Un juez ha absuelto a José Luis Abarca del secuestro de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014. Alcalde del municipio en el momento del ataque contra los estudiantes, detenido en noviembre de ese mismo año, seguirá en prisión. La Fiscalía acusa a Abarca, cuadro emergente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en aquella época en Guerrero, de al menos dos asesinatos, además de ser parte de la red criminal de la región. En total, el viejo político enfrenta otros tres procesos judiciales.
El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, encargado de la comisión presidencial que investiga el caso Ayotzinapa, ha publicado un par de mensajes en Twitter, criticando la absolución. “El juez de Tamaulipas Samuel Ventura Ramos, quien liberó a 77 presuntos perpetradores implicados en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, hoy absolvió a José Luis Abarca, uno de los principales involucrados en la desaparición de los muchachos. La Fiscalía tiene elementos suficientes para apelar este desafortunado acto de impunidad”, ha escrito.
En el informe de comisión, presentado en agosto, se dedicaba un apartado especial a los jueces que han visto los procesos por el ataque contra los estudiantes estos años. El documento critica la dispersión de procesos, estableciendo así “criterios diferenciados y discrecionales de los jueces en la interpretación de los hechos”. Del juez Ventura Ramos, además de la liberación de los 77 por supuesta tortura, se dice: “Ha restado valor a las escuchas que hizo la DEA en Chicago”, en referencia a la investigación de la agencia antidrogas de Estados Unidos de la red criminal de Iguala.
Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda, protagonizaron una de las primeras detenciones mediáticas del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) en el contexto de las pesquisas por el caso Ayotzinapa. Ya entonces, los investigadores consideraban que el alcalde de Iguala estaba detrás del ataque contra los estudiantes normalistas, de ahí la acusación de secuestro. La duda ahora es si la actual administración de la Fiscalía apelará, como pide Encinas, o si presentará una nueva acusación, por el homicidio o la desaparición forzada de los muchachos.
Pese a todo, la liberación de Abarca no aparece como una posibilidad cercana. Además del secuestro de los 43, la vieja Fiscalía le acusaba del asesinato, en 2013, de dos líderes sociales de la región de Iguala, Arturo Hernández Cardona y Justino Carvajal Salgado. La dependencia señalaba también la relación de Abarca con el grupo criminal Guerreros Unidos, que había operado sobre el terreno la desaparición de los 43. Por este último asunto, la Fiscalía le acusó de delincuencia organizada.
Abarca y Pineda quedaron presos entonces y no han vuelto a salir a la calle. En aquella época, una de las primeras hipótesis del ataque apuntaba a la política local. El 26 de septiembre, los estudiantes llegaron a Iguala a tomar autobuses para trasladarse días más tarde a Ciudad de México y participar en las marchas conmemorativa del 2 de octubre. Ocurrió, sin embargo, que la llegada del contingente estudiantil a Iguala coincidió con un acto político de Pineda, que preparaba su asalto a la presidencia municipal.
En esta lógica, el ataque de Guerreros Unidos, en cuya estructura figuraban familiares de Pineda, respondía al presunto boicoteo de los estudiantes. Esta hipótesis ha perdido fuerza con los años, sin embargo. Recientemente, la comisión que investiga el caso Ayotzinapa la descartó totalmente y señaló que la teoría más creíble era que Iguala era un polo logístico importante para el tráfico de drogas en la época. Y los autobuses, parte esencial de la logística.
En su informe sobre el caso, la comisión señaló a Abarca como responsable del destino de los estudiantes. En el documento se establece: “A1 dio la orden de recuperar la mercancía: ‘me chingan a todos a discreción”. A1, dijo el subsecretario Encinas, es José Luis Abarca. Según el informe, Abarca mandó mensajes como el anterior o este último: “Mátalos a todos, Iguala es mío”. El informe, que califica de crimen de Estado el ataque, concluye que no hay motivos para pensar que los estudiantes sigan con vida.
Información de: el País
