En el marco de la aprobación de la iniciativa presidencial, mejor conocida como Plan B electoral, el presidente consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, destacó los costos que podría suponer la reforma secundaria votada en el Pleno del Senado el pasado 22 de febrero.
Fue a través de la presentación explicativa de la dependencia electoral, que el presidente consejero informó los daños que supone el recorte propuesto por el Plan B, los cuales aseguran una eliminación del 84.6% de los funcionarios electorales.
Este punto, de acuerdo con Lorenzo Córdova, es la norma “más grave” que dispone la iniciativa impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y que fue aprobada en su totalidad con 72 votos a favor en el Senado.
El presidente del órgano electoral informó que actualmente se cuenta con 2 mil 570 funcionarios profesionales en el INE, de los cuales desaparecerán más de dos mil 100 plazas—sin aparente explicación— con la reforma secundaría en materia electoral.
Pero no solo son estos puestos lo que pudieran ser eliminados, sino también los correspondientes a la administración, que, al hacer la suma, se contabiliza un aproximado a 6 mil plazas menos que podrían suponer una liquidación de 3 mil 500 millones de pesos.
Ante esto el funcionario electoral cuestionó cuál es el “supuesto” ahorro que pretende implementar la reforma electoral, la cual, busca “adelgazar la burocracia dorada”, según sus impulsadores.
“¿Dónde ésta el ahorro que se buscó? Con la perdida de las capacidades institucionales que supone la desaparición de esas plazas. Por eso quien diga que los únicos que nos vamos a quedar sin trabajo somo Ciro Murayama y un servidor, miente”, destacó el presidente del INE en conferencia.
Cabe recordar que desde que la primera discusión de las normas reformatorias en el Congreso de la Unión—llevada a cabo el pasado mes de diciembre— el órgano electoral expuso un informe detallado sobre el impacto del Plan B que su podría a la estructura y funcionamiento de la dependencia electoral. Sin embargo, y pese a los esfuerzos, fue avaluada en su totalidad por el poder Legislativo.
Ante estos hechos, una serie de protestas, sobre todo del bando opositor y del mismo órgano electoral, se han hecho presentes en forma de impugnaciones en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dependencia que sigue en proceso de revisión para dar un fallo definitivo a las dos leyes—hasta el momento—de las seis normas aprobadas.
Ahora, con la votación definitiva del Plan B electoral, tantos los consejero, como los grupos contrarios, impugnarán en su totalidad la iniciativa impulsada por el titular Ejecutivo federal, esperando que el máximo tribunal de justicia revirtiendo la reforma.
“Ayer finalmente se votó en el Senado el plan B. Apenas se publique en el DOF, el INE interpondrá una controversia constitucional ante la SCJN (…)Confiamos en la ciudadanía y en la Corte”, publicó el consejero Ciro Murayama en su cuenta de Twitter.
Pero las impugnaciones ante la dependencia de justicia no han sido los únicos recursos por lo que apelarán los inconformes, pues desde semanas atrás, tanto funcionarios públicos, y organizaciones en contra del gobierno de la Cuarta Transformación, han llamado la ciudadanía a sumarse a la marcha en defensa del INE.
Los convocantes, presididos en un inicio por el empresario Claudio X Gonzáles, buscan protestar en la Ciudad de México, y en otras entidades del país, el próximo 26 de febrero. Esta sería la segunda marcha convocada por las mismas figuras con los mismo fines.
Por su parte, el presidente del país—en sus conferencias mañaneras—así como distintos integrantes de Morena, han referido que dicha convocatoria tiene detrás distintos interese políticos para “defender privilegios” de los propios integrantes del INE.
