El “Guacamaya-leak” estalló el 30 de septiembre con informaciones inéditas sobre la salud del presidente Andrés Manuel López Obrador, como cuando el mandatario de 68 años tuvo que ser trasladado de urgencia desde su rancho en Chiapas (sur) a un hospital militar de la capital el 2 de enero por un problema cardiáco.

“Hubo un ataque cibernético, un robo de información”, reconoció el mandatario el mismo 30 de septiembre, cuando confirmó además las versiones sobre su salud.

Diputados pisdieropn al secretario de Defensa, Luis Cresencio Sandoval, a comparecer en el Legislativo para que explique este escándalo, pero el jefe del Ejército se negó a realizar el encuentro.

Apenas en septiembre, Morena, con ayuda del PRI, logró aprobar en la Cámara de Diputados una reforma que prolonga la participación del Ejército en tareas de seguridad hasta 2028, pese a la preocupación de víctimas de excesos militares y promotores de derechos humanos.

La reforma constitucional consolida el protagonismo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha otorgado a las fuerzas armadas, confiándoles la seguridad pública pero también labores como la construcción de multimillonarias obras de infraestructura.

Esta alianza cívico-militar preocupa a defensores de víctimas como Vidulfo Rosales, abogado de familiares de los 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa, cuya desaparición forzada en septiembre de 2014 constituye uno de los crímenes más atroces de la historia mexicana reciente.