RUBÉN OLVERA MARINES

Decían los ‘clásicos‘, que ingeniosamente en 1976 reinterpretaron aquel slogan electoral de López Portillo, “La solución somos todos”, que al poco tiempo el enunciado podría transformarse en “La corrupción somos todos”. El culto al ingenio mexicano, se impuso. La frase, que muestra la resignación ante lo que en los 70´s lucia inevitable, el Estado infranqueable, sigue viva hasta nuestros días.

“Viva y vigente”, escuché decir a un ciudadano que recientemente se ha sumado a la iniciativa Tres de Tres, promovida a nivel nacional por organizaciones sociales y de la iniciativa privada. Porque nuestro ciudadano participativo, que en los 70´s apenas rozaba la mayoría de edad, hoy, en su madurez, observa como poco a poco el Estado se vuelve más poroso, cada vez más receptivo y dispuesto a transparentar el ejercicio de los recursos y, aunque en menor medida, democratizar la toma de decisiones. Hoy, tal vez, sí valga la pena participar.

Me gusta la transparencia. Suena bien. Es bueno saber que la caja negra del Estado está agrietada, dejando pasar la luz que, desde años atrás, añoraban los ciudadanos. Admirable. Pero no es suficiente. En esa caja todavía abundan misteriosas sombras que impiden distinguir entre el ser y el deber ser en el ejercicio de los recursos.

Sin duda, la sombra más incesante y borrosa se llama Conflicto de Intereses. Decisiones públicas, la mayoría relacionas con las compras gubernamentales, nubladas por un interés personal o de negocio, incluso familiar. ¿Te suena?

Los diputados de Coahuila, recordando esa frase, casi máxima, acuñada en el portillismo, vigente a la fecha, que le otorga al fenómeno de la corrupción una doble cara: corruptor y corrompido, porque “la corrupción somos todos”, se han inventado recientemente una figura harto interesante, que exige a los proveedores y contratistas, previo a iniciar un trato con el gobierno, informar a la autoridad sobre un posible interés personal o familiar de algún funcionario público hacia la empresa oferente.

De manera que si te interesa venderle al gobierno, primero tendrás que presentar un Manifiesto de no Conflicto de Intereses. Aquel que antes era el privado, particular, o como gustes llamarle, ahora adquiere un sentido público y, además, jurídicamente vinculante en caso de incurrir, sin informar previamente, en un Conflicto de Intereses. Se buscará, dicen los diputados coahuilenses, que en caso de omitir o presentar información falsa en dicho manifiesto, se tipifique como delito en el Código Penal del Estado de Coahuila.

Por ejemplo, si deseas que te contrate el gobierno, cuida que ninguno de tus socios sea servidor público, y menos empleado de la dependencia contratante. De ser el caso, los diputados tendrán que aclararnos si esto será suficiente para descartar a la empresa o si el manifiesto obligará al funcionario público a retirase temporalmente de su encargo en tanto se realiza el proceso de contratación.

Interesante. Ahora, junto a la declaración y exigencia legal para que los funcionarios públicos se abstengan de participar en procesos en donde exista un posible Conflicto de Intereses,  el oferente, la empresa interesada, cumplirá legalmente con lo propio; al fin y al cabo, “la corrupción somos todos”.

Como sucede siempre, de la ley a la aplicación de la ley, puede que exista una “pequeña” diferencia. ¿Será que todos los funcionarios coahuilenses ya presentaron su declaración de bienes como la ley lo establece? El plazo venció el 31 de enero.

Algún analista ha señalado, que no se trata de tener la mejor ley de transparencia del país,  se trata de descartar, con hechos, cualquier duda y preocupación ciudadana en cuanto al uso y destino de los recursos públicos.

¿Alguno de los diputados locales coahuilenses ha publicado su Tres de Tres?

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