Poco después de que Andrés Manuel López Obrador asumiera la presidencia de México, Alejandro Gertz Manero fue designado como el Fiscal General de la República Mexicana, cargo que ha desempeñado entre múltiples señalamientos y acusaciones tanto por parte militantes del bloque opositor a la autodenominada Cuarta Transformación como de la ciudadanía misma.
Bajo ese tenor, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) se dio a la tarea de encuestar a parte de la sociedad mexicana para conocer la percepción que tienen acerca del trabajo que Alejandro Gertz Manero ha realizado al encabezar la Fiscalía General de la República (FGR).
Y es que no es un secreto que en más de una ocasión al fiscal general de la República Mexicana se le ha señalado de incurrir en presuntos conflictos de interés en temas legales que atienen a importantes personalidades de la esfera política, por lo que la ciudadanía ha acusado un trato diferencial en el acceso a la justicia durante su gestión.
De acuerdo con lo expuesto en un nuevo trabajo de la asociación civil, México es un país sumamente desigual, es decir, constantemente factores como el género, color de piel, ingresos económicos, orientación sexual, discapacidad o pertenencia a comunidades indígenas condicionan el acceso que las y los ciudadanos tienen a sus derechos.
Pese a que supuestamente la letra de la ley aplica a todas las personas por igual, lo cierto es que dependiendo de las características personales de cada ciudadano tendrán un trato legal diferenciado.
Dicha premisa fue constatada con la encuesta que Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) realizó este 2022 a parte de la sociedad mexicana, la cual señaló que el 65% de las personas encuestadas consideran que el gobierno actual da un trato preferencial a algunos y únicamente el 30% cree que la ley se aplica a todos por igual.
Una posible explicación a ello, señaló la organización civil, podría ser que las personas que cuentan con poder económico o político tienen un trato privilegiado ante las distintas instituciones. Con dichos precedentes, no es de sorprenderse que saliera a relucir el nombre de Alejandro Gertz Manero, quien encabeza a uno de los órganos constitucionales autónomos fundamentales para la investigación de delitos y el acceso a la justicia en México.
Tras las múltiples controversias que Alejandro Gertz Manero ha protagonizado, la encuesta realizada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) expuso que el 88% de las personas entrevistadas consideran como verdadero que el fiscal ha usado su cargo para influir en asuntos legales personales.
De acuerdo con la organización civil, el resultado de su encuesta puede evidenciarse con algunos de los casos más escandalosos en los que el fiscal general de la República Mexicana ha tenido injerencia entre los que destacan el de Alejandra Cuevas, la Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP) e incluso el de Julio Scherer.
En el caso particular de Alejandra Cuevas, Alejandro Gertz Manero presentó una denuncia en contra de ella y de Laura Morán por el delito de homicidio por omisión en contra de Federico Gertz Manero, hermano del fiscal.
Aunque en abril de 2016 dicho procedimiento legal fue archivado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) con la llegada de Gertz Manero a la Fiscalía General de la República (FGR) misteriosamente se ejercieron acciones penales en contra de Alejandra Cuevas, quien fue detenida en la capital mexicana en octubre de 2020 y pasó casi un año en Santa Martha Acatitla, hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó los amparos correspondientes para que fuera puesta en libertad.
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) señaló el caso de la Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP) como otra de las circunstancias que pone en duda la integridad de Alejandro Gertz Manero como fiscal general.
Todo se remonta a 1995 cuando Gertz Manero fue rector de la mencionada institución; desde ese año y hasta 2018 el fiscal le concedió a Juan Ramón López un poder para pleitos y cobranzas, por lo que se emprendieron acciones legales en contra de la UDLAP por por el nombre comercial, el logotipo y el lema de la universidad.
Asimismo trascendió que Guillermo Jenkins de Landa denunció a sus familiares -propietarios de la UDLAP- por administración fraudulenta y lavado de dinero. Pese a ello, en 2018 el Ministerio Público Federal determinó no ejercer acción penal en contra de la fundación Jenkins.
No fue sino hasta que Juan Ramón López fue nombrado subprocurador que decidió revocar dicha decisión y reabrir la investigación, no obstante, lo que no había tomado en cuenta es que, de acuerdo con el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la revocación del no ejercicio de la acción penal únicamente puede ejercerla un juez de control, por lo que dicha acción se encontraba fuera de sus facultades.
Es así como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) apunta que dicho caso retrata la inferencia que Alejandro Gertz Manero tuvo a través del subprocurador Juan Ramón López, quien realizó acciones para desestabilizar a los propietarios de la Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP).
Respecto al caso de Julio Scherer, la organización civil evocó al mes de abril del presente año, cuando el exconsejero jurídico del Ejecutivo Federal interpuso una denuncia en contra del fiscal por los delitos de tráfico de influencias y asociación delictuosa.
En dicha denuncia, Julio Scherer relató que en octubre de 2021 Alejandro Gertz Manero le solicitó gestionar ante el Poder Judicial de la Federación (PJF) que los amparos promovidos por Alejandra Cuevas fueran negados. Tras haberse negado, presuntamente le expresó que “usted podía haber elegido entre un fiscal amigo o un fiscal enemigo”.
Fue cuestión de tiempo para que se le notificara al exconsejero jurídico del Ejecutivo Federal que se habían abierto dos carpetas de investigación en su contra por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias. Cabe señalar que ambos procedimientos fueron integrados por agentes del Ministerio Público pertenecientes a la Fiscalía Especializada en Control Competencial, la cual está a cargo de Juan Ramón López.
No obstante, que de acuerdo con la denuncia de Julio Scherer, dicha fiscalía no es competente para investigar los presuntos delitos que se le acusan, por lo que -nuevamente- se trata de la actuación de las fiscalías bajo la instrucción de Alejandro Gertz Manero.
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) señaló que este caso permite vislumbrar que existen personas que ya han procedido en contra del fiscal general por hacer uso de la dependencia que encabeza para gestionar y perseguir asuntos personales.
Adicionalmente, la asociación civil expuso que por dichos precedentes, el 79% de las personas consultadas en su encuesta considera que Alejandro Gertz Manero es corrupto, mientras que únicamente un 21% contempla que es honesto.
En conclusión, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) hizo un llamado para que frente al terrible y violento escenario en el que se encuentra México, se cuente con una Fiscalía comprometida con la investigación de los casos, no obstante, pareciera ser que la gestión de Alejandro Gertz Manero ha funcionado únicamente para complacer los deseos de venganza del fiscal, dejando de lado las necesidades de millones de la sociedad mexicana.
Información de: Infobae
