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Saltillo, Coahuila a 9 de Febrero del 2022.- En la sexta Sesión de la Diputación Permanente en el Congreso del Estado de Coahuila, la Diputada de morena, Lizbeth Ogazón, presentó un punto de acuerdo con motivo de exhortar a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado para que mediante el estudio de la resolución 001/2022 (el caso del ciudadano Antonio Huerta el cual se explicará a continuación) la rectifique y/o revoque; así mismo, exhortó a la Comisión de los Derechos Humanos de Coahuila para que implemente medidas de seguimiento puntual a las resoluciones emitidas bajo su conducto.
La coordinadora de la bancada de morena en el Congreso del Estado, explicó que cuando se vulnera un derecho por parte de una autoridad, se recurre ante las instancias correspondientes para ejercer las prerrogativas a las que se tiene derecho.
“Es el caso del Sr. Antonio Huerta Calderón quien presentó una QUEJA ante la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza, en contra de la Agencia Investigadora del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, misma que se resolvió con la emisión de la recomendación 013/2018, ante dicha recomendación el Lic. Jesús Fernando González, Subdirector de Colaboraciones, Gestión y Seguimiento Administrativo de la Dirección General de Unidades de Investigación de la Fiscalía General del Estado, emite oficio dirigido al Presidente de la CDHEC, indicando que no se aceptan los términos de la recomendación multicitada” informó.
Ante tal determinación, Ogazón Nava manifestó que el Sr. Antonio Huerta Calderón acudió ante la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Coahuila de Zaragoza (CEAV), solicitando al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI) el recurso del Fondo por concepto de compensación a víctimas de violación de derechos humanos cometido por autoridades estatales, resultando este último en NEGATIVA, aun cuando en esta resolución refiere al documento emitido por la CDHEC con la violación a los derechos humanos y recomendación a la Fiscalía General del Estado de Coahuila para el pago de los daños patrimoniales causados al quejoso.
“Simplemente refirieron los de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Coahuila, que la recomendación no es obligatoria y carece de la aceptación necesaria por la autoridad a la que se dirige, por ello no cuenta con mecanismos legales para exigir su cumplimiento coercitivamente” señaló.
La Diputada Lizbeth Ogazón, recalcó que la conducta de los servidores públicos integrantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctima deben actuar con cumplimiento cabal en tiempo y forma; pero sobre todo “Garantizar el respeto a los Derechos Humanos de las víctimas que solicitan sus servicios”.
“Como podemos ver la resolución del Comisión Ejecutiva de Atención a Víctima es imprecisa, ¿es mera formalidad otorgar la calidad de víctima al quejoso si se le niega todo derecho, incluyendo el acceso al fondo de reparación? La respuesta debe de ser enérgica y favorable para el quejoso, pues están vulnerados sus derechos se debe actuar conforme a derecho y las autoridades deben de salvaguardar siempre sus prerrogativas correspondientes” Finalizó.


