Las políticas anticorrupción que esta implementando el Gobierno federal y que es copiada por las administraciones Estatales no resulta otra cosa que mejor broma sexenal, una manera de encubrirse, aumentar el gasto y ensanchar las nominas para el beneficio de la clase política.
Nadie debemos dudar que en pocos años nos inventen la creación de la fiscalía especializada en delitos de corrupción de los órganos anticorrupción, hoy ya contamos con la contraloría superior de la federación, a contralora superior del Estado, las Secretarias de la función publica, las sub secretarias de fiscalización, las direcciones de transparencia, los consejos para la información publica y otras tantas dependencias de adorno que en final de cuentas no garantizan ni impiden la corrupción.
Coahuila es un claro ejemplo de la impunidad, un Secretario de la función publica que dejo hacer y pasar de todo, gran amigo del actual Gobernador y que gracias a su probada incompetencia para evitar malos manejos hoy es el Secretario de finanzas, caso semejante el contralor del Estado, un tipo gris, permisivo, complice y sumiso a las ordenes del ejecutivo Estatal quien nunca ha dado ningún resultado acorde a su función.
El nombramiento de un fiscal anticorrupción no es otra cosa que el reconocimiento tácito de la inutilidad de quienes hasta hoy han revisado que los manejos de recursos públicos se ejerzan en apego a lo legal y alejados de actos de corrupción, es una burla que el asunto de las empresas fantasmas mediante las que substrajeron cientos de millones aun continue en investigación y sin culpables.
¿Fiscales anticorrupción encargados de cuidar a los que cuidan que quienes deben cuidar hagan las cosas alejados de corrupción? así de burda es la explicación de su implementación y lo que termina por incrementar la burla es que en todos los casos a quienes han nombrado o pretenden nombrar fiscales son gente involucrada, relacionada o dependiente de quienes ostentan el poder.
Ahora que ya confabularon la burla seria muy bueno saber cuanto gastaran de nuestros impuestos en personal, oficinas, insumos, equipo, mobiliario y sueldos; En final de cuentas lo único que generan son escudos para poder continuar robando haciéndonos suponer que con base a que un fiscal anticorrupción no los ha señalado o procesado todo es apegado a la ley.
Otra cosa importante de cuestionar seria saber Si las áreas de fiscalización así como las de contraloría van a desaparecer pues evidentemente se estarán duplicando funciones y si ellos no fueron o son capaces de evitar la corrupción continuar gastando en dichas áreas resultaría absurdo.




