La carta de antecedentes no penales podría ya no ser un obstáculo para quienes buscan un trabajo en México. El Senado de la República aprobó este martes reformar la Ley Federal del Trabajo para que, de ahora en adelante, los empleadores tengan prohibido solicitar o exigir estas famosas constancias a quienes aspiren a tener un empleo en el país.
La medida fue aprobada en el pleno de la Cámara Alta, con 69 votos a favor de las y los legisladores, quienes avalaron que los patrones o sus representantes no pueden negarse a aceptar empleados que anteriormente hayan estado en la cárcel.
¿Qué propone el Senado sobre la constancia de no penales?
En la sesión, se propuso modificar la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado B) del artículo 123 Constitucional, en el que se detallan los derechos y obligaciones de los trabajadores y de los titulares.
La finalidad, según explicaron los senadores, es evitar la discriminación por razones de género, edad, discapacidad, origen étnico, condición social, salud, religión, preferencias sexuales, estado civil o antecedentes penales, para ingresar, permanecer o ascender en los puestos de trabajo.
Cabe aclarar que la única excepción a estas reformas serán los supuestos establecidos por el artículo 27 fracción IV de la Ley Nacional de Ejecución Penal, donde se establece que las instituciones de seguridad pública o privada seguirán solicitando este documento en sus procesos de contratación.
¿Por qué se busca prohibir la carta de antecedentes no penales?
Al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Napoleón Gómez Urrutia, dijo que “el proyecto está encaminado a impulsar una verdadera oportunidad de reinserción social para las personas que hayan cometido algún delito”.
El senador afirmó que quienes salen de prisión no solo se enfrentan al escrutinio público, sino también a la falta de oportunidades laborales para reintegrarse a la sociedad.
“Ven truncada sus oportunidades para acceder a un empleo digno, lo que ocasiona que solo tengan acceso a empleos precarizados, por lo que podrían recaer en actos delictivos”, declaró.
A la discusión también se sumó la senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado, del PT, quien aclaró que si bien, esta medida representa un avance para la iniciativa privada, en el caso de la administración pública resulta peligroso, pues se corre el riesgo de incluir a funcionarios corruptos.
El proyecto de reforma para eliminar la carta de antecedentes no penales como requisito laboral pasó al pleno de la Cámara de Diputados, donde aún debe ser analizada y discutida.
