“HACKEAR” LA INTIMIDAD Por: Rubén Olvera Marines
En Brasil un juez ordenó suspender WhatsApp debido a que la empresa se negó a revelar información requerida por las autoridades que investigan delitos relacionados con el narcotráfico. Antes, en los EE.UU., la CIA entabló una histórica querella para que las autoridades judiciales obligaran a la empresa Apple a desbloquear el teléfono celular propiedad de uno de los protagonistas del ataque terrorista acaecido en diciembre de 2015 en San Bernardino, California, lugar en el que fallecieron 14 personas.
En ambos casos, como en otros tantos, las empresas se han negado a colaborar con las autoridades, alegando que estaría en juego la “confidencialidad de la información” que ofrecen a sus clientes. ¿Se extralimita el Estado al solicitar, a nombre de la seguridad, “hackear” los dispositivos y acceder a la información personal de los usuarios”?
La cuestión es compleja, de una complejidad que puede resultar abrumadora. Porque como usuarios de algún dispositivo o aplicación electrónica, exigimos que ni siquiera las empresas que ofrecen el servicio puedan acceder a nuestras conversaciones, a nuestros secretos, mucho menos el gobierno. Pero resulta obvio que cualquiera de nosotros podría ser víctima de la delincuencia, entonces, la llamada “confidencialidad”, nos lesionaría, así que no tendríamos inconveniente en que “‘hacken’ ese celular, interfieran aquellas conversaciones y confisquen esa computadora”.
Nuestra opinión podría variar desde el más liberal que aboga por la privacidad a ultranza. Hasta el archiconservador, acostumbrado a vigilarlo y controlarlo todo, entre ellos, el gobierno. Ciertamente, el “usuario” que busca privacidad, encontraría en la “víctima” a su más obstinado enemigo.
El delincuente se oculta tras la sombra de la confidencialidad. Las empresas que prestan el servicio temen por el uso que el gobierno pueda darle a la información, alertando que si se “hackea” un equipo, se abriría una “puerta trasera” para hacerlo con el resto. El usuario, en tanto no se convierta en víctima de la delincuencia que se apuntala en las redes y en la tecnología, tiene muy claro que su intimidad es la prioridad, aunque el mundo se desmorone.
Pero, la contundencia del juez brasileño, que dictó sentencia en contra de WhatsApp (el mismo que, por los mismos motivos, en marzo de este año pidió cárcel para un directivo de Facebook) subraya la letra chiquita del debate: ¿Acaso las transnacionales de la red, las grandes corporaciones de la ‘nube’, en posesión de la información de millones y millones de usuarios, que celosamente atesoran en sus múltiples y monumentales servidores, están por encima de la ley?
Cierto es que el usuario de las redes y de los equipos, además de pagar por el servicio, compra seguridad. Entre mayor confidencialidad ofrezcan las empresas a sus clientes, crece el número de usuarios. Pero, con lo sucedido en Brasil, ¿quién se extralimita, el gobierno al cancelar el servicio a millones de usuarios o la empresa por negarse a proporcionar la información requerida?
El debate adquiere otra dimensión igual de compleja. Supongamos que como usuarios superamos nuestra resistencia a “hackear” los equipos por motivos de seguridad, ¿qué garantías puede ofrecer el gobierno para no abusar en el uso de los privilegios que se le otorgan? Los gobiernos, lo sabemos, lo integran personas que en ocasiones privilegian intereses particulares o simplemente resultan incapaces de mantener la discrecionalidad de la información; ahí tenemos el descuido del partido Movimiento Ciudadano, al subir el padrón electoral a un servidor privado que, por lo sucedido, no reunía las condiciones de seguridad.
De hecho, como lo dije antes, la respuesta de Apple, ante el requerimiento para desbloquear un dispositivo, fue que al hacerlo se estaría abriendo “una puerta trasera para que el gobierno desbloquee cualquier iPhone”.
Cuál es tú opinión, ¿privacidad o seguridad? El debate, luce inagotable.

Deja un comentario