El Ramo 23 es “un cajón de gastos, el único que no está regulado por la ley. Ha venido operando desde 2009 tres programas discrecionales, con base en los cuales Hacienda entrega recursos… con criterios no documentados”, señaló Mariana Campos, Coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa.
En entrevistas para #AristeguiEnVivo, previo a la presentación del estudio denominado “Arquitectura del Ramo 23“, dijo que ha sido “dramática la manera en que ha aumentado” este gasto: entre 2009 y 2012 el total ejercido fue de 56 mil 922 millones de pesos, mientras que entre 2013 y 2017 fue de 318 mil 465 millones de pesos.
En la dispersión de recursos identificaron “un sesgo político“, pues “estos gastos aumentan en momentos electorales”. Por ejemplo, en 2011 los estados que más recibieron dinero eran gobernados por el PAN; en los próximos meses de este año, son los estados priistas los que recibirán más recursos.
Retomó el caso de Chihuahua, donde “el gobernador Javier Corral nos permitió ver de manera muy viva cómo se sufre, cómo suceden y cómo se utilizan estos convenios”.
Otro caso es el Estado de México, que aunque históricamente ha recibido más recursos que ninguno, en 2017 “no lo toca el recorte” que a otras entidades sí (como a Chihuahua) y esto coincide con la elección de gobernador; en 2011, con un gobierno federal del PAN, “le fue muy mal” al estado posiblemente porque no había una simpatía política. La gráfica muestra cómo ha sido beneficiado tras la llegada de Peña a la Presidencia:
Otra “situación dramática” que apuntó es el caso de Nuevo León, que hasta 2015 estuvo gobernado por el PRI, tras lo cual obtuvo menos recursos:
En su estudio denominado “Arquitectura del Ramo 23“, México Evalúa expuso: “México no cuenta con la arquitectura institucional para que las asignaciones de gasto en el ejercicio se orienten a los objetivos de política pública. Todo esto repercute negativamente en la calidad del gasto. Se observa que algunos conceptos y rubros de gasto que podrían clasificarse como “no prioritarios” han aumentado consistentemente, y recurrentemente gastan más de lo que el Congreso les aprobó. Un ejemplo de esto: en el periodo 2013-2017 el gasto en servicios de traslado y viáticos presentó un sobrejercicio de 57% (por un monto de 22.7 mil millones de pesos), mientras que en el gasto en comunicación social el sobrejercicio fue de 160% (equivalente a 21 mil millones de pesos en el periodo). Una situación similar se observó en las partidas presupuestarias “aguinaldo o gratificación de fin de año” y “subcontratación de servicios con terceros del Gobierno federal”, cuyo sobrejercicio en el periodo 2013-2017 fue de 26% y 109%, respectivamente. El sobrejercicio total de estas dos partidas fue de 64.5 mil millones de pesos en el mismo periodo”.
Las Provisiones salariales y económicas o Ramo 23 es un instrumento de política presupuestaria para atender las obligaciones del Gobierno Federal, cuyas asignaciones no corresponden al gasto directo de las Secretarías o sus entidades; tiene como uno de sus objetivos otorgar recursos a entidades federativas y municipios a través de fondos específicos.
El estudio apunta que “más del 80% del sobrejercicio de la partida subsidios a entidades federativas y municipios entre 2013 y 2017 se erogó a través de tres programas de subsidios del Ramo 23 que son transferencias directas a gobiernos locales: Fondo para el Fortalecimiento Financiero (Fortafin), Programas Regionales, y Contingencias Económicas. Se trata de una bolsa millonaria de recursos cuya asignación queda a criterio exclusivo de la SHCP; sin reglas de operación, sin diseño ni normatividad, esta secretaría decide a quién otorgarle recursos, por qué, cuánto y cuándo”.
En ese sentido, señala que “los programas de subsidios discrecionales constituyen una mala práctica. A fin de promover la persecución de un fin legítimo para el interés público, la entrega de subsidios debe obedecer a una intervención diseñada en leyes y reglas de operación, con mecanismos adecuados para resolver un problema o necesidad correctamente identificados. Idealmente, el objetivo del subsidio debe estar alineado con objetivos de política pública -como los inscritos en el Plan Nacional de Desarrollo-. De otra forma, estos programas son proclives a un uso político, contexto en el que se convierten en un poderoso instrumento para premiar y castigar gobiernos“.
Los sobreejercicios con la “caja negra” son una constante: “La Cámara de Diputados aprobó que el Gobierno federal gastara 6 mil 487 millones de pesos en estos programas, pero en la práctica el gasto fue de 58 mil 545 millones de pesos. Es decir, el Gobierno federal gastó nueve veces más que lo aprobado por el Congreso”. Lo mismo ha ocurrido en años anteriores, como muestra esta gráfica:
Al revisar la entrega de transferencias discrecionales del Ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas” a los gobiernos estatales, durante los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, se detectaron dos escenarios: “El primer escenario corresponde con años regulares, sin elección federal en puerta. En estos, se observaron comportamientos distintos en las dos administraciones: la administración anterior privilegió con mayores transferencias a los estados con gobernantes emanados del mismo partido, por encima de los estados gobernados por la oposición. En cambio, la administración actual ha mostrado una diversidad de comportamientos, e incluso, el monto de transferencias fue mayor para los gobernadores de oposición. Lo anterior también puede obedecer a un comportamiento racional: los recursos discrecionales pueden tener utilidad para ganar simpatizantes, algo que debe considerarse cuando se busca aprobar reformas transformadoras. En esos casos puede ser valioso ganar aliados al apoyar gobiernos políticamente relacionados con los opositores”.
Información de: Aristegui Noticias
