Que nadie se quede atrás: el llamado de la ONU a la inclusión

Pocas palabras escuchamos con tanta frecuencia como la inclusión. Es el término de nuestro tiempo. Para muchos es sinónimo de desarrollo y bienestar e incluso lo vinculan con la justicia, pues evoca el ejercicio de los derechos, sobre todo de quienes más lo necesitan: las personas vulnerables.

En ese sentido, las Naciones Unidas tienen una forma bastante clara y sugestiva de identificar la inclusión: “Que nadie se quede atrás”. 

Esta idea me recuerda una frase que escuché en otro contexto, pero que igualmente refleja el sentido que la ONU busca transmitir para llamar la atención de los países miembros: “Si llueve, que se mojen todos”.

Con estas palabras llanas intento decir que la inclusión es un concepto fácil de entender, siempre y cuando se conozcan las necesidades sociales. El verdadero problema es su aplicación, pues en ocasiones las barreras parecen infranqueables.

Ser incluyente implica garantizar que todas las personas, sin importar su situación económica, social, física, edad u orientación sexual, participen, sin limitaciones, en los beneficios del desarrollo. Significa que sus derechos están plenamente asegurados.

Las dificultades se presentan cuando las personas pertenecen a grupos vulnerables. Pensemos en los obstáculos que enfrenta alguien con discapacidad para conseguir empleo o para desplazarse en la ciudad. Imaginemos el viacrucis de un migrante para atravesar el país. 

O un niño en situación de pobreza tratando de conseguir alimento, inscribirse en la escuela o acudir a un hospital. Y también un agricultor de temporal que busca obtener un crédito para sembrar.   

Estos son algunos de los casos que ocurren incluso en momentos de crecimiento y desarrollo. Cuando esto sucede, las barreras se convierten en discriminación, exclusión y marginación. Y si a todo eso lo anclamos en un contexto de desigualdad, pobreza e informalidad laboral, la situación bordea lo inhumano. 

Situaciones discriminatorias como esas, entre muchas otras, son parte del paisaje cotidiano de América Latina. Lamentablemente, no hay un programa de desarrollo social que haya logrado erradicarlas.

Está demostrado que las transferencias en efectivo, tan populares hoy en muchos países, no bastan para garantizar los derechos de los grupos más vulnerables. Ayudan, sin duda, pero hay situaciones en las que se quedan cortas.

Veamos un ejemplo: una familia indígena o de zonas rurales puede recibir apoyo económico de forma periódica, pero si en el lugar donde viven no hay escuelas inclusivas ni hospitales de calidad, conexión a Internet u oportunidades de empleo con seguridad social, difícilmente podrán salir de la pobreza. 

Estas barreras de discriminación no se derriban con dinero, porque la inclusión no es una cuestión monetaria, sino un principio de justicia. Y para eso existen políticas integrales, innovadoras y efectivas que impulsen el desarrollo inclusivo.

Por eso celebramos que las Naciones Unidas hayan decidido promover un “Pacto por el desarrollo social inclusivo”, que se firmará en el marco de la Segunda Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, prevista para noviembre de este año en Qatar. 

He dejado para el final lo más importante de esta entrega solo para subrayar que este encuentro representa una nueva oportunidad para que, ahora sí y sin excusas, nadie se quede atrás. Un desarrollo que incluya a todos.