En una audiencia que se extendió por más de 10 horas en el centro de justicia penal en el reclusorio Norte, la jueza desestimó 18 «nuevas» investigaciones de la FGR para llevarla a prisión preventiva.
Gilda Susana Lozoya Austin continuará su proceso legal en libertad restringida por su presunta relación con el caso de lavado de dinero vinculado a la compra de la empresa Agronitrogenados, realizada por su hermano Emilio Lozoya durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
El martes 7 de julio, la jueza federal Nora Ileana García Pineda dictó auto de vinculación a proceso bajo medidas cautelares -entrega de pasaporte, prohibición de salir del país y de la Ciudad de México, además del uso de brazalete electrónico- Sin embargo, la Fiscalía General de la República consideró insuficiente la medida, solicitó modificarla para imponer prisión preventiva y presentó 18 “nuevas” pruebas.
“Venir con información no actualizada no es posible para justificar prisión preventiva”, advirtió la jueza Nora Ileana García Peralta.
Audiencia de más de 10 horas
En una audiencia que se extendió por más de diez horas en el Centro de Justicia Penal del Reclusorio Norte, la FGR trató de acreditar riesgo de fuga, señalando que la imputada “cuenta con una red de apoyo familiar y situación financiera” y que “oculta información al Estado mexicano”, lo que -según el ministerio público federal- garantizaría elementos para evadirse de la justicia.
Además, la FGR, afirmó que existe “incongruencia en sus gastos” y “falta de arraigo domiciliario”.
La autoridad Federal sostuvo que en los domicilios donde fue buscada la imputada no fue localizada y que, durante una inspección en el fraccionamiento Rinconada de Santa Teresa, en la colonia El Pedregal, “no les dejaron pasar al lugar” y los vecinos “no la reconocieron”.
En respuesta, la defensa, encabezada por el abogado Alejandro Rojas Pruneda, acusó a la fiscalía de “estar diciendo mentiras” y de “manipular información”.
Aseguró que se trató “de un asunto político”, pues realizaron 18 actos de investigación en menos de 48 horas utilizando información obtenida de ocho dependencias federales, “algo que no se realiza en todos los casos similares”.
Destacó información de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), la Policía de Investigación y la Secretaría de Relaciones Exteriores, entre otras.
Asimismo, presentaron como un descubrimiento “novedoso” un reportaje en el que señalan que su padre, Emilio Lozoya Thalmann, tuvo vínculos con el expresidente Carlos Salinas de Gortari, donde ocupó varios cargos públicos, entre ellos la Secretaría de Energía.
Por último, destacó que el ministerio público federal realizó una investigación en un domicilio distinto al que habita la imputada junto con sus padres, en el fraccionamiento Rinconada de Santa Teresa, ubicado en la colonia El Pedregal.
Debido a que cada una de las partes se extendieron durante más de seis horas en sus alegatos, la jueza llamó al orden y pidió sintetizar sus comentarios.
Al final, la jueza Nora Ileana García Peralta aseguró que no se le brindó “información suficiente” en varios puntos.
Explicó que no se realizaron “las correctas diligencias”, como corroborar el arraigo familiar, y que no se solicitaron acciones a través del control judicial. Además, aseguró que no veía la posibilidad de que Gilda Susana Lozoya Austin se sustrajera de la acción de la justicia, toda vez que su hermano Emilio Lozoya y su madre, Gilda Austin, quienes también enfrentan procesos legales, no han huido del país.
Respecto a la presunta relación actual entre su familia y Carlos Salinas de Gortari, la jueza lo desestimó y, de paso, hizo referencia al gobierno de Morena.
“Este es otro gobierno que vino a cambiar el panorama político de este país”, dijo.
“Aunque pudieran tener vínculos políticos, no les han servido para evadir las medidas cautelares; no se han ido del país”, remató, y advirtió que, si así fuera, “el brazo del Estado los puede ir a buscar”.
Al final de su exposición, la jueza aseguró que no procedía la solicitud de la Fiscalía General de la República.
“No creo ver de manera objetiva que deban cambiar las circunstancias por las que les fueron impuestas las medidas cautelares; deben subsistir las mismas”.
Al concluir la audiencia, la jueza advirtió que con “esta decisión no se genera impunidad, sino que se garantiza su presencia (de la imputada Gilda Susana Lozoya Austin). Esto aún no termina”, concluyó.
Gilda Lozoya dijo confiar en la Jueza
Después de los alegatos de la defensa y del ministerio público federal, y antes de que la jueza diera su veredicto, Gilda Susana Lozoya Austin habló y acusó a la Fiscalía General de la República de “perversidad y acoso”.
“Usted me dijo que confiaba en mí y que me presentaría aquí; lo he cumplido y lo voy a seguir cumpliendo. La fiscalía nunca me citó (a declarar)”, dijo.
Recordó que todos los días, en la casa de su mamá -donde ella vive-, hay elementos del ministerio público federal: “y todos los días me ven”.
“No hay más elementos que perversidad y acoso de la FGR; la fiscalía viola mis derechos”, advirtió.
Concluyó diciendo: “Yo confío en Dios y confío en usted, que hará lo correcto”.
En las pantallas de la audiencia se pudo observar cómo el padre y el hermano de la imputada comenzaron a llorar por el veredicto de la jueza.
Información de: Latinus.us
