Rubén Olvera Marines
Para legitimarse como un autentico árbitro, imparcial y eficaz, el Consejo del Organismo Público Local Electoral (OPLE), recientemente instalado en Coahuila, tendrá que hacer cosas más trascendentes –al menos pronunciar discursos más profundos- que pedir el “voto de confianza” a una ciudadanía que demanda condiciones de equidad durante las elecciones de 2017.
La novel líder, acompañada de seis escuderos, tendrán que cumplir con éxito la misión encomendada por el presidente del INE, Lorenzo Córdova: encarar a una multitud ─sin descartar a los medios de comunicación─ expectante, en ocasiones celosa de algunos actos algo “singulares” de sus antecesores, el extinto IEPCC. Pero sobre todo habrá un enemigo a vencer: las grietas de entredichos que dejaron en el INE los sucesos como los del Verde en las pasadas elecciones federales y qué decir de la suspicacia ciudadana ante los zigzagueos del Instituto Electoral de Colima en la reciente elección para gobernador de ese estado.
En Colima sucedieron dos cosas para el olvido; dos enseñanzas para el OPLE coahuilense. Por una parte, la incapacidad del organismo estatal para cerrar el conteo preliminar ─días y días transcurrieron antes que el instituto publicara el resultado del 100% de las casillas─; la sospecha se alimentó de este inexplicable retraso. Luego, el gazapo: la consejera presidenta, Alejandra Valladares, equivocó al informar de una ventaja definitiva a favor del candidato del PAN, Jorge Luis Preciado, para luego ratificar a favor del priista Ignacio Peralta; la desconfianza subió tal alto que alcanzó el cráter del volcán de Colima. Y, por otra parte, el desastre: ni el organismo electoral local ni el Tribunal Electoral de la entidad fueron capaces de percatarse, ni siquiera un poquito, de la intervención de algunos actores del gobierno estatal en la campaña del candidato oficial. El resultado tú lo conoces: el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, invalidó la elección.
¿Qué para Coahuila? Colima ilustra una singular clarividencia: se instala el nuevo árbitro electoral en el momento que en el horizonte se dibujan algunas nubes de tormenta. En efecto, hay quienes aseguran que las elecciones de 2017 se perfilan para convertirse en las más reñidas de la historia de la entidad norteña. La pesadilla de todo organismo electoral, las elecciones cerradas, amenaza convertirse en realidad.
¿Podrá el OPLE enfrentar con éxito el reto de una elección cerrada? ¿Tendrá su presidenta, Gabriela de León, la sapiencia y firmeza para “actuar con independencia y autonomía”, como ella misma lo ha asegurado? De nuevo le recordamos que no se trata de administrar los “trucos” y “travesuras” de los partidos y de los gobiernos que emanan de ellos, o como declaró la consejera presidenta en su intervención al rendir protesta: el OPLE “velará por equilibrar las fuerzas políticas y ciudadanas” (o cualquier cosa que esto signifique), tampoco se trata de contabilizar los votos, declarar a un ganador y dejar a un tribunal federal o al propio Consejo General del INE el desenlace de una ocasionalelección cerrada.
Esta exageración premeditada, esta pesadilla que quita el sueño a todo organismo electoral, amerita, al menos, que más allá de pedir el «voto de confianza» y hablar de «equilibrios», el Consejo y su presidenta deberán comenzar por afinar su discurso. Se trata, en esencia, de referirse a lo elemental: aplicar la ley, sin distingos y sin presiones; particularmente en las etapas previas a la jornada electoral y, sobre todo, al momento de declarar la validez de las elecciones.
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