El jefe de estado ruso ordenó un plan sistemático para borrar la identidad ucraniana de los menores. Una investigación de The New York Times muestra los alcances de este horror derivado de la invasión.

Cuando se dio la noticia de la invasión de Rusia en Ucrania el 24 de febrero de 2022, Natalia Lukina esperaba un taxi en su casa.

Eran las seis de la mañana y no podía esperar para llegar a su trabajo en el hogar de acogida administrado por el Estado Kherson Children’s Home, donde atendía a niños institucionalizados con necesidades especiales en su capacidad de médica.

Para cuando llegó, por los pasillos ya retumbaba el sonido ensordecedor de la artillería pesada del Ejército ruso en su ataque a la ciudad de Jersón, la capital de la región. Lukina y sus compañeros encargados de cuidar a los niños tenían un problema desgarrador: debían encontrar la manera de proteger a las decenas de niños vulnerables a su cargo.

Eran niños de hasta 4 años de edad, algunos de los cuales tenían discapacidades graves, como parálisis cerebral. Algunos todavía tenían padres con ciertos derechos de custodia sobre ellos, mientras que otros habían sido abandonados o retirados de hogares con dificultades.

“¿Quién más se iba a quedar a cuidarlos?”, cuestionó Lukina con respecto a su decisión de quedarse con los niños. “Imaginen qué habría pasado si todos les hubiéramos dado la espalda y nos hubiéramos ido”.

Olena Korniyenko, directora del hogar de acogida y tutora legal de los niños, había preparado mochilas de emergencia para los niños dos semanas antes y tenía en la casa cajas de comida, agua y pañales.

El problema era que el edificio no estaba equipado para resistir tiroteos o bombardeos y la policía ya se había ido de la ciudad.

Korniyenko buscó en línea un mapa de refugios antiaéreos cercanos y encontró uno al que podían llegar a pie.

Entre los disparos, el personal cargó a los niños con sus colchones a pie y con carriolas hasta un sótano de concreto, llevando con ellos comida, medicinas, bombas eléctricas y sondas nasogástricas para los niños más enfermos.

Un pastor local se enteró de sus dificultades más tarde ese día y le ofreció al personal del hogar recibir a los niños en su iglesia.

Así que el personal desplazó de nuevo a los niños y se apresuró a refugiarlos en el sótano de la iglesia Holhofa.

Una enfermera, Kateryna Sirodchuk, comentó que temían que las fuerzas rusas se llevaran a los niños.

Por desgracia, sus temores pronto se convirtieron en realidad: el 25 de abril de 2022, un grupo de oficiales rusos encontró a los niños y decidió llevárselos; a fin de cuentas, terminaron a 290 kilómetros de casa.

Las pruebas muestran que el traslado formó parte de una campaña sistemática del presidente ruso Vladimir Putin y sus aliados políticos con la meta más ambiciosa de quitarles a las víctimas más vulnerables de la guerra su identidad ucraniana. The New York Times examinó publicaciones en las redes sociales rusas; obtuvo fotografías, videos, mensajes de texto y documentos, y entrevistó a más de 110 cuidadores, expertos legales y funcionarios rusos y ucranianos a fin de rastrear la vida y los movimientos de los niños que los rusos se llevaron.

En opinión de los expertos, lo que les ocurrió después podría constituir un crimen de guerra.

Dos semanas después del inicio de la invasión, la comisionada de Rusia para los derechos del niño, Maria Lvova-Belova, estaba sentada frente a Putin en una reunión televisada y le pedía ayuda.

La comisionada quería reubicar a los niños ucranianos que se encontraban en hogares con servicios de salud que quedaron atrapados en el fuego cruzado de la guerra. Prometió eliminar el “papeleo” legal para que pudieran colocarlos de manera permanente con familias rusas.

Los funcionarios y policías ucranianos batallaron durante semanas para encontrar opciones para evacuar a los niños de la iglesia Holhofa, que ya era territorio ocupado para entonces.

Un comisionado ucraniano prometió en abril, en una publicación de Telegram, ayudar a rescatarlos.

Unas horas después, hombres armados al mando de un oficial ruso que se hacía llamar Navigator se presentaron en la iglesia y exigieron que los niños regresaran al hogar Kherson Children’s Home en Jersón. Cámaras de un medio de propaganda con oficinas en Crimea filmaron su llegada y la noticia que se dio en relación con el incidente fue que las autoridades ucranianas habían secuestrado a los niños.

El pastor protestó e indicó que los niños estaban más seguros en su sótano. Pero a los cuidadores no les quedó más que obedecer las órdenes y llevar a los niños de regreso al hogar en Jersón, donde las fuerzas de ocupación tenían mayor control.

Para la primavera de 2022, la ocupación de Jersón se había convertido en el ejemplo para la asimilación forzada de una ciudad ucraniana y sus residentes: se designó un nuevo gobierno de ocupación en Jersón y frente al hogar de acogida se izó una bandera rusa.

En los siguientes meses, los oficiales rusos documentaron sus acciones para ayudar a los niños en sus canales populares de Telegram.

Navigator, el hombre que ordenó el retiro de los niños de la iglesia, visitó el hogar en varias ocasiones. Más tarde, se le identificó como Igor Kastyukevich, miembro del Parlamento ruso del partido político de Putin, Rusia Unida.

En mayo de ese año, Putin cumplió la promesa que le había hecho a Lvova-Belova y emitió un decreto presidencial que flexibilizó los requisitos para obtener la ciudadanía: en Jersón y otras regiones ocupadas, los cuidadores ucranianos podrían solicitar la nacionalidad rusa a nombre de niños y huérfanos ucranianos a su cuidado.

Además, el decreto aceleró el proceso, de tal forma que los niños podrían convertirse en ciudadanos rusos en un plazo máximo de 90 días.

El mes siguiente, a Korniyenko se le ordenó presentarse ante el Ministerio de Salud de Jersón, que ya operaban las autoridades de la ocupación. Un oficial respaldado por los rusos le pidió que permaneciera en su cargo de directora, pero bajo su supervisión.

Korniyenko se negó a hacerlo.

Lukina también renunció.

En busca de un nuevo director, las autoridades de ocupación le ofrecieron el cargo a Tetiana Zavalska, pediatra del hogar de acogida. Esa doctora apoyaba a la nueva administración y dejó clara su ideología prorrusa.

Zavalska alentó a las autoridades de la ocupación a registrar formalmente el hogar de acogida.

Ese mismo mes, quedó registrado.

Ese agosto, la red de televisión estatal rusa RT difundió un segmento que celebraba la ocupación de Jersón en el que incluyó al hogar, que ahora consideraban una institución legal.

Cuando Putin se anexó ilícitamente Jersón y otras tres regiones, las fuerzas ucranianas arrancaron una campaña militar para recuperar la ciudad capital.

Los oficiales rusos idearon un plan para los niños del hogar de acogida. A través de un chat en línea privado para estudiantes de Medicina, las autoridades de salubridad de Crimea, ocupada por Rusia, reclutaron la ayuda de voluntarios para trasladarlos.

Natalia Kibkalo, una de las enfermeras, acababa de acostar a unos doce niños que tenían COVID-19 cuando escuchó la noticia: planeaban llevarse a los niños por la mañana.

Al día siguiente, el 21 de octubre, les cambió el pañal a los niños y les dio de comer. Pero no pudo soportar la idea de ayudar a prepararlos para su partida, así que tomó un taxi a casa.

Aproximadamente a las ocho de la mañana, llegaron ambulancias y autobuses blancos al hogar.

Entre las personas que llegaron estaban Kastyukevich, conocido como Navigator, así como el entonces ministro de Salud de Crimea, el subministro, los estudiantes voluntarios y varios administradores de otro hogar de acogida que luego se convirtieron en los nuevos cuidadores de los niños.

Zavalska reunió los documentos legales personales y el historial médico de los niños.

Frente al hogar, Kastyukevich cargó a un niño, le dio un beso y se lo entregó a otra persona en una hilera; luego, hizo lo mismo con el siguiente cuyo nombre se anunció en voz alta, hasta que se leyeron los nombres de los 46 niños. Después, los llevaron a los autobuses y las ambulancias que los esperaban.

El convoy abandonó el hogar más tarde esa mañana. Para la tarde, ya estaban en su destino.

Por lo menos una pareja de padres indicó que se enteró de que sus hijos estaban en Crimea solo hasta que unos periodistas del Times los visitaron en Jersón seis meses después, aunque constaba en documentos que los funcionarios rusos tenían su nombre y dirección.

El Estado asumió la custodia de sus hijos, Mykola, que tenía autismo, y Anastasiya Volodin, que sufría parálisis cerebral, hace varios años, después de determinar que la pareja no podía cuidarlos. Los tribunales ucranianos todavía no emitían ningún fallo con respecto a sus derechos parentales.

“No voy a permitir que nadie los adopte”, afirmó su padre, Roman Volodin.

En el invierno de 2022, los nuevos cuidadores y Zavalska, la tutora legal designada, tomaron medidas para integrar formalmente a los niños a la sociedad rusa, aunque algunos de ellos tenían padres biológicos en Ucrania que todavía tenían derechos legales o de los cuales tenían conocimiento las autoridades rusas.

Primero, los cuidadores solicitaron actas de nacimiento rusas para los niños y tradujeron su nombre a ruso.

Los cuidadores solicitaron números de seguro social en Rusia para los niños porque, según dijeron, era un requisito para que los niños recibieran servicios médicos.

Algunos funcionarios designados por Rusia revelaron por accidente los documentos nuevos en una publicación de Telegram.

A fin de cuentas, a los niños se les otorgó la nacionalidad rusa, el último paso necesario para que pudieran ser puestos en adopción y encontraran un lugar permanente con familias rusas.

Según varios expertos legales, los documentos nuevos revelan que las autoridades rusas tenían la intención de quitarles a los niños su identidad ucraniana, en contravención de la Convención sobre los Derechos del Niño. Incluso podría constituir un crimen de guerra.

En el aniversario de la guerra, los dos funcionarios de Crimea que ayudaron a orquestar el traslado de los niños de Jersón recibieron premios presidenciales de Putin.

Pero al día siguiente, el fiscal de la Corte Penal Internacional emitió una orden de detención contra Putin y la comisionada rusa para los derechos del niño, por el «traslado ilegal» de «por lo menos cientos de niños» de orfanatos y hogares de acogida en toda Ucrania.

Siete de los niños del Kherson Children’s Home ya regresaron a Ucrania con ayuda de las autoridades ucranianas y terceros mediadores catarís. Entre los niños que regresaron están Anastasiya y Mykola Volodin, cuya madre viajó en febrero a Moscú para recuperarlos.

Anastasiya murió al poco tiempo en un hospital ucraniano, unas semanas después de cumplir 6 años. Un médico identificó la causa de su muerte como una convulsión epiléptica. Las autoridades ucranianas se encargan de nuevo del cuidado de Mykola en tanto un tribunal determina si sus padres pueden ser sus tutores legales.

Por ahora, los demás niños de Jersón siguen bajo la custodia de Rusia.