Roberto Quijano Sosa, representante laboral de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Tijuana asegura que millones de trabajadores mexicanos están siendo despojados de sus fondos pensionarios, luego de un mal diseñado esquema iniciado por el Presidente Vicente Fox y profundizado por Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto y que continúa con la presente administración de AMLO, para utilizar ese dinero y negarles el derecho a recibirlo porque no solo se lo gastaron para invertirlo y dejaron de recibir ganancias, sino que perdieron parte del capital.
Se trata dice, de un modelo en que los responsables de entregar ese dinero (bancos y gobierno) han creado subterfugios para prolongar el momento de entregar ese recurso a quienes ya tienen el derecho de jubilarse y pensionarse.
“Lo veo venir, esto va a ser una bomba de tiempo que le va a estallar en la cara al gobierno federal”, precisó el abogado laboralista.
“Yo lo veo a diario en las Juntas de Conciliación”, dijo Quijano Sosa, al describir cómo los bancos han decidido costear juicios que pueden llegar a los ocho o 10 años, para prolongar el momento de la entrega de un dinero que ya pertenece a los trabajadores, lo que imposibilita materialmente que estos disfruten del producto de su trabajo porque murieron peleando un derecho que ya tienen, o porque ganan los juicios ya a muy avanzada edad.
Esa es la realidad que enfrentará una población que podría llegar a los ocho millones de trabajadores en los próximos 24 meses, cuando llegue el momento de reclamar sus pensiones y descubra que ese dinero simplemente ya no está disponible porque el gobierno aprobó la facultad de utilizar hasta el 95 por ciento de los fondos para el retiro, los invirtió y no solo no tuvieron ganancia, sino que se perdió parte del capital y están obligando a los pensionarios a pagar ese costo.
Por eso se promovió la ampliación de la edad para jubilarse, para retrasar el momento de la entrega del dinero, debido a la falta de liquidez, y lamentablemente el esquema que propició todo eso, sigue vigente, añadió Sosa.
Si bien este gobierno ha dado pasos plausibles al aumentar el salario mínimo, regular los mecanismos de outsorcing, y promover la democratización de la vida sindical, se requeriría que el ejecutivo por una parte, y el Poder Legislativo por la otra, promuevan las reformas para revertir tales mecanismos, aseguró Sosa, quien fue regidor independiente durante la pasada administración municipal.
Roberto Sosa se dijo convencido de que solamente los trabajadores organizados tendrían la capacidad para forzar a dichos actores, a que den marcha atrás en el modelo heredado.
Sosa destacó que el sector empresarial hizo su parte y pagó lo que le correspondía para que sus trabajadores tuvieran acceso a la justicia social que corresponde por sus años de productividad, y finalmente quienes tienen que responder por lo ocurrido son el gobierno y los bancos que administran el dinero de los fondos para el retiro.
