PVEM, negocio familiar, y con conflicto de interés

9 marzo 2015
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El integrante del PVEM fue quien firmó los contratos con la empresa Cinemex. Foto: Cuartoscuro

El integrante del PVEM fue quien firmó los contratos con la empresa Cinemex. Foto: Cuartoscuro

Para Eduardo Bojórquez “no hay duda” que, desde la perspectiva pública, hay un problema en el Partido Verde, que se volvió una empresa y beneficia a familiares con contratos.

La empresa Grupo Rabokse SA de CV, propiedad de Adrián Escobar y Vega, hermano del diputado Arturo Escobar, hizo de los cineminutos un negocio que fue contratado por el PVEM no sólo para adelantarse a los tiempos electorales, sino que esta transacción puede ocultar lavado de dinero y ser además un conflicto de interés.

El representante del PAN ante el INE, Francisco Gárate Chapa, reveló el viernes pasado que la empresa Grupo Rabokse (que al revés se lee eskobar) es propiedad de Adrián Escobar y Vega, hermano de Arturo Escobar, coordinador de los diputados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quien a su vez contrató a dicha empresa para realizar los llamados cineminutos, en los que el PVEM posicionó su imagen a través de los promocionales “Propuesta cumplida” y “El verde cumple lo que promete”, entre otros.

El director de Transparencia Mexicana, Eduardo Bojórquez, expuso que el INE tiene que resolver a fondo la denuncia que hizo el representante del PAN, Francisco Gárate Chapa, en la que el Partido Verde Ecologista de México podría haber incurrido en delito de lavado de dinero y conflicto de interés, al subcontratar a la empresa del hermano del dirigente pevemista, Arturo Escobar, para hacer la publicidad del partido.

“Sin duda, desde la perspectiva pública, hay un problema en el Partido Verde, primero que se haya convertido en una empresa familiar, y luego que haya una cosa para beneficiar de contratos a sus familiares”, comentó.

En entrevista, aseguró que esa situación “a todos nos parece que hay un conflicto de interés”, pero la autoridad electoral tiene que investigar a fondo la contratación de los llamados cineminutos.

Eduardo Bojórquez consideró que la adquisición de publicidad del Verde a una empresa de familiares muestra que los partidos no tienen prohibido en ninguna ley abstenerse del conflicto de interés, como sí ocurre en el gobierno federal. “Mientras no haya leyes que no lo prohíban, hay un vacío legal”, expuso.

Y es que el expediente de la Comisión de Quejas del INE expuso una adquisición triangulada de cineminutos: primero, dos contratos por 37 millones 850,884 pesos —firmados por Arturo Escobar como representante legal del Verde— con las empresas Cadena Mexicana de Exhibición (Cinemex) y Distribuidora y Comercializadora de Training & Consulting Solutions EIFS, con la que contrató cineminutos en Cinépolis. A su vez, Rabokse suscribió el 6 de enero pasado un contrato por 35 millones de pesos con Comercializadora Publicitaria TIK, que representa a Cinépolis, para la proyección de los mensajes del Verde Ecologista.

De acuerdo con el senador Carlos Alberto Puente Salas, la empresa Rabokse, tiene la exclusividad de venta de cineminutos en la cadena Cinépolis. “Pudiéramos estar frente a un tema de triangulación, lavado de dinero y, como ya lo dije, negocios familiares”, acusó el panista Puente Salas.

Al considerar esos dos montos, el INE fijó el viernes una multa de 67 millones 112,123 pesos al PVEM por actos anticipados de campaña a través de los tiempos en cine, y ordenó a su Unidad Técnica de Fiscalización realizar una investigación con el fin de determinar si correspondería dar vista de estos hechos a la PGR o la Secretaría de Hacienda por la comisión de algún delito. Este domingo, el diputado Arturo Escobar aseguró que no hubo conflicto de intereses ni actos de corrupción relacionados con la proyección de spots publicitarios del partido en los cines, toda vez que la empresa de su hermano, Adrián Escobar, fue intermediaria, admitió.

“Por supuesto que no hay conflicto de intereses; por supuesto que no hay corrupción. No podría haber corrupción en un escenario donde él (su hermano) tenía todo el derecho de vender y nosotros de comprar, porque somos un partido político, pero es, efectivamente; en el caso de él y de su empresa, no encontrará nunca, porque no existe, porque no lo hicimos, un pago del partido político a la empresa que es propiedad de mi hermano y que tiene el derecho a tener”, manifestó.

Contratado por otros partidos

También el PAN, el PRD en el Distrito Federal y el senador Armando Ríos Piter firmaron contratos millonarios con la empresa Grupo Rabokse.

En una revisión hecha por El Economista, se constató que —como lo dijo el senador Carlos Alberto Puente Salas— la empresa Rabokse fue contratada por PAN en el 2011 para campañas en el estado de México; el PRD en el Distrito Federal para posicionar la imagen de sus candidatos en el 2012, así como por el senador Armando Ríos Piter para promocionar en los cines uno de sus informes legislativos.

En la lista de proveedores que el PAN presentó en el 2011 al entonces Instituto Federal Electoral, precisó que ese partido contrató a Grupo Rabokse para realizar campañas publicitarias de sus candidatos en el Estado de México por un monto de hasta 4 millones 704,960 pesos.

En el 2014, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (IEPCEG) investigó una queja interpuesta por el PRI estatal, en la que acusaba al senador Armando Ríos Piter (PRD) de actos anticipados de campaña al promocionar su imagen a través de cineminutos. El representante del PRI ante ese instituto, Manuel Alberto Saavedra Chávez, acusó que el senador posicionaba su imagen con fines proselitistas para obtener la candidatura de su partido a la gubernatura del estado.

Aunque el IEPCEG declaró infundada la queja del PRI, confirmó que el legislador contrató publicidad para su informe legislativo de ese año, a través de la empresa Grupo Rabokse, según consta en el expediente IEEG/SG/PASO/003/2014.

En una situación similar a la que se vivió en el INE, el IEPCEG ordenó a la empresa suspender los cineminutos del senador Ríos Piter; sin embargo, la empresa Rabokse se negó a ello, aduciendo errores involuntarios.

“Le comunicamos que debido a un error involuntario se continuó con la difusión de dichos promocionales, precisando que a la fecha se han tomado las medidas correspondientes para cesar con la exhibición de dicha campaña publicitaria”, expresó en un escrito la empresa al IEPCEG.

En el Distrito Federal en el 2012, el Instituto Electoral del Distrito Federal determinó que la empresa y Screencast SAPI de CV subcontrató a Grupo Rabokse para la adquisición de spots en la empresa Cinemex que beneficiaron al PRD y sus candidatos en el Distrito Federal, cuyo monto se estimó en 2 millones 692,250 pesos, según consta en el expediente IEDF/UTEF/694/2013.

Otros escándalos del PVEM

El 4 de julio del 2009, el entonces senador del PVEM, Arturo Escobar, fue detenido en el Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corso de Chiapas, con una maleta que contenía 1 millón 100,000 pesos en efectivo. El legislador con fuero no pudo comprobar el origen de los recursos, y le endosó la responsabilidad a Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor, dirigente del PVEM en Chiapas.
Germán Goyeneche Ortega, un empresario y militante del PVEM en Querétaro, fue detenido el 1 de octubre del 2014 junto con Héctor Beltrán Leyva, El H, líder máximo de Los Beltrán Leyva. El partido, más tarde, le cancelaría su militancia, pero la PGR le imputó al expevemista cargos por el delito de lavado de dinero.
La PGR consignó por secuestro a Claudio Germán González González, líder de un grupo de choque conocido como Los Claudios. Se le relaciona con el PVEM desde que González y su grupo golpearon a cirqueros en la ALDF, en respaldo al diputado de ese partido, Jesús Sesma, quien promovía la prohibición de los animales en circos.
En abril del 2011, una mujer búlgara de nombre Galina Chankova Chaneva, murió al caer del piso 19 de la Torre Emerald, en Cancún. El incidente habría ocurrido durante una fiesta en el departamento 19-B, propiedad del ex senador Jorge Emilio González Martínez. La Procuraduría General de Justicia de Quintana Roo determinó que se trató de un suicidio.
El 17 de febrero del 2013, ya siendo senador de la República, Jorge Emilio González Martínez fue detenido en su vehículo en la zona de Polanco para practicarle la prueba de alcoholímetro. El legislador, visiblemente alcoholizado, se negó a realizar la prueba por lo que fue remitido al centro cívico conocido como El Torito, de donde salió al promover un amparo, aunque regreso unos días después para cumplir su arresto.

EL ECONOMISTA

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