Luego de establecer un nuevo protocolo de seguridad con el fin de limitar las protestas callejeras en Argentina, el gobierno de Javier Milei anunció, este lunes 18 de diciembre, que retirará la ayuda social a quienes interrumpan vías de circulación durante las manifestaciones.
“Los únicos que no van a cobrar el plan (social) son los que vayan a la marcha y corten la calle. Ya lo dijo el presidente: ‘El que corta no cobra’”, expresó la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, a través de un anuncio difundido por las redes sociales.
Esta advertencia es parte del plan de Milei para el control de protestas callejeras. También incluye una auditoría a las organizaciones de desempleados en un intento de acotar su poder de movilización.
El nuevo protocolo de seguridad contempla, además, que las fuerzas federales puedan actuar sin autorización de un juez para desalojar a los manifestantes que interrumpan vías de circulación vehicular como calles, carreteras, autopistas y puentes.
El anuncio de Pettovello, responsable de una nueva estructura que absorbió los exministerios de Desarrollo Social, Trabajo, Educación y Cultura, se dio a conocer dos días antes de una multitudinaria movilización convocada por organizaciones de desocupados, conocidos popularmente como “piqueteros”, para el miércoles, justo al cumplirse un nuevo aniversario del estallido social de 2001, que dejó decenas de muertos por la represión policial.
“A los beneficiarios de planes sociales: sepan que nadie puede obligarlos a ir a una marcha bajo amenaza de quitarles el plan”, señaló la funcionaria y adelantó que se auditará “a todas las organizaciones que entreguen planes sociales” y que se hará un proceso “para eliminar la intermediación”.
Su cartera habilitó una línea telefónica para denuncias contra las organizaciones sociales en estos casos.
Las organizaciones “piqueteras” tienen un enorme poder de movilización que sostenían hasta ahora al funcionar como intermediarios entre el Estado y los desempleados en la distribución de esos planes.
En contraste con la retirada de ayudas a quienes corten la vía publica como protesta, la ministra aseguró que se aumentarán los montos del apoyo social para mitigar el impacto del plan de ajuste en los sectores más vulnerables de la población.
“Manifestarse es un derecho, pero también lo es el derecho de las personas a circular libremente por el territorio argentino para dirigirse al lugar de trabajo”, resaltó Pettovello. “Todos aquellos que promuevan, instiguen, organicen o participen de los cortes, perderán todo tipo de diálogo con el Ministerio de Capital Humano”.
Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, una de las organizaciones de desocupados con mayor poder de movilización en Buenos Aires, cuestionó que “las amenazas de Pettovello se suman a las de (Patricia) Bulrrich (ministra de Seguridad) contra el derecho a la protesta”.
“Quieren un ajustazo (sic) brutal contra el pueblo y reprimir a los que se quejan”, acotó. “Con una inflación del 60 por ciento mensual, el plan desaparecerá en dos meses”.
El líder social ratificó la movilización del miércoles desde el Congreso a la histórica Plaza de Mayo.
El control de las protestas va a la par con el plan de ajuste anunciado por el ministro de Economía, Luis Caputo, que incluye una devaluación de más de 50 por ciento del peso argentino, reducción de subsidios a transporte públicos y energía, despido de empleados públicos y suspensión de obra pública, con el objetivo de reducir cinco puntos del déficit fiscal.
Con miras a aliviar el impacto de la “estanflación” que tendrá el recorte, según prevé Milei, el gobierno aumentará la ayuda social para los sectores vulnerables que vienen castigados en los últimos años por el aumento del costo de vida, que se proyecta subirá más de 180 por ciento en 2023.
“Vamos a acompañar a los más vulnerables en esta difícil situación que dejó el gobierno que se acaba de ir, por eso duplicaremos la Asignación Universal por Hijo (AUH) y aumentar en un 50 por ciento la Tarjeta Alimentar”, destacó Pettovello. “Estamos trabajando para que todos los ciudadanos puedan recuperar el trabajo, la autonomía y por ende la libertad”.
La asignación por hijo es un apoyo que cobran las familias sin trabajo por cada descendiente menor de 18 años equivalente a 22 dólares al mes por cada hijo. La tarjeta Alimentar, que surgió durante el confinamiento por la pandemia de COVID y se ha mantenido hasta ahora, es un programa alimentario dirigido a beneficiarios de planes sociales.
Información de: El Financiero
