“Recurriremos a todas las instancias legales a nuestro alcance, a través de todos los medios jurídicos que la Constitución prevé, para impedir que esta reforma destruya lo que tanto trabajo le ha costado edificar a la sociedad mexicana”

“El día de hoy el instituto ya ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Electoral para restablecer el orden constitucional e impedir que una mayoría tiránica, autoritaria desde el Congreso de la Unión, sin seguir los cauces institucionales previstos para ello, que son, precisamente el juicio político, haya cesado a quien fuera nuestro secretario ejecutivo”, indicó Córdova.

El cese de Edmundo Jacobo fue anunciado por Córdova el 1 de marzo en redes sociales, donde emitió un mensaje de despedida en el que le aseguró que la democracia, la sociedad mexicana y el INE le deben mucho. Asimismo afirmó que estaría de vuelta “cuando el orden constitucional y democrático sea restaurado”.

Además de que el consejero presidente recordó este hecho, puso énfasis en que el INE comenzó la batalla jurídica desde que impugnó la parte del plan B que entró en vigor el 27 de diciembre de 2022.

Córdova lanzó esta advertencia durante un evento de ratificación de un convenio con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) para el uso de una app móvil en el proceso de afiliación de militantes. En el encuentro también participó el líder priista Alejandro Alito Moreno Cárdenas, quien reconoció al INE como promotor de “herramientas que favorezcan a la organización interna de los partidos políticos”.

Por otra parte, este 2 de marzo Moreno Cárdenas lanzó una advertencia similar a la del INE a través de redes sociales, pues adelantó que la oposición responderá ante lo que consideró como “el mayor golpe del gobierno de Morena a la democracia.”

Moreno Cárdenas señaló que el PRI presentará una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte Justicia de la Nación (SCJN) en respuesta a un mandato ciudadano. Esto luego de la marcha a favor del INE celebrada el pasado 26 de febrero, en la que aseguró quedó demostrado el repudio nacional al plan B.

Tal como el INE, el PRI y los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática impugnaron la primera parte de la reforma electoral, relativa a Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

El pasado 22 de febrero el ministro Alberto Pérez Dayán admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad presentadas por Va por México. Asimismo determinó que las modificaciones a las leyes antes mencionadas no serán aplicables en los procesos electorales en Coahuila y Estado de México.

Pérez Dayán argumentó que el decreto fue publicado durante la veda electoral, lo cual imposibilita que tenga efecto en las próximas elecciones estatales. Asimismo señaló que “su aplicación podría causar afectaciones irreparables al sistema democrático y a los derechos fundamentales implicados en éste”.