Rubén Olvera Marines
Sólo hay algo peor que el homicidio de una persona: la impunidad de su muerte. Lo que es peor, la indiferencia, el anonimato, el olvido, la criminalización de las víctimas; cadáveres apilados, partes esparcidas, fosas clandestinas; familiares a la deriva, sin rumbo, sin brújula que les conduzca en su lastimosa búsqueda. El Estado mexicano absorbido por múltiples prioridades, cantidad de problemas en el sur, norte y centro del país que reclaman su atención, infinidad de ‘fuegos’ que sofocar; investigaciones truncas, pospuestas, archivadas, manoseadas.
La indiferencia, lapidaria. Jóvenes que protestan en Saltillo y en varias partes del país, por una joven asesinada en Argentina. Protesta loable, sincera, acogedora, pero ¿sabrán las damas coahuilenses que salieron a las calles cuántas mujeres fueron localizadas en las fosas clandestinas de Allende y Patrocinio en Coahuila? Un ex gobernador que se deslinda, “yo ya no era gobernador cuando sucedieron los hechos de Allende”; como si este tipo de crímenes se fraguaran en un día, y además reclamasen paternidad. En lugar del apuro por desmarcarse de la masacre, hubiéramos preferido que el ex gobernador utilizara el micrófono para exigir una investigación más profunda, hasta disipar dudas y especulaciones.
Un Estado que antes de las indagatorias, enumera, 5, 6, 7…300 muertos; establece la “magnitud” de los sucesos con estadísticas, “entre tres y seis muertos, solamente”. Escuche a un amigo periodista que decía: “Pues sólo seis, pero si continuaran escarbando…”
La denuncias que no llegan; los familiares de las víctimas, desconfían, caen en desanimo ante lo lento de las investigaciones. Las posibles amenazas y la criminalización a priori de las víctimas los alejan de las agencias receptoras de denuncias. Afortunadamente, persisten en la lucha, se organizan, buscan por su propia cuenta…y encuentran, los hallazgos en Patrocinio, en San Pedro de las Colonias, Coahuila, lo confirman. Los restos parecen estar en todas partes.
Organismo sociales y académicos, nacionales e internacionales, que describen, denuncian, sugieren, pero cuyos informes no superan lo anecdótico, presentan las estadísticas nacionales que todos conocemos, no hay nombres, sin culpables, hipótesis sin sustento, algunas líneas de investigación, generalmente rechazadas por las autoridades. Informes que no responden a las expectativas que se crearon al anunciarse.
Una guerra que no termina. Calderón la declara, Peña la mantiene. La seguridad puede parecernos hoy un valor, una moneda de cambio política, un logro, pero las sepulturas clandestinas la devalúan, la entierran junto a los muertos que reclaman firmeza.
El discurso de los derechos humanos resulta una sensata y obligada aspiración, pero los cadáveres, algunos materializados en cenizas, salen de sus tumbas (clandestinas) para jalar de los pies a las autoridades, a la sociedad toda, hacia el abismo de la impunidad, del descuido, de la indiferencia e insuficiencias.
El ejercito en su papel asignado, patrullando. El Estado sin dibujar aún una línea clara y firme para el fortalecimiento de los estamentos policiales.
Me cuesta trabajo culpar al Estado mexicano de los ‘exterminios’. No comulgo con la hipótesis del “Estado fallido”. De lo que sí estoy seguro es que la impunidad, las investigaciones que sólo barren y que no escarban, son plena y absoluta responsabilidad de las autoridades actuales. Por ello, te comparto un pequeño extracto de las conclusiones a las que llegó Open Society Justice Initiative, en un estudio presentado este año, “Atrocidades Innegables”, en donde se analizó, entre otros, el caso de Allende, Coahuila:
“…un mejor resultado lo constituye la posibilidad de que el gobierno mexicano se proponga, por cuenta propia, procesar las causas independientemente de que los autores sean actores del gobierno o grupos delictivos…. De acuerdo con el derecho internacional, México tiene la obligación primaria de investigar y enjuiciar los crímenes atroces”.
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