Informa Javier Guerrero sobre su actividad en el Congreso
cumpliendo con la responsabilidad de informar sobre las actividades que se desarrollan en el Congreso de la Unión, el día de ayer se realizo una intervención para fijar la posición del PRI sobre la iniciativa relacionada con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría.
Acorde lo citado desde la promulgación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental en vigor aprobada el 1 de enero de 2009, se inició el proceso de implantación de la armonización contable en México que impulsa políticas en pro de la transparencia en el manejo de los recursos públicos, para facilitar la fiscalización y la medición de la eficacia, economía y eficiencia en los gastos e ingresos públicos.
La iniciativa en discusión tiene, independientemente de sus ventajas técnicas, un muy importante impacto de orden social en la cultura de rendición de cuentas y combate a la corrupción.
Se trata de tener un instrumento que implique, por medio de la armonización de la contabilidad gubernamental, un sistema de información homogéneo, que permita avanzar en la rendición de cuentas, a través de estados, informes y reportes contables confiables y comparables con los que las autoridades pueden dar respuesta a las necesidades de información de las y los ciudadanos.
Pero además representa un cambio de paradigma en la administración pública, al permitir disponer de una herramienta eficaz y permanente para la toma de decisiones en los tres órdenes de gobierno.
La realidad actual aun muestra una gran heterogeneidad en los registros contables en entidades federativas y municipios. A pesar de los avances en transparencia aun existen espacios de opacidad que deben ser combatidos. La nación debe contar con instrumentos de aplicación general en la rendición de cuentas. Hay que terminar con la visión insular de los procesos presupuestales.
El objetivo debe ser establecer criterios generales para una contabilidad gubernamental armonizada y la homogeneidad en la emisión de información financiera de los tres órdenes de gobierno.
De igual forma facilitar el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos con el fin de medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingreso, la administración de la deuda pública, así como el registro y valoración de patrimonio del estado.
En resumen, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, es el instrumento nacional que permite un mayor y mejor control del gasto público, la adopción de un nuevo enfoque en la toma de decisiones, ofrece una mejor calidad y oportunidad en la rendición de cuentas, incorpora las mejores prácticas contables a nivel internacional y establece el control de los bienes patrimoniales.
Para el grupo parlamentario del PRI esta Iniciativa abona para hacer más eficiente el diseño institucional relativo a dos aspectos fundamentales de la rendición de cuentas: La contabilidad gubernamental, y La evaluación del desempeño.
En el mismo sentido la propuesta de reformas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria permitirá que sólo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tenga atribuciones en materia de coordinación, regulación y operación del Sistema de Evaluación del Desempeño.
Dicha concentración de atribuciones permitirá una mayor articulación de la información del desempeño con el proceso presupuestario, sin trastocar las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública en materia de vigilancia e inspección sobre el ejercicio de los recursos públicos federales.
De esta forma inspeccionará y vigilará el cumplimiento de las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, respecto del gasto público federal correspondiente a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
Es importante para el grupo parlamentario del PRI, dejar claro que estaremos siempre apoyando medidas que impliquen la rendición de cuentas y la transparencia en el uso del gasto. En tiempos como los actuales que está implicando recursos limitados, no podemos dejar de lado los instrumentos que deben dar certeza a los ciudadanos de que los recursos fiscales están siendo aplicados con calidad, transparencia y en beneficio de los ciudadanos.
