El Informe sobre la Trata de Personas 2026 de EU documenta call centers del CJNG en Jalisco y el reclutamiento forzado de personas para operar estas redes.
El Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha consolidado un modelo operativo que combina la trata de personas, el reclutamiento forzado y los ciberdelitos financieros a escala internacional.
Según el Informe sobre la Trata de Personas 2026, elaborado por el Departamento de Estado de EU, el crimen organizado en México no solo explota a sus víctimas en sectores tradicionales como el tráfico sexual o el trabajo forzado, sino que también ha montado complejas estructuras informales para ejecutar fraudes masivos.
En este reporte, México se mantiene en el Nivel 2 (Tier 2), una categoría que reconoce esfuerzos significativos, pero señala serias deficiencias institucionales para proteger a las víctimas e investigar la complicidad de autoridades.
Las cifras nacionales de trata
El problema también se refleja en las cifras nacionales de víctimas identificadas. De acuerdo con los datos atribuidos al informe de 2026, las autoridades mexicanas identificaron a 1,743 víctimas de trata durante 2025, más del doble de las 860 registradas en 2024.
Del total de 2025, 1,291 fueron identificadas por autoridades federales y 452 por gobiernos estatales.
En ese mismo periodo, las autoridades reportaron 489 investigaciones, 268 sospechosos procesados y 124 personas condenadas por trata.
Estas cifras ofrecen un panorama más amplio del delito en México, aunque no corresponden exclusivamente a los casos de reclutamiento forzado o a las operaciones del CJNG.
Call centers informales y estafas de tiempos compartidos
Uno de los hallazgos más relevantes del documento es la operación de llamadas informales (cal centers) encabezados por el CJNG en el estado de Jalisco.
En estas instalaciones, la organización criminal emplea a trabajadores que serían potencialmente víctimas de trata de personas para llevar a cabo estafas en línea.
El objetivo principal de estas redes de cierestafas son los ciudadanos extranjeros, específicamente propietarios de unmiebles de tiempo compartido en Estados Unidos y Canadá, a quienes defraudan mediante engaños financieros sofisticados.
Este esquema muestra cómo las redes de la delincuencia organizada diversifican sus ingresos y utilizan la explotación laboral como insumo para sus operaciones cibernéticas.
Las ganancias también pasan por las criptomonedas
El componente financiero también forma parte del problema. El Departamento de Estado ha documentado el uso creciente de criptomonedas por parte de redes de trata para lavar los ingresos obtenidos mediante sus delitos.
Esta práctica añade una dimensión financiera a las operaciones criminales: además de captar y explotar personas, las organizaciones necesitan mover y ocultar los recursos que generan sus actividades ilícitas.
Falsas ofertas en redes sociales y criminalidad forzada
El mecanismo de captación del CJNG y de otros grupos como el Cártel de Sinaloa y el Tren de Aragua se ha trasladado en gran medida al entorno digital.
Las organizaciones criminales publican anuncios de empleo fraudulentos en redes sociales, con los que prometen vacantes atractivas para atraer tanto a adultos como a menores de edad.
Una vez enganchadas, las víctimas sufren manipulación económica o social, abusos físicos, amenazas de muerte, chantajes e incluso secuestros.
En muchos casos, los cárteles explotan intencionalmente las adicciones a las drogas de las personas para mantenerlas atrapadas en esquemas de servidumbre por deudas y obligarlas a participar en actividades ilícitas o ciberdelitos, un fenómeno conocido como criminalidad forzada.
La continua violencia y disputa territorial entre estas agrupaciones impulsa un incremento en el reclutamiento forzoso para expandir su control.
El reclutamiento también responde a las disputas entre grupos criminales por el control de territorios. El reporte estadounidense advierte que la violencia entre estas organizaciones impulsa la captación forzada de niños y adultos para ampliar su dominio.
Así, las personas reclutadas no solo quedan expuestas a la explotación laboral o a los ciberdelitos, sino también a actividades criminales que las mantienen dentro de las estructuras delictivas.
Migrantes secuestrados y atrapados por las deudas
Otra forma de sometimiento documentada en reportes sobre trata es el secuestro de migrantes y personas extranjeras, especialmente en zonas del sur del país.
En estos casos, los grupos criminales pueden obligar a las víctimas a comunicarse con sus familiares para exigirles transferencias de dinero. Cuando no consiguen pagar, algunas quedan expuestas a nuevas formas de explotación y servidumbre por deudas.
Detenciones clave y respuesta gubernamental
Frente a esta amenaza, el reporte documenta acciones puntuales de las fuerzas de seguridad mexicanas.
En noviembre de 2025, tras una operación conjunta desplegada en Chiapas, las autoridades detuvieron a un presunto líder del CJNG vinculado directamente con delitos de reclutamiento forzado y trata de personas.
Asimismo, las autoridades federales y estatales iniciaron campañas para dar de baja cientos de cuentas en redes sociales que difundían ofertas laborales falsas asociadas al reclutamiento infantil.
El Gobierno de México anunció la elaboración de un plan nacional 2025-2030 para prevenir la captación de menores por el crimen organizado, aunque el informe señala que dicha estrategia no había sido publicada ni finalizada al término del periodo de evaluación.
El reto de la protección a las víctimas
El informe subraya que la falta de protocolos proactivos para identificar a las víctimas en situaciones de criminalidad forzada deja a muchas personas expuestas a ser procesadas penalmente por delitos que fueron obligadas a cometer.
La ausencia de refugios especializados para hombres y para adolescentes mayores de 16 años acentúa la vulnerabilidad de las personas rescatadas de estos call centers o campos de reclutamiento del CJNG.
Para combatir de forma integral este fenómeno, el documento enfatiza la urgencia de fortalecer la persecución penal del reclutamiento digital y garantizar que no se penalice a quienes han sido víctimas del crimen organizado.
Información de: La Silla Rota
