La Administración de Alfredo Ramírez Bedolla acusa a Raúl Meza de participar en un plan para atacar la sede del Ejecutivo durante las protestas por el crimen del alcalde de Uruapan.
El Gobierno de Michoacán quiere que Raúl Meza Abonce, de 28 años de edad, pase 12 años en prisión por haber participado en las protestas que siguieron al asesinato de Carlos Manzo, el alcalde de Uruapan, el 1 de noviembre del año pasado en la plaza del pueblo. En la adhesión de la denuncia presentada ante un juez de control, la Administración de Ramírez Bedolla, el gobernador al que se le incendió Michoacán en un mes no describe a Meza únicamente como un manifestante que irrumpió en el Palacio de Gobierno: sostiene que formó parte de una actuación colectiva, organizada y violenta, bajo un “plan común” y con “división de funciones”.
La iniciativa coloca al activista—que sigue su proceso en libertad— en el centro de una ofensiva penal que su defensa considera desproporcionada. El Gobierno del Estado, en su papel de coadyuvante de la Fiscalía en el proceso por sabotaje, se adhirió a la acusación del Ministerio Público y pidió que Meza sea condenado a más de diez años de prisión, además de la suspensión de sus derechos políticos durante el mismo periodo. También reclama una reparación del daño por 1.370.000 pesos por los desperfectos ocasionados en el inmueble, mobiliario, equipo de cómputo, puertas, cristales y otros bienes del recinto de gobierno.
La acusación va más allá de atribuirle daños concretos. El documento dedica varias páginas a desarrollar una teoría de responsabilidad colectiva según la cual no es indispensable demostrar que una sola persona haya destruido personalmente cada uno de los bienes afectados. Lo que, según el Gobierno, debe probarse es que el acusado conoció el supuesto plan común y tuvo una participación relevante en su ejecución.
Es en ese punto donde la defensa ve el exceso. Carlos Escobedo, abogado de Meza, sostiene que el caso de su defendido ha escalado por haber sido uno de los rostros más visibles de aquella protesta. Refiere que el inculpado salió a las calles motivado por el hartazgo generalizado que existe en la población como consecuencia de la violencia que se vive todos los días y de la que ha sido víctima directa. Luis Manuel Meza, hermano del procesado, y su novia fueron asesinados, en hechos de violencia separados, en 2023, relata el defensor para describir el contexto personal que, según él, llevó a Meza a protestar.
En el caso destaca un elemento que para la defensa ha marcado la diferencia frente a otros casos de participantes en la misma protesta: Meza fue quien entró a la oficina de Bedolla, tomó la bandera y salió a ondearla desde el balcón del recinto de Gobierno. Ese gesto, convertido en una imagen de la protesta, es ahora parte del contexto de un proceso penal que puede terminar con el activista en prisión durante más de una década.
El Gobierno, sin embargo, presenta los hechos de otra manera. En su adhesión a la denuncia ministerial establece que lo ocurrido rebasó los límites de una protesta legítima y que las acciones estuvieron encaminadas a impedir el funcionamiento de las instituciones públicas. Sostiene que hubo una actuación colectiva y coordinada, daños a bienes públicos y el uso de objetos incendiarios que, según la acusación, generaron riesgos para las personas y para el patrimonio histórico del Estado.
La Administración estatal rechaza que se trate simplemente del derecho a la protesta social. En el documento entregado el 3 de agosto afirma que las conductas atribuidas a los manifestantes constituyeron actos de violencia y que ninguna forma de expresión colectiva puede justificar la destrucción deliberada de bienes públicos o la paralización violenta de las funciones gubernamentales.
La defensa cuestiona que la respuesta del Estado sea tan severa frente a un manifestante. La solicitud oficial no se limita a los 12 años de prisión. El Gobierno reclama también el pago de la reparación integral del daño por 1.370 millones de pesos, con posibilidad de actualizar o ampliar esa cifra durante el juicio.
Con esto, el caso atraviesa una nueva etapa judicial. La audiencia intermedia prevista para el 3 de septiembre será determinante para establecer qué pruebas podrán incorporarse al juicio. La defensa, además, ha llamado al Poder Judicial a revisar con independencia la constitucionalidad del proceso. Con todo, la decisión judicial sobre el caso se mantendrá en pausa, antes, los juzgadores deberán resolver el recurso de amparo que ha interpuesto la defensa de Meza para frenar el proceso penal. Mientras, la respuesta del Estado se coloca bajo el escrutinio de las organizaciones de la sociedad civil quienes cuestionan el uso de la ley para perseguir a quienes ejercen su derecho a protestar.
Información de: El País
