Tras casi un año y medio en prisión, el exsenador del PAN Jorge Lavalle podrá seguir en libertad el juicio en su contra por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho. Un juez federal concedió este miércoles por motivos de salud la libertad condicional al, por ahora, único político procesado por el caso Lozoya, la ramificación mexicana de la trama de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht. El exdirector de Pemex Emilio Lozoya, sobre el que gravita el caso, acusó a Lavalle, junto a otro puñado de parlamentarios del partido conservador, de recibir sobornos millonarios a cambio de aprobar las reformas estructurales durante el mandato del expresidente del PRI Enrique Peña Nieto (2012-2018).
Lavalle saldrá en las próximas horas del Reclusorio Norte de Ciudad de México, pero tendrá que llevar un brazalete electrónico de seguimiento, no podrá salir del país y tendrá que presentarse mensualmente ante la unidad de medidas cautelares. La Fiscalía General de la República (FGR) le acusa de haber recibido sobornos por casi 100 millones de pesos. Lavalle ha sido señalado además por un testigo, Rafael Caraveo, técnico del Senado, que afirma que él mismo participó en la entrega de al menos 15 maletines con el dinero.
La defensa de Lavalle lamentó entonces que el juez solo hubiera considerado los testimonios de Lozoya y Caraveo. La baza de los abogados del exsenador sigue siendo las declaraciones exculpatorias de dos de los hombres más cercanos a Lozoya, quienes el exdirector de Pemex había acusado también de ser los encargados de recibir y repartir el dinero de los sobornos. Se trata de Rodrigo Arteaga Santoyo y Francisco Olascoaga Rodríguez, secretario particular y jefe del Departamento Administrativo del director de Pemex, cuyos testimonios, en los que ha negando las acusaciones, han sido parte de las casi 20 pruebas presentadas por la defensa.
La salida de prisión del exsenador panista supone otro palo en la rueda de la estrategia de Lozoya. El antiguo zar del petróleo fue detenido en febrero de 2020 acusado de orquestar los sobornos millonarios de Odebrecht. Para evitar la cárcel, Lozoya trató de amarrar un polémico acuerdo con la FGR que lo convirtiera en una especie de testigo/colaborador protegido. A cambio, lanzó una catarata de acusaciones contra lo más alto del último Gobierno priista, incluido el expresidente Enrique Peña Nieto, a quien acusó junto a su mano de derecha, el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, de ser los cerebros de la trama corrupta.
Ante la inconsistencia de las pruebas, Lozoya entró en prisión de modo preventivo en noviembre del año pasado y tiene cada vez más cerca la apertura de un juicio sobre unas acusaciones que alcanzan los 39 años de prisión. Su defensa trabaja contrarreloj con el objetivo de lograr un nuevo acuerdo y, a cambio de declararse culpable, que enfrente unas penas mucho más reducidas. Sus abogados han llegado a poner encima de la mesa 20 millones de dólares en concepto de indemnización para las dos causas que tiene abiertas.
Información de: El País
