EN RELACIÓN A LOS FONDOS DEL RAMO 33

• Eficiencia, eficacia y transparencia en la administración de recursos públicos, son algunos de los objetivos que tienen
las reformas propuesta.

• El diputado federal propone que los fondos sean ejercidos en tiempo y forma para no impactar negativamente a los
ciudadanos.

(CIUDAD DE MÉXICO, 28 de abril de 2016).- El Diputado Javier Guerrero García presentó la Iniciativa con proyecto de de-
creto que reforma los artículos 25, 53 y 54 de la Ley de Coordinación Fiscal, esto a fin de evitar subejercicios y establecer
que los recursos de los Fondos que componen el Ramo 33 sean devengados a más tardar el 31 de diciembre del año fiscal
además de crear un Comité Técnico de Evaluación que darán seguimiento, al destino de estos recursos, así como generar
estrategias para mejorar su distribución.

“La trascendencia e importancia del ramo 33 y los fondos que lo componen, va más allá de su peso presupuestal en las en-
tidades federativas y los municipios: la importancia real es su impacto en los ciudadanos. Si los fondos no son ejercidos en
tiempo y forma, el impacto negativo es sobre la ciudadanía que espera respuestas a sus demandas y necesidades”, señaló
Guerrero García, quien preside la Comisión de Desarrollo Social en la Cámara de Diputados.

Guerrero mencionó que urge impulsar una cultura de evaluación del ramo para aportar elementos que retroalimenten de
forma sistemática las políticas y estrategias de cada Fondo que compone el Ramo 33.

“Propongo esta iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona la a ley de Coordinación fiscal, para responder a
esta problemática y a lo señalado en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en cuanto
a que los recursos económicos de que dispongan la Federación, entidades federativas, los municipios y las demarcaciones
territoriales de la Ciudad México, se administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer
los objetivos a los que están destinados.”

Esta iniciativa que presenta propuestas al marco jurídico en la Ley de Coordinación Fiscal, pretende dar a los ciudadanos
transparencia en el uso de los recursos con los que cuenta nuestra nación.

La Auditoría Superior de la Federación ha sido la instancia que más conoce el funcionamiento de los Fondos, y ha generado
diversas recomendaciones en los Informes de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública. En el Informe de
la Cuenta Pública 2014 hace las siguientes observaciones:

– Se debe generar un catálogo de acciones que se ajuste a los rubros establecidos en la LCF y que se conceptualice cada
una de las acciones contenidas en un glosario de términos, con el fin de que sea claro y favorezca la correcta aplicación
de los recursos del FISM-DF;

– Es necesaria una metodología que permita evaluar la efectividad del uso de los recursos, respecto del mejoramiento
de los indicadores de situación de pobreza y rezago social, para aquellos municipios de nueva creación que, por falta de
información estadística oficial, no cuentan con un informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social;

– Es necesaria una metodología para medir el impacto directo de los proyectos presentados al Comité de revisión de
proyectos especiales en la disminución de las carencias sociales y de la pobreza multidimensional; asimismo, determinar
criterios para que los que tengan una opinión favorable, se encuentren dentro de los rubros que establece la LCF;

#juntospodemos

– Incorporar explícitamente la obligación de cumplir con el principio de anualidad en el ejercicio de los recursos;

– Que el CONEVAL formule una propuesta metodológica para la realización de las evaluaciones externas de los fondos y
programas del gasto federalizado, y

– Que las dependencias federales coordinadoras de los fondos y programas diseñen e implementen una estrategia para

impulsar el desarrollo de la práctica de las evaluaciones previstas por la normativa.

El Diputado Jesús Zambrano, Presidente de la mesa directiva de la H. Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura turnó esta
iniciativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para los efectos conducentes.