidad y democracia queda desmentido y las actitudes tomadas por personajes como Javier Guerrero se tornan justificadas.

El Gobernador al igual que sus subalternos de primer nivel mantienen una conducta delictiva, en el PRI no existe democracia ni oportunidades, la oferta de piso parejo es una quimera y la complicidad para permitir esto llega a importantes figuras como los son las diligencias nacionales del PRI e incluso el propio Presidente de la república Enrique Peña Nieto.

Si dentro del mismo Revolucionario institucional padecen este tipo de tropelías lo que tendrán que enfrentar los opositores puede resultar inimaginable; Fraudes electorales, intromisión oficial, cargadas instituciones, compra de votos entre otras cosas podrían ser lo menos delicado.

Sin duda ante los evidentes delitos la credibilidad del Instituto Estatal Electoral se encuentra  a prueba, lo mismo sucede con la FEPADE quien en caso de tener una actitud omisa podrá quedar como un órgano inútil e incapaz de asegurar legalidad en el 2018.

Respecto a las autoridades del Estado resulta utópico pensar que pudieran actuar conforme a derecho pues su complicidad y dependencia a las indicaciones del Gobernador son ya más que evidentes.